Los dos sismos que golpearon Venezuela el 26 de junio de 2026 han puesto de manifiesto una combinación de factores geológicos, normativos y socioeconómicos que convierten a la región en un escenario de alto riesgo. Aunque el conteo oficial de fallecidos alcanzó 1719 personas, expertos como Ilan Kelman y Emily So advierten que la cifra real podría multiplicarse varias veces en las próximas semanas, debido a la lentitud en la recuperación de cuerpos y al colapso del sistema de salud.
Venezuela se encuentra en una zona de convergencia tectónica entre las placas del Caribe y Sudamérica, donde la falla de Boconó y el sistema de fallas de La Guaira generan actividad sísmica recurrente. Históricamente, el país ha registrado eventos de magnitud superior a 6,0 cada dos o tres décadas, pero la ausencia de actualizaciones en los códigos de construcción desde 1998 ha dejado a millones de estructuras vulnerables.
Normas de edificación obsoletas y hormigón frágil
Los ingenieros estructurales consultados coinciden en que la mayoría de los edificios que colapsaron carecían del refuerzo de acero exigido por estándares internacionales. En el estado de La Guaira, donde la densidad de población supera los 400 habitantes por kilómetro cuadrado, muchos inmuebles de hormigón armado construidos entre 1960 y 1990 utilizan mezclas con resistencia inferior a 15 MPa. Esta fragilidad explica por qué sismos de magnitud 6,8 y 6,4 produjeron derrumbes totales que en otros países, como Chile en 2010, apenas causaron daños superficiales.
El caso de Haití en 2010 ofrece un paralelo directo: tras un sismo de magnitud 7,0, más de 220.000 personas murieron en gran medida por fallas similares en la construcción. Venezuela, sin embargo, enfrenta un agravante adicional: la crisis económica que desde 2014 ha reducido la capacidad de fiscalización de obras y ha provocado una fuga masiva de ingenieros calificados.
Impacto en el sistema de salud y rescate
La respuesta inicial se vio obstaculizada por la falta de maquinaria pesada y el estado del sistema sanitario. Hospitales en La Guaira operaban con menos del 40 % de su capacidad antes del desastre, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Esto implica que muchas víctimas con lesiones graves fallecerán días o semanas después por falta de atención especializada, elevando la mortalidad indirecta.
Además, el tráfico en la autopista principal hacia la zona afectada retrasó la llegada de equipos internacionales. En contraste con la respuesta coordinada tras el terremoto de Turquía-Siria de 2023, donde se desplegaron más de 10.000 rescatistas en 48 horas, Venezuela recibió apoyo limitado debido a restricciones logísticas y diplomáticas.
Consecuencias económicas y sociales a largo plazo
La reconstrucción exigirá inversiones que el país difícilmente puede afrontar. Estimaciones preliminares del Banco Mundial sitúan el costo en al menos 8.000 millones de dólares, equivalentes al 15 % del PIB proyectado para 2026. Esta carga agravará la ya severa inflación y la escasez de materiales, prolongando el desplazamiento de decenas de miles de familias.
En el plano social, el aumento de víctimas podría intensificar la migración hacia Colombia y Brasil. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que cada incremento de mil fallecidos genera entre 3.000 y 5.000 desplazados adicionales que buscan atención médica y vivienda fuera del país. Esto añade presión a los sistemas de acogida regionales ya saturados.
Lecciones para la gestión de desastres en zonas sísmicas
El profesor Kelman subraya que el conocimiento técnico para construir de forma resiliente existe desde hace décadas. Países como Japón y Nueva Zelanda han demostrado que normas estrictas de ductilidad y revisiones periódicas reducen la mortalidad a niveles cercanos a cero incluso en eventos de magnitud superior a 7,0. Venezuela ilustra el costo humano de postergar estas reformas.
A nivel regional, el evento podría acelerar la creación de un fondo latinoamericano de respuesta sísmica que incluya protocolos compartidos de evaluación estructural. Sin embargo, la efectividad de cualquier iniciativa dependerá de la voluntad política para actualizar códigos y fiscalizar su cumplimiento, algo que hasta ahora ha estado ausente en gran parte de América Latina.
El recuento final de víctimas, que podría superar las 10.000 según proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, servirá como indicador del verdadero alcance de la vulnerabilidad acumulada. Mientras tanto, la prioridad inmediata sigue siendo la localización de desaparecidos y la estabilización de estructuras que aún amenazan con colapsar durante réplicas.
