Santa Cruz, 26 de junio de 2026. Integrantes de colectivos LGBTIQ+ recorrieron este viernes las calles de Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, para exigir un acceso efectivo a la justicia y denunciar la burocracia, los prejuicios y la corrupción que, según los manifestantes, obstaculizan el ejercicio de sus derechos.
La movilización, denominada Marcha Política, partió de la Manzana 1 en el centro histórico y transitó frente a la Catedral, la Fiscalía y el Palacio de Justicia. Los organizadores consideran estos lugares como símbolos institucionales donde se materializan las barreras que enfrentan las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
El activista Álex Bernabé explicó a EFE que Bolivia cuenta con leyes que protegen a esta población desde hace varios años, pero que muchas instituciones desconocen su contenido o no las aplican. Según Bernabé, estas normas permanecen en el plano discursivo y no se traducen en respuestas concretas ante casos de discriminación o violencia.
Contexto legal y brechas de implementación
Bolivia aprobó en años recientes un marco normativo que incluye la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, así como reformas al Código Penal que tipifican los crímenes de odio. Sin embargo, activistas sostienen que la falta de capacitación en el sistema judicial genera demoras y resoluciones inconsistentes. Esta brecha entre legislación y práctica judicial no es exclusiva de Santa Cruz, aunque la ciudad concentra el mayor número de denuncias registradas.
Datos de la Defensoría del Pueblo correspondientes a 2025 muestran 72 denuncias por vulneraciones de derechos de personas LGBTIQ+ en todo el país. Santa Cruz encabezó la lista con 19 casos, seguida de La Paz con 12 y Cochabamba con 10. Las instituciones más señaladas fueron la Fiscalía, los gobiernos municipales, los tribunales departamentales de justicia, la Policía Boliviana y los servicios departamentales de salud.
Objetivo diferenciado de la marcha
A diferencia de los desfiles del Orgullo que se realizan cerca del 28 de junio, la Marcha Política, celebrada desde 2017, busca respuestas institucionales específicas. En ediciones anteriores, los participantes protestaron frente al Ministerio de Trabajo, la Alcaldía y la Gobernación de Santa Cruz por la ausencia de políticas inclusivas o por la promoción de normas que consideran contrarias a los derechos humanos.
Durante la jornada, los manifestantes portaron banderas arcoíris y emblemas con los colores rosa, celeste y blanco asociados a la comunidad trans. También se escucharon consignas que pedían justicia por personas fallecidas en circunstancias violentas y se reclamó el fin de los prejuicios que, según los organizadores, persisten dentro del sistema judicial.
Perspectiva institucional y desafíos pendientes
En mayo pasado, la Defensoría del Pueblo instó al Estado a garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ ante el incremento de hechos de violencia y crímenes de odio. El informe defensorial subraya que las barreras de acceso a la justicia y a servicios esenciales continúan vigentes en varias regiones del país.
La manifestación de este viernes evidencia que, pese al reconocimiento legal, la aplicación efectiva de las normas sigue siendo un desafío estructural. Las denuncias recurrentes ante la Fiscalía y los tribunales departamentales sugieren que la capacitación de funcionarios y la eliminación de sesgos internos constituyen pasos necesarios para reducir la brecha entre el texto de las leyes y la experiencia cotidiana de la población LGBTIQ+ en Bolivia.
