Claudia Sheinbaum afirmó que los gobiernos estatales deben asumir su cuota de responsabilidad en materia de seguridad, en un contexto marcado por el asesinato de Patricia Negrete, madre buscadora de Guanajuato. La declaración se produjo durante su conferencia matutina del 1 de julio, cuando respondió a cuestionamientos sobre la protección federal a colectivos de búsqueda.
Coordinación con límites claros
La mandataria detalló que muchas buscadoras ya cuentan con medidas de protección tras solicitarlas y superar un análisis de riesgo. También mencionó apoyos de la Comisión de Víctimas. Sin embargo, subrayó que la seguridad implica responsabilidades compartidas: el gobierno federal coordina con las entidades, pero cada nivel debe hacerse cargo de su parte, independientemente del partido en el poder.
Este planteamiento revela una tensión estructural: mientras el Ejecutivo federal insiste en la corresponsabilidad, los estados como Guanajuato enfrentan críticas por la falta de resultados en casos de alto perfil. El asesinato de Negrete, ocurrido el 23 de junio frente al Hospital Regional de Pénjamo, ilustra la vulnerabilidad de quienes exigen justicia por desaparecidos.
El caso y su contexto
Negrete, integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, fue interceptada por hombres armados en motocicleta y ejecutada a balazos. No hay detenidos y la Fiscalía de Guanajuato lleva la investigación. Desde 2021 buscaba a su hermana desaparecida; al menos otras 12 buscadoras han sido asesinadas en el estado en seis años, sin que la mayoría de los casos se resuelvan.
Al derivar la rendición de cuentas a la fiscalía estatal, Sheinbaum deja claro que el avance de las pesquisas corresponde a las autoridades locales. Esta postura pone de relieve un patrón persistente: la violencia contra defensores de derechos humanos sigue concentrándose en entidades donde la coordinación entre niveles de gobierno muestra limitaciones operativas evidentes.
