La empresa Afinia identificó una nueva conexión irregular en el Discobar Guatapurí, ubicado en el barrio Blas de Lezo de Cartagena. El establecimiento, que ya había sido sancionado previamente por prácticas similares, registraba consumos oficiales de cero kilovatios hora mientras operaba con un uso estimado de 1.800 kWh mensuales, lo que equivale a unos dos millones de pesos colombianos en facturación no pagada. La detección se produjo durante operativos técnicos realizados por el equipo de la compañía en junio de 2026.
Las inspecciones confirmaron que el medidor había sido manipulado para ocultar el consumo real. Este tipo de intervenciones no solo genera pérdidas económicas directas para la empresa distribuidora, sino que también altera los balances de carga en la red local, incrementando la probabilidad de fallas en el suministro para usuarios cercanos. En la región Caribe, donde las altas temperaturas elevan la demanda de refrigeración y alumbrado nocturno, estas distorsiones pueden derivar en interrupciones más frecuentes durante picos de consumo.
Contexto histórico del fraude eléctrico en Bolívar
El caso del Discobar Guatapurí no es aislado. Desde la llegada de Afinia como operador en la zona, se ha registrado una serie de reconexiones ilegales en locales comerciales de alto consumo. Datos internos de la empresa muestran que el barrio Blas de Lezo concentra varios de estos incidentes recurrentes, vinculados a establecimientos que operan principalmente en horarios nocturnos. La manipulación de medidores y la instalación de derivaciones directas desde la red de media tensión se han convertido en patrones repetidos, según los reportes técnicos acumulados en los últimos años.
Esta situación refleja problemas estructurales más amplios en el departamento de Bolívar. La informalidad comercial, combinada con una cultura de pago fragmentada, ha permitido que algunos negocios mantengan operaciones sin asumir el costo real de la energía. Afinia ha señalado que la reincidencia suele estar asociada a la falta de sanciones efectivas o a la demora en los procesos administrativos que deberían impedir la reconexión.
Riesgos técnicos y de seguridad
Las conexiones clandestinas representan un riesgo tangible más allá de las pérdidas financieras. Los empalmes improvisados, frecuentemente realizados sin normas técnicas, elevan la posibilidad de cortocircuitos y sobrecargas. En un establecimiento como una discoteca, donde se concentra una gran cantidad de equipos de sonido, iluminación y climatización, estas instalaciones irregulares pueden derivar en incidentes de mayor gravedad, incluyendo incendios o daños a la infraestructura eléctrica del inmueble.
Además, el fraude afecta la calidad del servicio para el resto de usuarios. Cuando la red opera con cargas no contabilizadas, los transformadores y líneas de distribución trabajan por encima de su capacidad planificada, lo que acorta su vida útil y aumenta los costos de mantenimiento que, en última instancia, se distribuyen entre todos los clientes mediante tarifas ajustadas.
Respuesta institucional y canales de denuncia
Tras la intervención, Afinia reiteró su llamado a la legalidad dirigido tanto a usuarios residenciales como comerciales e industriales. La empresa enfatizó que las acciones de control continuarán en toda su área de cobertura y que los responsables enfrentarán medidas administrativas y judiciales. Entre los mecanismos disponibles para reportar irregularidades se encuentran la línea 115, la aplicación AfiniApp, la asistente virtual Alix y la línea 123 de la Policía Nacional. También existe un canal confidencial para denunciar posibles irregularidades cometidas por personal de la compañía.
La compañía ha indicado que el objetivo de estos operativos no se limita a la recuperación de recursos, sino que busca establecer condiciones de equidad en el acceso al servicio eléctrico. Establecimientos que consumen volúmenes significativos de energía, como discotecas o centros comerciales, representan un segmento particularmente sensible, ya que su demanda sostenida puede amplificar el impacto de cualquier anomalía en la medición.
La persistencia del fraude eléctrico en Cartagena obliga a considerar medidas complementarias, como la instalación de medidores con mayor resistencia a manipulaciones y el cruce sistemático de datos de consumo con patrones de actividad comercial. Estas acciones, aunque requieren inversión inicial, podrían reducir la reincidencia a mediano plazo y contribuir a una distribución más estable del servicio en la región.
