El fenómeno que se describe en Tijuana no surgió de la noche a la mañana. Desde 2022 la entidad registra un incremento sostenido de denuncias por extorsión, con un pico de 173 carpetas en ese año según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado. La violencia asociada a estos cobros ilegales incluyó incendios de locales comerciales y vehículos entre mayo y junio de 2025, actos atribuidos inicialmente a células del Cártel Jalisco Nueva Generación en alianza con remanentes del Cártel Arellano Félix. Las víctimas, en su mayoría pequeños comerciantes de colonias periféricas, enfrentaron una doble presión: el “piso” exigido por grupos criminales y las “mordidas” solicitadas por inspectores municipales.
Cronología de la convergencia
Entre octubre de 2025 y febrero de 2026 los pagos seguían realizándose por separado. Los comerciantes entregaban entre mil y ocho mil pesos mensuales a funcionarios de Reglamentos y otras dependencias, mientras que simultáneamente cubrían cuotas similares a integrantes de cárteles. La información recabada por representantes empresariales indica que, a partir de marzo de 2026, las víctimas recibieron la orden de unificar ambos cobros bajo un solo intermediario: un hombre que llegaba en taxi de plataforma con portafolio. Esta coordinación redujo fricciones entre los dos grupos de extorsionadores y elevó la eficiencia del cobro, al tiempo que incrementó el riesgo para quienes intentaran denunciar.
Los casos de Leonel Almazán Clemente y Julio César Castillo Saínz ilustran la impunidad que precede a esta fusión. Ambos empresarios fueron asesinados en 2025; las carpetas correspondientes permanecen sin avances significativos un año después. Las tres órdenes de aprehensión dictadas contra presuntos responsables del segundo homicidio nunca se ejecutaron. Esta falta de resultados judiciales erosionó la confianza de la ciudadanía y facilitó que el modelo de recaudación unificada se consolidara sin resistencia organizada.
Impacto económico regional
Los yonkeros de Tijuana, aproximadamente 370 establecimientos entre formales e informales, calculan que entre mayo de 2025 y junio de 2026 el crimen organizado obtuvo entre tres y cuatro millones de dólares solo de ese sector. Extrapolando estos datos a nivel nacional, el presidente de Concanaco-Servytur estima que la extorsión podría representar entre 0.4 % y 1 % del PIB, es decir entre 105 mil y 350 mil millones de pesos anuales. Este costo no se limita a la transferencia directa de recursos: genera cierre de negocios, reducción de inversión y desplazamiento de capital hacia zonas con menor incidencia delictiva.
En Ensenada el sector pesquero enfrenta cuotas por pieza de langosta y por kilo de camarón. Varios empresarios han optado por abandonar plantas o resolver el problema mediante pago silencioso, lo que reduce la transparencia fiscal y distorsiona los registros de producción. La ausencia de denuncias impide dimensionar el verdadero alcance del fenómeno y debilita la capacidad de las autoridades para diseñar respuestas focalizadas.
Efectos sobre la gobernabilidad
La unificación de cobradores bajo un mismo operador materializa lo que diversos analistas denominan narcogobierno: la captura parcial de funciones estatales por estructuras criminales. Cuando un recaudador externo asume la tarea de percibir recursos que antes correspondían tanto al Ayuntamiento como a los cárteles, se difumina la línea entre autoridad legítima y poder ilícito. Esta situación debilita el monopolio del Estado sobre la coerción y la recaudación, y genera incentivos para que funcionarios corruptos profundicen su alianza con grupos delictivos.
La reforma a la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada en diciembre de 2025, elevó las penas hasta 42 años y eliminó la necesidad de denuncia para perseguir el delito de oficio. Sin embargo, la efectividad de esta norma depende de que las carpetas se inicien correctamente y de que las detenciones se judicialicen bajo el nuevo marco. Hasta mayo de 2026 solo el 23 % de las 568 denuncias registradas desde 2021 habían derivado en juicios, y apenas 11 carpetas habían obtenido sentencia condenatoria.
Consecuencias sociales y de largo plazo
El miedo a represalias ha generado una “psicosis” que reduce drásticamente las denuncias. En Tecate, a pesar de 15 llamadas de extorsión telefónica en un mes reciente, no se han presentado quejas formales por cobro presencial. Esta subregistro impide que las políticas públicas se ajusten a la realidad y perpetúa un círculo vicioso: menos denuncias, menos investigaciones, mayor impunidad.
A nivel nacional, la designación de cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos podría complicar aún más la situación de los comerciantes que ya pagan extorsión. Al incluir a quienes entregan recursos en la categoría de financiadores del terrorismo, se corre el riesgo de criminalizar a víctimas que actúan bajo coacción. Esta paradoja amenaza con aislar aún más a los sectores productivos afectados y dificultar su acceso a créditos o seguros.
En el mediano plazo, la normalización del cobro unificado podría extenderse a otras entidades del noroeste mexicano. Los consejos ciudadanos de seguridad de Rosarito, Mexicali y Ensenada ya reportan patrones similares de extorsión telefónica y presencial. Si no se restaura la capacidad del Estado para proteger a denunciantes y ejecutar sentencias, el modelo de recaudación criminal podría consolidarse como una estructura paralela de tributación que erosione la legitimidad institucional y la competitividad regional.
