La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen de control presencial a alrededor de 58 mil aspirantes resolvió, por ahora, la urgencia más visible de la crisis: definir quiénes podrán continuar en el proceso de admisión. Pero no esclarece todavía qué ocurrió durante la prueba en línea ni determina si hubo fallas técnicas, vulnerabilidades de seguridad, conductas irregulares o una combinación de esos factores.
Ese desfase explica la situación actual. La Comisión Técnica creada para revisar las anomalías reconoció que apenas concluyó la primera de tres etapas de trabajo. Su recomendación fue presentada al rector Leonardo Lomelí Vanegas antes de terminar la investigación de fondo. La prioridad inicial no fue establecer responsabilidades, sino impedir que el proceso de ingreso y el comienzo del semestre quedaran paralizados.
La medida también debía considerar a los estudiantes de pase reglamentado, quienes esperaban iniciar su carrera sin participar en el examen de selección. Cualquier decisión que mantuviera indefinidamente abierta la admisión habría afectado no sólo a los aspirantes cuya prueba fue cuestionada, sino a la organización académica de toda la Universidad. La UNAM aplazó al 31 de agosto el inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso, una modificación que muestra que el problema ya rebasó el ámbito técnico y alteró el calendario institucional.
Una salida operativa antes de conocer la causa
Alma Maldonado, integrante de la Comisión y especialista en educación superior, explicó que el grupo revisó las alternativas disponibles y alcanzó una decisión de consenso. La solución escogida fue un examen presencial de control, concebido como un mecanismo para verificar el desempeño de quienes participaron en la evaluación digital. En términos administrativos, permite reactivar el proceso; en términos de legitimidad, traslada la disputa a una nueva prueba que deberá ser clara, comparable y suficientemente segura.
La diferencia entre ambas evaluaciones será decisiva. Si el examen presencial confirma de manera consistente los resultados originales, la Universidad podrá sostener que una parte importante de la selección conserva validez. Si aparecen divergencias amplias entre el desempeño en línea y el presencial, aumentarán las preguntas sobre la confiabilidad del primer instrumento. Sin embargo, incluso una discrepancia no probaría por sí misma una conducta fraudulenta: podría reflejar condiciones distintas, problemas de conectividad, fallas en la supervisión o desigualdades entre quienes presentaron una prueba desde casa y quienes acudirán a una sede.
Por eso, el examen de control no debe confundirse con la investigación. Es un mecanismo de contingencia, no una explicación de los hechos. Su diseño tendrá que establecer qué peso tendrá frente a la prueba digital, cómo se resolverán los casos con resultados radicalmente distintos y qué procedimiento se aplicará a quienes enfrenten circunstancias extraordinarias. Cada una de esas reglas influirá en la percepción de justicia entre los aspirantes.
La segunda etapa y la prueba de transparencia
La Comisión dedicará su segunda fase a reconstruir el proceso de aplicación: desde la preparación de la plataforma y la autenticación de los usuarios hasta la supervisión, el registro de respuestas y la gestión de incidentes. También deberá examinar los distintos elementos involucrados y entregar un informe al rector. Maldonado señaló que ese documento será público una vez concluidos los trabajos, aunque no existe una fecha definida para terminar la investigación.
La promesa de transparencia será sometida a una prueba concreta. Un informe útil no puede limitarse a afirmar que hubo “anomalías”; tendría que describir su naturaleza, alcance, momento de aparición y posible efecto sobre la selección. También debería distinguir entre errores de diseño, fallas operativas, accesos indebidos y acciones atribuibles a personas determinadas. Sin esa separación, la publicación de un reporte podría cumplir formalmente con la rendición de cuentas, pero dejar intacta la incertidumbre.
La UNAM enfrenta además el reto de proteger información sensible. Una auditoría técnica puede contener datos sobre protocolos de seguridad, arquitectura de sistemas o patrones que una persona malintencionada podría aprovechar. La transparencia, por tanto, no significa divulgar sin filtros cada detalle operativo, sino explicar de manera verificable las conclusiones, preservar evidencias y justificar cualquier reserva. La institución necesitará equilibrar el derecho de los aspirantes a conocer las razones de las decisiones con la protección de sus datos personales y de la infraestructura digital.
El proveedor bajo escrutinio, sin conclusiones anticipadas
Territorium, empresa vinculada con la plataforma utilizada, solicitó reunirse con la Comisión Técnica. Por ahora, el grupo no ha decidido aceptar ese encuentro. La cautela puede entenderse: escuchar al proveedor es relevante para conocer la operación del sistema, pero una reunión no sustituye una revisión independiente de registros, contratos, controles y procedimientos.
La relación con el proveedor será uno de los puntos más delicados de la investigación. Cuando una universidad pública delega parte de una evaluación de alto impacto en una empresa tecnológica, la responsabilidad institucional no desaparece. La UNAM debe demostrar que definió requisitos de seguridad, supervisó su cumplimiento y contó con mecanismos de contingencia. A su vez, la empresa debería aportar información técnica verificable, no sólo una defensa pública de su servicio.
Existen precedentes internacionales que ilustran el costo de utilizar sistemas automatizados sin suficientes salvaguardas. En Reino Unido, durante 2020, un algoritmo empleado para estimar calificaciones escolares produjo resultados controvertidos al afectar de manera desproporcionada a estudiantes de ciertos centros y contextos sociales; la presión pública llevó a revisar el modelo. El caso no es idéntico al de la UNAM, pero muestra una regla general: cuando una herramienta técnica distribuye oportunidades educativas, sus criterios y mecanismos de apelación deben ser auditables.
La igualdad de condiciones más allá de la pantalla
Los exámenes en línea suelen presentarse como una alternativa flexible y eficiente. Reducen traslados, permiten atender grandes volúmenes de participantes y pueden acelerar la entrega de resultados. Pero trasladan parte de la responsabilidad a los hogares: conexión estable, equipo adecuado, espacio privado y conocimientos digitales. Esas condiciones no se distribuyen por igual.
En una institución pública de escala nacional, esa desigualdad tiene consecuencias sociales. Un aspirante que enfrenta interrupciones de internet no compite en las mismas condiciones que quien dispone de una conexión robusta y un entorno silencioso. A ello se suman los sistemas de vigilancia remota, que pueden generar falsos positivos o afectar de manera distinta a personas con discapacidades, problemas de conectividad o limitaciones de espacio. La respuesta institucional deberá aclarar cómo fueron atendidos esos casos y si tuvieron algún impacto en los resultados.
El examen presencial tampoco elimina todas las desigualdades, pero ofrece mayor capacidad para estandarizar el entorno, verificar identidades y controlar los dispositivos utilizados. Su costo es elevado: requiere sedes, personal, logística, seguridad y tiempo. Para una población de decenas de miles de aspirantes, la operación deberá ser suficientemente amplia para evitar que la solución de emergencia se convierta en una nueva fuente de exclusión o retraso.
La inteligencia artificial cambia el debate
La Comisión ha advertido que la crisis no es exclusiva de la UNAM. La expansión de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías modificó las posibilidades de copiar, suplantar identidades, producir respuestas y automatizar ataques contra plataformas. Pero también introdujo herramientas para detectar patrones anómalos, verificar identidad y analizar grandes volúmenes de datos. La disputa ya no consiste simplemente en elegir entre examen presencial o examen digital; consiste en decidir qué combinación de tecnología, supervisión humana y garantías resulta aceptable.
La tercera etapa de la Comisión deberá abordar precisamente el futuro de los exámenes en línea. Sería prematuro anunciar su abandono definitivo. La experiencia puede llevar a suspenderlos, rediseñarlos o reservarlos para procesos de menor impacto. La decisión dependerá de si la investigación identifica un fallo corregible o una vulnerabilidad estructural. Si el problema fue una configuración específica, podrían fortalecerse la autenticación, las bitácoras, las pruebas de carga y las auditorías externas. Si se comprobó que el modelo no permite garantizar igualdad y trazabilidad, la institución tendría razones para regresar a esquemas presenciales o híbridos.
La respuesta también tendrá efectos en otras universidades mexicanas. Muchas instituciones observan a la UNAM como referencia para resolver procesos masivos de admisión. Una investigación rigurosa podría impulsar estándares comunes sobre protección de datos, certificación de proveedores, revisión independiente y protocolos de crisis. Una explicación incompleta, en cambio, podría provocar que cada universidad adopte soluciones aisladas, con costos mayores y niveles desiguales de seguridad.
La confianza será el resultado más difícil de recuperar
El daño principal no se mide únicamente en días de retraso o en el costo de organizar una segunda evaluación. La admisión universitaria distribuye oportunidades escasas y afecta proyectos de vida. Para los aspirantes, una duda sobre la validez de la prueba puede traducirse en ansiedad, gastos adicionales y desconfianza hacia cualquier resultado posterior. Para la UNAM, la crisis compromete la autoridad de sus procedimientos y la credibilidad de sus decisiones.
La salida dependerá de que la Universidad publique reglas comprensibles antes del examen de control, informe sobre los criterios de calificación y establezca vías de atención para las inconformidades. También será importante que la investigación determine no sólo qué falló, sino por qué los controles existentes no detectaron o no contuvieron el problema a tiempo. La institución podrá cerrar administrativamente este episodio cuando termine el proceso de admisión; recuperar la confianza exigirá demostrar que aprendió de él y que las nuevas reglas ofrecen mayores garantías que las anteriores.
