La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para imponer penas de 80 a 140 años de prisión a servidores públicos que se coludan, colaboren, encubran o faciliten operaciones de grupos criminales. El proyecto, presentado el 2 de septiembre en San Lázaro, también propone que estas conductas sean imprescriptibles.
La apuesta: cerrar la protección institucional
Acción Nacional sostiene que la reforma busca elevar el costo penal de usar un cargo público para blindar a organizaciones delictivas. La propuesta modifica el marco penal federal y retoma iniciativas promovidas desde 2025 sobre encubrimiento, protección y colaboración de funcionarios con la delincuencia organizada. El punto central no es sólo castigar la participación directa, sino sancionar la red de protección que permite a los grupos criminales operar desde o alrededor de las instituciones.
La iniciativa no entra en vigor con su presentación. Primero deberá ser enviada a comisiones, dictaminada y votada por el pleno de la Cámara de Diputados. Su viabilidad dependerá de los acuerdos legislativos en un periodo marcado por la confrontación entre PAN y Morena sobre seguridad, corrupción y presuntos vínculos políticos con el crimen. Las penas propuestas tendrían un fuerte efecto simbólico y político, pero su eficacia dependerá de pruebas sólidas, investigaciones autónomas y capacidad institucional para llevar los casos hasta sentencia.
