La columna publicada el 4 de agosto de 2026 coloca bajo una misma lupa tres asuntos que, en apariencia, pertenecen a ámbitos distintos: la especulación sobre una eventual salida del gobernador de Tabasco, Javier May; las irregularidades denunciadas en el primer examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México; y los operativos de la alcaldía Cuauhtémoc contra los llamados franeleros. El hilo que los conecta no es una relación causal demostrada, sino una preocupación común: la distancia entre el poder formal, la capacidad institucional y la confianza pública.
Conviene separar los hechos comprobables de las versiones políticas. El texto sostiene que circulan rumores sobre una enfermedad cardiaca de May y una posible licencia después de cumplir dos años de gobierno, pero no aporta diagnóstico médico, documento oficial ni declaración de autoridades. También vincula esa eventual sucesión con un supuesto intento de abrir espacio político para Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa hipótesis pertenece al terreno de la especulación y no debe presentarse como una decisión tomada.
La sucesión tabasqueña se disputa antes de tiempo
El dato políticamente relevante no es la enfermedad no confirmada, sino la fragilidad que produce el rumor en un estado donde las redes de lealtad pesan tanto como los resultados administrativos. May llegó al gobierno con una trayectoria estrechamente asociada al obradorismo y con fama de operador político. La columna recuerda sus cargos en la Secretaría de Bienestar y Fonatur, así como episodios que sus críticos interpretaron como señales de una eficacia menor frente a una lealtad política muy alta.
La ruptura pública con Adán Augusto López convirtió esa debilidad percibida en una oportunidad. Cuando el gobierno estatal denunció presuntos vínculos del exsecretario de Gobernación con el grupo criminal La Barredora, parte de la sociedad tabasqueña leyó la acción como un intento de recuperar autonomía frente al antiguo grupo dominante. Sin embargo, una denuncia política no equivale a una sentencia judicial. La existencia de investigaciones, incluidos posibles rastreos desde Estados Unidos mencionados en la columna, requeriría confirmación de fiscalías, tribunales y autoridades internacionales.
La primera observación crítica es que la incertidumbre sucesoria puede ser más dañina que la salida misma del gobernador. En gobiernos estatales con alta concentración de decisiones, un rumor de licencia afecta la coordinación burocrática, la negociación presupuestaria y la relación con alcaldes, legisladores y empresarios. Funcionarios que anticipan un relevo pueden retrasar decisiones; grupos internos pueden comenzar a negociar posiciones; y actores criminales pueden interpretar la confusión como una ventana de oportunidad. El costo se produce incluso si May permanece en el cargo, porque la administración pierde capacidad de imponer una narrativa estable.
La segunda observación es que el caso exhibe un problema de profesionalización. Si la discusión pública se reduce a quién es leal a qué grupo, quedan relegados indicadores fundamentales: ejecución del gasto, seguridad, servicios públicos, inversión, resultados de auditorías y coordinación con la Federación. El historial político de un gobernador importa, pero no sustituye una evaluación de desempeño. Tabasco necesita que la posible sucesión se discuta con reglas constitucionales claras y no mediante filtraciones sobre la salud de una persona.
También existe una disputa de interpretaciones. Para los simpatizantes de May, la confrontación con el círculo de Adán Augusto representa una limpieza política y una respuesta a una estructura que habría acumulado poder durante años. Para sus detractores, puede ser una maniobra selectiva: castigar a un grupo rival mientras se preservan otras alianzas. La única forma de resolver la controversia es mediante expedientes públicos, investigaciones independientes y procesos judiciales con garantías, no por declaraciones anónimas ni por cálculos sucesorios.
La UNAM enfrenta un problema de confianza, no sólo tecnológico
El conflicto por las supuestas trampas en el examen de admisión aplicado en línea introduce una segunda dimensión: la legitimidad del acceso a la educación superior. La prueba digital modifica el entorno de vigilancia, la identificación del aspirante y la protección de la información. Una filtración, la suplantación de identidad o el uso de asistencia externa no sólo perjudica a quienes obtienen un resultado injusto; también pone en duda el valor de toda la lista de admitidos.
La columna atribuye el deterioro de la máxima casa de estudios a un proyecto político que buscaría convertirla en una universidad de acceso libre. Esa afirmación mezcla una controversia concreta con una crítica ideológica más amplia. La UNAM no opera como una institución de acceso completamente irrestricto: enfrenta una demanda muy superior a su capacidad en varios programas y utiliza procesos de selección. El debate serio no consiste en elegir entre “universidad abierta” o “universidad de calidad”, sino en determinar cómo ampliar la matrícula sin destruir las condiciones académicas.
Los números ayudan a dimensionar la tensión. Cada año, cientos de miles de jóvenes compiten por un número limitado de lugares en licenciatura. Cuando la oferta es rígida y la demanda crece, cualquier irregularidad produce un efecto multiplicador: el aspirante excluido no sólo pierde una oportunidad, sino que puede quedar fuera durante un ciclo completo, asumir costos de preparación y buscar alternativas privadas más caras. Por eso, la seguridad del examen debe considerarse una política de igualdad, no un detalle operativo.
La tercera observación es que la digitalización no reduce automáticamente la corrupción; cambia sus formas. Un examen en línea puede facilitar auditorías, registrar tiempos de respuesta y generar trazabilidad, pero también amplía los puntos vulnerables: plataformas, dispositivos, conexiones domésticas, centros de aplicación y bases de datos. La UNAM tendría que publicar un informe técnico independiente con el número de incidencias, el tipo de anomalías detectadas, los criterios para invalidar resultados y los mecanismos de revisión para los afectados.
Hay una disputa legítima entre dos intereses. La universidad busca preservar estándares y administrar una demanda masiva; los aspirantes exigen igualdad de condiciones y transparencia. Si la institución responde únicamente con sanciones, puede parecer que protege el procedimiento antes que a los estudiantes. Si, por el contrario, cancela o flexibiliza el examen sin evidencia suficiente, debilitará la confianza en el mérito académico. La salida más sólida pasa por auditorías externas, protocolos verificables y una comunicación que explique qué ocurrió, cuántas personas fueron afectadas y qué reparación procede.
Los franeleros revelan el límite de la autoridad local
El tercer episodio tiene una escala territorial más reducida, pero una visibilidad cotidiana mucho mayor. La alcaldía Cuauhtémoc informó que durante la última semana 57 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico por apartar lugares de estacionamiento y cobrar de manera indebida. Los operativos se realizaron en colonias como Roma, Condesa, Centro, Guerrero, San Rafael, Doctores y Santa María la Ribera, entre otras.
La práctica descrita combina apropiación informal de la vía pública, cobros sin regulación y, en algunos casos, agresiones verbales contra automovilistas. Para residentes y comerciantes, el problema representa una privatización de facto de calles que pertenecen a todos. Para los franeleros, muchos de ellos trabajadores informales sin otra fuente estable de ingresos, la operación puede significar la pérdida inmediata de su sustento. El conflicto no desaparece con una remisión administrativa: simplemente se desplaza o reaparece si no cambian las condiciones económicas y urbanas que lo alimentan.
El dato de 57 remisiones permite medir actividad policial, pero no eficacia sostenible. Sería necesario saber cuántas personas reincidieron, qué sanciones recibieron, cuántos vehículos fueron afectados y en qué calles persistió el cobro. La propia columna reconoce que varias zonas de Roma y Condesa continúan igual. Esa contradicción sugiere que el operativo tiene un efecto visible y temporal, pero todavía no altera el modelo de control informal del estacionamiento.
Aquí aparece una cuarta lectura: la autoridad puede recuperar el espacio público, pero necesita administrarlo después. Sin señalización, vigilancia continua, alternativas de estacionamiento, regulación de carga y descarga y canales para denunciar, la calle vuelve a ser ocupada. El problema tampoco puede reducirse a los franeleros: la escasez de lugares, el uso intensivo de automóvil, los negocios que requieren estacionamiento y la insuficiencia del transporte público forman parte del mismo ecosistema.
Lo que estos tres casos anticipan
Los tres conflictos apuntan hacia una tendencia política común: las instituciones serán juzgadas menos por sus anuncios que por su capacidad de producir evidencia verificable. En Tabasco, eso significa informar con precisión sobre la salud y continuidad del gobernador, transparentar las investigaciones contra redes criminales y activar con anticipación los mecanismos constitucionales si hubiera una licencia. En la UNAM, implica una auditoría técnica y académica del examen. En Cuauhtémoc, exige publicar resultados periódicos que permitan distinguir entre presencia operativa y reducción efectiva del problema.
El escenario más probable para Tabasco es una prolongación de la incertidumbre mientras no exista confirmación oficial. Esa incertidumbre puede intensificarse conforme se acerque el segundo año de gobierno y aumenten las negociaciones dentro de Morena. Si se confirma una licencia, la sucesión será sometida a una doble presión: la lucha interna por el control político y la necesidad de garantizar continuidad administrativa. Si se descarta, el gobierno deberá explicar por qué el rumor alcanzó tal dimensión y recuperar autoridad sin convertir la salud del mandatario en un campo de propaganda.
En la UNAM, la controversia puede acelerar una revisión de los modelos de admisión digital. También puede impulsar nuevas formas de vigilancia, aunque una respuesta excesivamente intrusiva abriría debates sobre privacidad, protección de datos y desigualdad tecnológica. El riesgo más serio sería que los aspirantes perciban que el proceso no es confiable y opten por mecanismos paralelos de preparación, intermediación o fraude. La universidad debe proteger tanto la calidad académica como la legitimidad social de sus decisiones.
En Cuauhtémoc, la continuidad de los operativos dependerá de si se integran a una política urbana estable. Una estrategia basada exclusivamente en remisiones puede generar desplazamiento hacia otras colonias, conflictos con trabajadores informales y acusaciones de uso selectivo de la autoridad. Una estrategia sin control, en cambio, consolida la apropiación privada de calles. El equilibrio requiere reglas públicas, aplicación uniforme y alternativas laborales o de regularización para quienes dependan de esa actividad.
El riesgo transversal es la normalización de instituciones que actúan a través de rumores, operativos aislados o declaraciones sin respaldo documental. Cuando la ciudadanía no puede comprobar qué ocurrió, quién es responsable y qué resultado tuvo una medida, la política se convierte en una competencia de versiones. Tabasco, la UNAM y la alcaldía Cuauhtémoc enfrentan problemas distintos, pero comparten una exigencia inmediata: sustituir la especulación y la reacción episódica por información pública, controles independientes y resultados medibles.
