Varias organizaciones no gubernamentales españolas intensifican sus esfuerzos para que los migrantes indocumentados presenten solicitudes antes del cierre del proceso especial de regularización, previsto para el 30 de junio. El plazo ha generado ya 1,27 millones de peticiones, casi el doble de las 500.000 inicialmente estimadas por el Gobierno.
El volumen de solicitudes revela tanto la magnitud de la economía sumergida —unas 840.000 personas— como las dificultades estructurales que enfrentan los solicitantes. Migrantes procedentes de Irán, Malí, Argelia, Nigeria y Venezuela tropiezan con retrasos en la legalización de documentos y apostillas, mientras los solicitantes de asilo que debieron cambiar de procedimiento a principios de junio disponen de menos tiempo para completar expedientes.
Riesgo de rechazo y falta de soluciones permanentes
Las entidades CEAR y Cepaim advierten que hasta un 20 % de las solicitudes podrían ser rechazadas por documentación incompleta y escasa flexibilidad administrativa. Aunque recomiendan presentar expedientes incompletos para ganar tiempo adicional, el Ministerio de Migraciones ha descartado ampliar el plazo. Esta rigidez deja en evidencia una brecha persistente: la ausencia de un mecanismo estable que evite que los migrantes deban permanecer dos años en situación irregular antes de acceder a la residencia.
El proceso actual, aunque masivo, sigue dependiendo de plazos cortos y requisitos burocráticos que penalizan a los perfiles más vulnerables. Sin una reforma estructural, el esfuerzo de regularización masiva corre el riesgo de convertirse en un alivio temporal más que en una solución duradera para la integración laboral y social de estas personas.
