La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha elevado la alerta sobre los peligros que afronta la aviación comercial en espacios aéreos afectados por conflictos armados, con una advertencia especialmente relevante para la zona que rodea a Rusia y Ucrania. El organismo, dependiente de Naciones Unidas, reclama a sus 193 Estados miembros que refuercen de inmediato la evaluación de riesgos, el intercambio de información y la coordinación entre autoridades civiles y militares.
El mensaje llega en un momento en que la guerra ya no plantea amenazas limitadas a una línea de frente claramente delimitada. El uso creciente de drones de largo alcance, misiles, sistemas de defensa antiaérea e interferencias electrónicas amplía el área potencial de peligro para vuelos civiles, incluso en rutas que hasta hace poco podían considerarse alejadas de los combates. La advertencia de la OACI no equivale a un cierre general del espacio aéreo ruso, pero sí subraya que las decisiones de operación ya no pueden basarse únicamente en mapas tradicionales de zonas de conflicto.
Una amenaza que se desplaza con las operaciones militares
La preocupación central es que una aeronave comercial pueda ser alcanzada accidentalmente, identificada de forma errónea o quedar expuesta al fuego cruzado. En un entorno militar cada vez más complejo, los riesgos no proceden sólo del impacto directo de un arma. Las interferencias de radiofrecuencia pueden degradar o alterar las señales de los sistemas globales de navegación por satélite, esenciales para la orientación y la gestión de trayectorias. A ello se añade la presencia de defensas antiaéreas avanzadas, diseñadas para detectar amenazas a gran distancia y operar bajo condiciones de elevada tensión.
Para una aerolínea, esa combinación modifica el cálculo operativo. Cambiar una ruta puede reducir la exposición a un punto concreto, pero no elimina necesariamente el problema cuando los drones y los misiles tienen gran alcance o cuando la perturbación de señales afecta áreas extensas. La propia OACI remarcó que la flexibilidad para desviar vuelos “no aborda la amenaza fundamental para la seguridad”. En otras palabras, la gestión comercial de itinerarios no puede sustituir la responsabilidad estatal de mantener un espacio aéreo seguro y de comunicar sus riesgos con rapidez.
La advertencia ucraniana aumenta la presión sobre las rutas rusas
La intervención de la OACI se produjo un día después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiera a aerolíneas, aseguradoras y operadores que el espacio aéreo ruso se está volviendo “completamente inseguro” por el aumento de los drones ucranianos. Kiev sostiene que no tiene como objetivo la aviación civil, pero pidió a los vuelos comerciales evitar ese espacio aéreo ante una mayor actividad militar.
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, informó además de que su Gobierno transmitió formalmente esa notificación a la OACI. La relevancia de este paso reside en que convierte una advertencia política en una comunicación dirigida al sistema internacional de aviación. Para las compañías aéreas y las aseguradoras, el valor de estas alertas no depende sólo de quién las emite, sino de su capacidad para alterar la evaluación del riesgo, elevar costes de cobertura o impulsar decisiones de desvío preventivo.
Las rutas aéreas sobre Rusia conservan importancia para conexiones entre Europa, Asia y Oriente Medio, aunque las restricciones impuestas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania ya han modificado profundamente el mapa de la aviación internacional. Cada nuevo desvío implica más tiempo de vuelo, mayor consumo de combustible, reorganización de turnos de tripulación y posibles límites de carga. Por ello, una advertencia de seguridad puede tener efectos que trascienden el sector aéreo y alcanzan precios, frecuencias y conectividad entre mercados.
La coordinación civil-militar deja de ser un asunto secundario
La OACI recordó que el artículo 3 bis del Convenio de Chicago de 1944 y la resolución A42-4, aprobada por unanimidad por su Asamblea en 2025, prohíben expresamente el uso de armas contra aeronaves civiles. Sin embargo, la existencia de una prohibición jurídica no resuelve por sí misma los fallos de identificación, la información incompleta o las decisiones tomadas bajo presión militar. La distancia entre una norma y una protección efectiva se mide en procedimientos: avisos oportunos, delimitación clara de áreas peligrosas, contacto permanente entre controladores civiles y mandos militares, y decisiones prudentes sobre cierres o restricciones.
Ese es el sentido práctico de la exhortación de la agencia con sede en Montreal. Los Estados deben evaluar el espacio aéreo bajo su control y compartir con rapidez la inteligencia sobre amenazas. También deben evitar que las aeronaves comerciales sean confundidas con objetivos militares. En conflictos donde múltiples sistemas de vigilancia, defensa y ataque operan al mismo tiempo, una coordinación tardía puede dejar a los pilotos y controladores sin el margen necesario para reaccionar.
El reto es anticipar el riesgo antes de una tragedia
La OACI está actualizando sus manuales sobre medidas de seguridad vinculadas a actividades militares y sobre evaluación de riesgos para operaciones civiles sobre zonas de conflicto o en sus proximidades. Esta revisión reconoce una transformación más amplia: los peligros para la aviación ya no se concentran necesariamente en territorios declarados como campos de batalla. La tecnología permite proyectar ataques, vigilancia e interferencias a distancias mayores, mientras que la circulación aérea civil continúa dependiendo de información precisa y coordinada entre países.
La advertencia internacional plantea así una prueba de prevención. Esperar a que ocurra un incidente para ajustar rutas, compartir inteligencia o restringir corredores aéreos supone actuar demasiado tarde. La seguridad de la aviación civil depende de que los Estados asuman que la incertidumbre militar también es un riesgo operacional y lo comuniquen con transparencia. En el caso de Rusia y Ucrania, la cuestión no es sólo qué zonas están hoy bajo amenaza, sino cuán rápido puede cambiar esa amenaza y si el sistema civil será capaz de responder antes de que un vuelo comercial quede expuesto.
