A treinta años de la Ley 24.557, el sistema argentino de riesgos del trabajo exhibe una mejora sostenida en los indicadores de accidentabilidad y mortalidad, pero enfrenta una tensión creciente por el volumen de litigios que no se detiene. Los datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) muestran que en 2025 se registraron 358.573 accidentes y enfermedades profesionales, mientras que en el primer cuatrimestre de 2026 ya se acumularon 39.687 nuevos juicios, un 2,3 % más que en igual período del año anterior. Esta divergencia entre la realidad física del trabajo y su judicialización constituye el núcleo de la paradoja que amenaza la sostenibilidad financiera del esquema.
Impacto en la asignación de recursos
La judicialización elevada desvía fondos que, según estimaciones de la UART, deberían destinarse a prevención y atención médica inmediata. Cada nuevo juicio genera costos adicionales en honorarios periciales, tiempos procesales y reservas técnicas que las ART deben constituir, reduciendo el margen disponible para invertir en capacitación y tecnología de seguridad. En provincias como Santa Fe, donde los juicios crecieron 24,9 % interanual en abril de 2026, esta presión se vuelve especialmente visible: el aumento de 6.535 causas en el primer cuatrimestre obliga a las aseguradoras a recalcular primas y a endurecer condiciones para empleadores de sectores de mayor riesgo.
Los empleadores enfrentan primas más altas y menor previsibilidad, lo que afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas que operan con márgenes ajustados. Los trabajadores, por su parte, perciben que el sistema sigue ofreciendo cobertura médica ilimitada hasta el alta, pero observan que los tiempos de resolución judicial pueden extenderse años cuando el trámite pasa de las comisiones médicas a los tribunales. Esta percepción alimenta un círculo donde la opción judicial aparece como la vía más segura para obtener compensaciones adicionales, aun cuando los datos muestran una reducción histórica de accidentes evitados y vidas salvadas.
Tres tensiones estructurales
La primera tensión radica en la brecha entre el procedimiento administrativo previsto por la Ley 27.348 y la posterior revisión judicial. Las comisiones médicas fueron diseñadas para resolver de forma técnica y rápida los casos sin incapacidad real significativa; sin embargo, la posibilidad de apelar genera incentivos para iniciar acciones aun cuando la diferencia técnica sea menor. Esta dinámica multiplica los expedientes sin que se corresponda con un aumento proporcional de incapacidades permanentes.
La segunda tensión aparece en la comparación internacional. Países como España y Chile mantienen niveles de litigiosidad mucho más bajos con estándares prestacionales similares. El modelo argentino combina altos niveles de cobertura con un sistema judicial que premia la presentación de demandas, generando un desequilibrio que no se observa en sistemas donde la instancia administrativa tiene mayor peso vinculante.
La tercera tensión se vincula con la distribución territorial. Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires concentran los mayores incrementos, lo que sugiere que factores locales —reformas procesales pendientes, prácticas de estudios jurídicos o criterios jurisprudenciales— amplifican el fenómeno más allá de las condiciones generales del mercado laboral.
Perspectivas de los actores
Desde la perspectiva de las ART, la reforma del Código Procesal Laboral santafesino —que reduce el plazo de caducidad a 90 días y crea cuerpos médicos forenses— representa un avance necesario para restaurar equilibrio. Los empleadores valoran la mayor previsibilidad que estas medidas podrían aportar, aunque advierten que su efectividad dependerá de una aplicación uniforme. Los trabajadores y sus representantes, en cambio, expresan preocupación por que plazos más cortos limiten el acceso a instancias de revisión cuando existan discrepancias médicas genuinas.
El gobierno provincial de Santa Fe, al impulsar la reforma, busca reducir la carga sobre el fuero laboral y mejorar el clima de inversión. Sin embargo, la medida genera debate sobre el equilibrio entre celeridad procesal y derecho de defensa, un punto que probablemente será objeto de futuras impugnaciones constitucionales.
Escenarios futuros y riesgos
Si la litigiosidad continúa en ascenso, el sistema enfrentará dos riesgos principales. El primero es el aumento progresivo de las primas, que podría desplazar a empleadores hacia la informalidad o la contratación precaria. El segundo es la erosión de la capacidad preventiva: recursos destinados a juicios reducen el presupuesto disponible para programas de capacitación y equipamiento, debilitando el círculo virtuoso que la UART describe como logro central de los últimos treinta años.
En el mediano plazo, la digitalización, el teletrabajo y la robotización modificarán los perfiles de riesgo. Un sistema que no logre alinear incentivos judiciales con criterios técnicos uniformes tendrá dificultades para adaptarse a estas transformaciones. La experiencia de Santa Fe sugiere que reformas procesales locales pueden servir de laboratorio, pero su replicación nacional requerirá consenso entre actores que hoy mantienen visiones divergentes sobre el equilibrio deseable entre reparación rápida y control de costos.
El desafío inmediato consiste en aplicar con consistencia las herramientas existentes —criterios médicos uniformes, límites a honorarios periciales y fortalecimiento de las comisiones médicas— antes de que la paradoja actual derive en una crisis de financiamiento que afecte tanto a empleadores como a trabajadores cubiertos.
