El sistema de pensiones mexicano enfrenta una contradicción estructural que afecta a millones de trabajadores formales. Aunque cumplan con aportaciones continuas al Instituto Mexicano del Seguro Social durante décadas, un número significativo nunca alcanzará el derecho a una renta mensual vitalicia. El requisito de semanas cotizadas, que aumenta anualmente, se combina con una densidad de cotización promedio del 67.7 por ciento y una tasa de informalidad laboral superior al 54 por ciento, lo que impide que seis de cada diez afiliados de la generación Afore accedan a una pensión contributiva.
La Ley del Seguro Social de 1997 establece que la pensión depende principalmente del número mínimo de semanas registradas. En 2026 se requieren 875 semanas; la cifra subirá a 900 en 2027 y alcanzará mil semanas en 2031. Quienes no cumplen este umbral al llegar a los 60 o 65 años reciben una negativa de pensión del IMSS. Este documento certifica la imposibilidad de acceder a pagos mensuales de por vida y a atención médica institucional, aunque permite el retiro total del saldo acumulado en la Afore.
La densidad de cotización reportada por la CONSAR revela que el trabajador promedio contribuye solo dos de cada tres periodos posibles de su vida laboral. Los intervalos sin aportaciones, provocados por desempleo, autoempleo o pasos a la informalidad, no se recuperan automáticamente y reducen tanto el saldo como la probabilidad de alcanzar el mínimo requerido. Las proyecciones que muestran las Afore en sus simuladores asumen trayectorias continuas que no reflejan la realidad de la mayoría.
La informalidad como límite estructural
El economista Santiago Levy ha señalado que ningún esquema de pensiones, ya sea de reparto o de cuentas individuales, puede funcionar mientras más de la mitad de la fuerza laboral permanezca en la informalidad. Al cierre de 2025, el INEGI registró una tasa de informalidad del 55 por ciento, lo que representa cerca de 33 millones de personas sin acceso a seguridad social. En febrero de 2026 la cifra descendió apenas a 54.8 por ciento. Para estos trabajadores el sistema de Afore no genera semanas ni aportaciones patronales, por lo que su única protección en la vejez es la Pensión para el Bienestar, que en 2026 entrega 3,200 pesos mensuales, menos de la tercera parte del salario mínimo.
Entre los 29 millones de trabajadores formales la situación tampoco es uniforme. Las entradas y salidas frecuentes del sector formal fragmentan las trayectorias laborales y mantienen la densidad de cotización por debajo del umbral necesario. Las mujeres enfrentan una desventaja adicional: solo el 25.4 por ciento de las adultas mayores de la generación Afore logra acceder a una jubilación contributiva.
Consecuencias de la negativa de pensión
Cuando un trabajador alcanza la edad de retiro sin las semanas requeridas, el IMSS emite el dictamen negativo. Las opciones disponibles incluyen solicitar aclaraciones por posibles errores en el historial, reincorporarse al mercado formal mediante la Modalidad 40 o retirar el saldo total y renunciar a la pensión vitalicia. Los recursos de la subcuenta de vivienda del Infonavit permanecen bloqueados hasta los 65 años, independientemente de la fecha en que se tramite la negativa.
La Pensión Garantizada y el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en 2024, ofrecen complementos solo a quienes ya cumplieron el requisito de semanas. Entre julio de 2024 y mayo de 2026 el fondo benefició a más de 7,000 personas, elevando su tasa de reemplazo del 52.5 al 96.1 por ciento. Sin embargo, estos mecanismos no aplican a quienes no alcanzan el mínimo de cotizaciones, dejando sin protección mensual a millones de trabajadores que sí mantuvieron una cuenta individual.
Perspectivas de reforma y límites actuales
La combinación de requisitos crecientes, trayectorias laborales interrumpidas y alta informalidad configura un escenario en el que el cumplimiento de aportaciones durante toda la vida laboral no garantiza el acceso a una pensión contributiva. Las reformas recientes han ampliado mecanismos de apoyo para quienes sí cumplen los requisitos, pero el problema de fondo radica en la estructura del mercado laboral mexicano. Mientras persista una informalidad superior al 50 por ciento, el sistema de cuentas individuales seguirá excluyendo a una proporción significativa de trabajadores que cotizan de manera intermitente.
