Una consulta bajo sospecha
El debate sobre los lineamientos para regular los derechos de las audiencias reavivó las críticas a la relación entre el Gobierno de la llamada 4T y los medios de comunicación. El punto central no es sólo el contenido de la norma, sino quién tendrá la facultad de vigilar y sancionar a los medios concesionados. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), presentada como una instancia técnica, forma parte del aparato federal y, según el argumento editorial, carece de la autonomía e independencia necesarias para fiscalizar al poder sin convertirse en una extensión de éste.
La consulta pública es defendida por sus promotores como un mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, la crítica sostiene que, cuando el Gobierno controla las reglas, los tiempos y la decisión final, el proceso puede servir más para legitimar una determinación previamente adoptada que para modificarla. La observación plantea una condición básica: escuchar opiniones sólo tiene valor democrático si existen garantías de transparencia, independencia institucional y disposición real a incorporar objeciones.
El problema no termina en la regulación
El texto también cuestiona la narrativa oficial que atribuye las fallas gubernamentales a una supuesta conspiración oligárquica de la prensa, los periodistas y los comentaristas. Señala que las principales confrontaciones de la 4T se concentran en redes sociales y en la prensa, mientras la radio y la televisión concesionadas aparecen menos expuestas en los discursos de respuesta oficial. Esa selección revela que la disputa no se limita a mejorar la información pública: también involucra el control del relato político y la definición de qué críticas son consideradas legítimas.
La regulación de audiencias puede atender una necesidad real: distinguir información, opinión y publicidad, y elevar los estándares de responsabilidad mediática. Pero si el órgano sancionador depende del Gobierno, la defensa de las audiencias puede transformarse en presión sobre los concesionarios y en un incentivo para la autocensura. El debate, por ello, debería concentrarse menos en comparar la situación actual con episodios de censura del pasado y más en establecer contrapesos verificables. La participación ciudadana será sustantiva sólo cuando pueda producir cambios, no cuando opere como respaldo formal a una decisión irreversible.
