Los dos sismos registrados el 24 de junio en el estado Yaracuy, con magnitudes de 7,2 y 7,5, han dejado hasta ahora 1450 fallecidos, 3150 heridos y 12 700 desplazados, según el informe oficial entregado el domingo por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Los epicentros se ubicaron cerca de San Felipe y generaron réplicas que superan ya las 430. La secuencia de dos eventos en menos de un minuto, conocida como doblete tectónico entre las placas Caribe y Sudamericana, combinada con una profundidad menor a los 30 kilómetros, multiplicó la energía liberada en superficie y provocó el colapso de edificaciones de mampostería sin refuerzo en Yaracuy, Carabobo, Aragua y La Guaira.
Las labores de rescate, ya en su cuarto día, operan bajo la ventana crítica de 72 horas. Equipos de 24 países, entre ellos unidades especializadas de Chile, México, España y Estados Unidos, han rescatado 276 personas hasta el sábado. Sin embargo, la congestión en la vía principal hacia La Guaira obligó a restringir el acceso a vehículos oficiales, retrasando la llegada de maquinaria pesada y generadores.
Efectos sobre la infraestructura sanitaria ya debilitada
Trece hospitales sufrieron daños estructurales. En La Guaira, uno de los centros más afectados funciona sin agua corriente y atiende pacientes en carpas improvisadas. La depresión económica de la última década había reducido ya la capacidad de camas y suministros; los sismos simplemente aceleraron el colapso. Datos preliminares del Ministerio de Salud indican que el 38 % de los heridos presenta fracturas complejas que requieren cirugía ortopédica, un procedimiento que muchos centros ya no pueden realizar por falta de implantes y anestesia.
Esta situación revela un patrón observado en desastres previos en países con sistemas sanitarios frágiles: la mortalidad secundaria por infecciones y falta de atención crónica supera a veces la causada directamente por el sismo. Venezuela, con su red hospitalaria operando al 35 % de capacidad antes del evento, enfrenta ahora un riesgo elevado de brotes de enfermedades diarreicas agudas entre la población desplazada.
La transición política como factor limitante de la respuesta
El gobierno de Delcy Rodríguez, designada por Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero, mantiene una popularidad del 25 %. Las arcas públicas siguen vacías y las exenciones a las sanciones petroleras aún no han atraído inversión significativa. En este contexto, la movilización de recursos internos resulta insuficiente. La decisión de enviar a un general de división de la Infantería de Marina de Estados Unidos para coordinar la ayuda militar estadounidense introduce una capa adicional de complejidad: la percepción interna de injerencia extranjera puede erosionar la legitimidad del Ejecutivo interino ante sectores que ya cuestionan su origen.
Un análisis comparativo con el terremoto de Haití de 2010 muestra que la llegada masiva de ayuda militar sin una estructura civil clara genera cuellos de botella logísticos y tensiones con autoridades locales. Venezuela repite ese riesgo: los equipos estadounidenses operan con barcos y helicópteros propios, mientras que los equipos latinoamericanos dependen de la limitada coordinación del gobierno de Rodríguez.
Perspectivas de los actores involucrados
Los residentes de La Guaira expresan desconfianza hacia las promesas de reconstrucción rápida, recordando que las promesas de inversión petrolera realizadas en febrero no se materializaron. Organizaciones humanitarias como UNICEF advierten que 680 000 niños requieren asistencia inmediata, pero temen que la politización de la ayuda desvíe recursos hacia zonas con mayor visibilidad mediática. Por su parte, el gobierno interino enfatiza que la llegada de 2741 socorristas extranjeros demuestra apertura internacional, aunque evita mencionar que gran parte del equipo pesado sigue retenido en aduanas por falta de combustible.
Desde el exterior, España y Suiza han priorizado el envío de equipos de búsqueda y rescate técnico, mientras Estados Unidos ha combinado ayuda humanitaria con presencia militar. Esta diferencia de enfoque refleja objetivos distintos: los países europeos buscan estabilizar la región para contener flujos migratorios, mientras que Washington busca consolidar el cambio de régimen a través de la demostración de capacidad operativa.
Tendencias de recuperación y riesgos estructurales
Las proyecciones a seis meses indican que la reconstrucción de viviendas en zonas de mampostería no reforzada requerirá al menos 18 meses si se aplican normas sísmicas básicas. Sin embargo, la escasez de acero y cemento, agravada por la falta de divisas, podría extender ese plazo a tres años. La experiencia de Chile tras el terremoto de 2010 demuestra que la reconstrucción exitosa depende de un fondo soberano alimentado por ingresos fiscales estables; Venezuela carece de ese mecanismo.
Un riesgo adicional es el posible aumento de la migración hacia Colombia y Brasil. Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados muestran que cada evento de gran escala en Venezuela ha elevado los flujos en un 22 % promedio durante los seis meses posteriores. Los sismos podrían añadir entre 80 000 y 120 000 desplazados transfronterizos si las condiciones de refugio temporal no mejoran antes de la temporada de lluvias.
La combinación de infraestructura vulnerable, transición política frágil y dependencia de ayuda externa configura un escenario donde la recuperación no será lineal. Las réplicas continuarán durante semanas y cada una representa una nueva carga para un sistema de respuesta ya saturado. La capacidad del gobierno interino para convertir la tragedia en un punto de inflexión dependerá menos de la magnitud de la ayuda recibida que de su habilidad para establecer mecanismos transparentes de distribución que generen confianza tanto interna como internacionalmente.
