El Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahome (Ipama) reportó un avance de 80 por ciento en la regularización de los 52 centros de rehabilitación identificados en el municipio. La meta es que todos los establecimientos cuenten con los permisos y trámites necesarios para operar bajo condiciones verificables, en un sector donde la atención a personas con consumo problemático de sustancias exige controles administrativos, sanitarios y de seguridad particularmente rigurosos.
El director del Ipama, Ramsés Ignacio Cázares Gámez, explicó este 2 de septiembre que todavía existen centros detenidos en procesos de autorización vinculados entre sí: la falta de un documento puede impedir la obtención de otro permiso posterior. El dato implica que la mayoría de los anexos ya ha avanzado en su formalización, pero también que una fracción pendiente sigue operando con expedientes incompletos o en proceso de resolución.
La regularización deja de ser un trámite secundario
Para las autoridades municipales, la revisión no se limita a ordenar papeles. Un centro de rehabilitación concentra a personas que pueden atravesar crisis de abstinencia, padecimientos físicos, afectaciones emocionales y, en algunos casos, una situación familiar o económica precaria. Por ello, saber quién opera el lugar, qué condiciones ofrece y bajo qué permisos funciona es una base mínima para que el Estado pueda supervisar responsabilidades y actuar cuando se detecten riesgos.
Ipama ha señalado que los centros que incumplan las reglas de operación pueden ser clausurados por las autoridades estatales y municipales. La advertencia introduce una doble vía: primero, acompañar a los responsables para completar su documentación; después, aplicar medidas de sanción si el establecimiento no atiende los requerimientos. Esa secuencia busca evitar que la exigencia regulatoria se convierta en una acción meramente punitiva, sin renunciar a la obligación de proteger a los internos.
La instrucción del alcalde Antonio Menéndez del Llano Bermúdez es que las dependencias faciliten el acompañamiento institucional durante los trámites. El enfoque resulta relevante porque muchos anexos funcionan con recursos limitados y administraciones que no siempre dominan los procedimientos oficiales. Sin embargo, la asistencia pública no sustituye la responsabilidad de cada operador: la regularización debe traducirse en documentación vigente, protocolos claros y capacidad comprobable para brindar atención.
El contexto eleva la urgencia de la vigilancia
La revisión ocurre después de hechos graves registrados en centros de rehabilitación de Ahome durante los últimos meses. Se han reportado dos muertes de personas internas mientras seguían procesos de desintoxicación. En uno de los casos, la Fiscalía General del Estado cumplimentó órdenes de aprehensión contra tres internos por la muerte de Efraín “N”, de 41 años, ocurrida el 29 de julio.
También se ha informado sobre la clausura de un centro donde murieron dos internos en Los Mochis, mientras la Fiscalía mantiene investigaciones. Estos antecedentes no permiten atribuir una misma causa a todos los establecimientos ni presuponen irregularidades generalizadas, pero sí muestran por qué la supervisión no puede depender únicamente de denuncias posteriores a un incidente. La regulación cobra sentido precisamente antes de que un riesgo se convierta en daño.
En este escenario, el porcentaje anunciado por Ipama debe leerse con cautela. Alcanzar 80 por ciento de avance representa una señal de coordinación institucional, pero no equivale por sí mismo a garantizar la calidad de todos los servicios. Un permiso puede acreditar que un proceso administrativo fue atendido; la protección efectiva requiere además revisiones periódicas sobre instalaciones, trato digno, respuesta ante emergencias, condiciones de higiene y mecanismos para informar a las familias.
De los permisos a una red de atención verificable
Cázares Gámez indicó que el Ipama trabaja en cinco ejes: prevención, tratamiento, reinserción, investigación y capacitación. La importancia de ese esquema está en que desplaza la discusión más allá del encierro o la desintoxicación inmediata. Una rehabilitación sostenible necesita prevenir recaídas, atender la salud de la persona, reconstruir vínculos sociales y generar opciones para su regreso a la comunidad.
Los cursos, capacitaciones y programas dirigidos tanto a internos como a operadores pueden fortalecer ese objetivo, siempre que se apliquen con continuidad y evaluación. Capacitar al personal, por ejemplo, puede ayudar a identificar signos de una emergencia médica o de violencia; formar a los internos puede ampliar sus herramientas para enfrentar el proceso terapéutico. Sin seguimiento, en cambio, esas acciones corren el riesgo de quedarse en actividades aisladas sin impacto permanente.
El siguiente desafío para Ahome será cerrar el 20 por ciento pendiente y sostener una supervisión que no desaparezca una vez expedidos los documentos. La regularización puede convertirse en un punto de partida para construir una red de centros identificables, responsables y coordinados con las instituciones de salud, seguridad y justicia. En un ámbito marcado por la vulnerabilidad de quienes buscan atención, la verdadera medida del avance será que las reglas se reflejen en entornos más seguros y en procesos de recuperación con mayor dignidad.
