La visita de Benjamín Netanyahu a las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza no fue una inspección militar rutinaria. Al afirmar que Israel controla el 60 % del enclave, que no se retirará de esa posición y que todavía tiene “mucho por hacer”, el primer ministro convirtió una cuestión operativa en una declaración política de alto impacto. El mensaje llega bajo un alto el fuego vigente desde octubre de 2025, pero también en un momento de creciente ambigüedad sobre su aplicación: Israel mantiene presencia hasta la denominada línea amarilla, continúa ejecutando acciones contra objetivos que atribuye a Hamás y rechaza fijar una retirada que no esté condicionada al desarme efectivo del movimiento islamista.
La relevancia de las palabras de Netanyahu no radica únicamente en la proporción de territorio controlado. El 60 % mencionado representa, en la práctica, capacidad para regular corredores de movimiento, condicionar el acceso a zonas agrícolas, vigilar sectores urbanos destruidos y preservar profundidad militar dentro de un territorio de apenas unos 365 kilómetros cuadrados. En Gaza, donde la densidad demográfica, la destrucción de infraestructura y el desplazamiento de población han reducido drásticamente el espacio habitable, el control territorial posee un efecto político y humanitario mucho mayor que el que sugeriría un porcentaje sobre un mapa.
Una tregua con dos interpretaciones incompatibles
El núcleo de la controversia es que las partes parecen utilizar el mismo acuerdo para defender objetivos distintos. La hoja de ruta supervisada por la Junta de Paz auspiciada por la Administración de Donald Trump vinculaba la retirada israelí al desarme de Hamás. Para el Gobierno israelí, esta condición implica que una retirada prematura crearía un vacío de seguridad y permitiría a Hamás reconstruir capacidades militares, redes de mando o arsenales. Para los palestinos que viven bajo la presencia militar, y para quienes defienden una lectura estricta del alto el fuego, la continuidad de tropas y operaciones selectivas vacía de contenido la idea de una tregua.
Esta diferencia no es semántica. Un alto el fuego puede detener una guerra abierta sin resolver quién controla el territorio, quién administra los servicios, quién vigila las fronteras y bajo qué mecanismo se verifica el desarme. Mientras esas preguntas permanezcan abiertas, cada incidente puede ser presentado como una respuesta defensiva por una parte y como una violación del acuerdo por la otra. La autorización para responder a amenazas “inmediatas” contra tropas israelíes amplía todavía más la zona gris: el concepto de inmediatez depende en gran medida de la inteligencia militar israelí y no existe información pública suficiente sobre un mecanismo independiente que evalúe cada ataque.
La operación del martes, en la que una milicia gazatí colaboracionista con Israel capturó a un supuesto alto mando de Hamás en Ciudad de Gaza, ilustra el cambio de naturaleza del conflicto. Israel ya no actúa solamente mediante fuerzas regulares, sino que busca construir interlocutores armados locales capaces de desafiar a Hamás desde dentro. Esa estrategia puede reducir riesgos inmediatos para las tropas israelíes y generar información de inteligencia, pero introduce una fragmentación adicional en una sociedad ya devastada. Las milicias sin legitimidad amplia, especialmente cuando son percibidas como asociadas a una potencia ocupante, suelen ser eficaces para operaciones puntuales y muy frágiles para construir administración civil sostenible.
El control del terreno como instrumento de negociación
La declaración de Netanyahu permite identificar una primera conclusión: la presencia israelí funciona como palanca negociadora, no solo como dispositivo de seguridad. Al mantener posiciones dentro de Gaza, Israel conserva un activo tangible para exigir desarme, entrega de rehenes o restos pendientes, cambios en el gobierno local y garantías internacionales. Retirarse antes de obtener resultados verificables reduciría esa capacidad de presión y expondría al Ejecutivo israelí a críticas internas de los sectores que consideran que la guerra no debe cerrarse mientras Hamás conserve capacidad de coerción.
Sin embargo, esta misma lógica contiene una contradicción estratégica. Cuanto más prolongada sea la ocupación de facto de grandes sectores de Gaza, más difícil será crear una estructura palestina capaz de sustituir a Hamás. La reconstrucción requiere seguridad, previsibilidad jurídica, movilidad de trabajadores, funcionamiento de servicios y acceso sostenido de ayuda y materiales. Ninguna autoridad civil local puede consolidarse si su perímetro, presupuesto, policía y circulación dependen diariamente de decisiones militares externas. La desmilitarización no es solamente retirar armas: exige construir una alternativa política y administrativa que reduzca la capacidad de Hamás para reclutar, recaudar y gobernar.
Hay precedentes regionales que explican la cautela israelí. Las retiradas militares sin un orden político posterior estable han dejado, en distintos conflictos de Oriente Medio, espacios para milicias y redes insurgentes. Pero también existe evidencia de que el control militar prolongado alimenta economías de guerra, resentimiento y competencia entre facciones. Gaza enfrenta ambos riesgos al mismo tiempo. El desafío no consiste en elegir entre seguridad israelí y estabilidad palestina, sino en reconocer que una no puede sostenerse indefinidamente sin la otra.
La población gazatí paga el coste de una seguridad sin calendario
Para los habitantes de Gaza, el dato decisivo no es la formulación diplomática de la tregua, sino si pueden volver a sus barrios, reparar viviendas, acceder a hospitales, recibir suministros y moverse sin quedar expuestos a fuego cruzado, órdenes de evacuación o controles militares. La referencia de Netanyahu a los escombros detrás de él muestra el contexto material en el que se discute la siguiente fase: grandes zonas del enclave necesitan reconstrucción física antes incluso de que pueda hablarse de recuperación económica.
La permanencia israelí sobre el 60 % del territorio puede tener consecuencias directas sobre esa recuperación. Si una parte relevante de las áreas abiertas, rutas y franjas periféricas sigue bajo control militar, la distribución territorial de la población quedará aún más concentrada en zonas urbanas ya saturadas. Esto aumenta la presión sobre agua, saneamiento, alimentos, escuelas y atención sanitaria. También limita la capacidad de reactivar agricultura, comercio transfronterizo y pequeñas actividades industriales, sectores esenciales para reducir la dependencia de ayuda internacional.
La experiencia de reconstrucciones tras conflictos demuestra que el volumen de fondos no basta. Donantes y empresas necesitan saber quién autoriza proyectos, qué materiales pueden entrar, qué zonas son accesibles y qué ocurrirá si vuelve a escalar la violencia. Una Gaza dividida entre áreas de control militar israelí, zonas bajo autoridad incierta y presencia de grupos armados competidores puede recibir asistencia de emergencia, pero tendrá enormes dificultades para atraer inversión productiva. El resultado probable sería una economía de supervivencia, basada en asistencia, mercados informales y contratos de corto plazo, con escasa capacidad de generar empleo estable.
Israel, Washington y los actores palestinos miden riesgos distintos
Desde la perspectiva israelí, la prioridad declarada es impedir que Hamás vuelva a representar una amenaza militar. Netanyahu sostiene que los objetivos de la guerra se han alcanzado “en gran medida”, aunque reconoce tareas pendientes. Esa formulación tiene una utilidad política interna: reivindica avances sin aceptar que el conflicto esté cerrado. A menos de dos meses de las elecciones del 27 de octubre, el primer ministro busca proyectar control, firmeza y capacidad de imponer condiciones, especialmente ante un electorado marcado por años de ofensiva en Gaza, intercambios de fuego regionales y debates sobre seguridad nacional.
Para Estados Unidos y la Junta de Paz, el problema es más institucional. Washington necesita que el alto el fuego no colapse, pero también ha aceptado que Israel responda a amenazas inmediatas. Esa posición busca preservar la alianza con Israel sin cargar con la responsabilidad de una ocupación ilimitada. Su debilidad reside en que una supervisión tolerante con operaciones recurrentes puede erosionar la credibilidad del mecanismo. Si la Junta no logra establecer criterios públicos sobre qué ataques se consideran compatibles con la tregua, corre el riesgo de ser vista como una instancia que registra decisiones israelíes en lugar de arbitrar entre las partes.
Hamás, por su parte, afronta un dilema crítico. Aceptar un desarme verificable significaría renunciar a la base coercitiva de su poder y admitir que el futuro político de Gaza se decidirá bajo condiciones impuestas tras una derrota militar. Rechazarlo, o mantener estructuras clandestinas, ofrece una vía para conservar influencia, pero prolonga la justificación israelí para permanecer y atacar. Para otras facciones palestinas y actores civiles, el margen tampoco es amplio: cooperar con Israel puede generar recursos y protección limitada, pero conlleva acusaciones de colaboración; enfrentarse a esa estructura puede derivar en represión, aislamiento o violencia interna.
El problema que puede agravar la captura de dirigentes
La captura de un presunto alto mando de Hamás mediante una milicia local marca otra tendencia que merece atención: la privatización parcial de la seguridad. Israel podría considerar útil promover fuerzas gazatíes que conozcan el terreno, recojan inteligencia y desafíen las redes de Hamás sin requerir operaciones masivas del Ejército. Pero el modelo tiene límites severos. Las milicias locales suelen depender de financiación, armamento y protección externa; cuando esta disminuye, pueden transformarse en actores autónomos, entrar en disputas por recursos o ejercer control predatorio sobre la población.
La segunda conclusión es que debilitar a Hamás sin definir una cadena de autoridad posterior puede multiplicar los centros de violencia. El vacío no necesariamente sería ocupado por una administración moderada y eficiente. Podría fragmentarse entre familias armadas, grupos criminales, facciones políticas, contratistas de seguridad y autoridades municipales sin respaldo territorial. El precedente de otros escenarios posbélicos indica que la eliminación o captura de cuadros dirigentes puede degradar temporalmente una organización, pero no garantiza la desaparición de sus redes sociales, financieras e ideológicas.
Por ello, cualquier plan de desarme que aspire a ser duradero necesitaría incentivos y garantías que excedan la acción militar. Harían falta mecanismos de entrega de armas, verificación internacional creíble, protección para quienes abandonen estructuras armadas, una autoridad civil con capacidad operativa y una ruta política que otorgue representación a la población. Sin esos elementos, la exigencia de desmilitarización puede convertirse en un requisito permanente e imposible de certificar, utilizado para prolongar el control territorial.
Las elecciones israelíes reducen el espacio para concesiones
El calendario electoral añade un incentivo a la rigidez. Netanyahu llega a la campaña con el argumento de que Israel ha recuperado iniciativa militar y que una retirada acelerada pondría en riesgo esos resultados. Sus adversarios podrán cuestionar el coste humano, económico y diplomático de la guerra, así como la falta de un horizonte político claro para Gaza. Sin embargo, criticar la estrategia militar sin parecer indulgente frente a Hamás será difícil en un país donde la seguridad continúa siendo el eje central de la competencia electoral.
La tercera conclusión es que el proceso de tregua puede quedar subordinado a los cálculos de legitimidad doméstica israelí hasta después de los comicios. No significa que cada decisión militar responda exclusivamente a la campaña, pero sí que el coste político de una concesión visible aumenta. Un repliegue presentado como incompleto, una liberación de prisioneros controvertida o una transferencia de autoridad a actores palestinos cuestionados podrían ser explotados electoralmente. La consecuencia es una negociación con menor capacidad para adoptar decisiones irreversibles en el corto plazo.
También hay riesgos para Israel si la posición actual se prolonga. La presencia sostenida demanda recursos militares, expone a tropas a ataques y mantiene una presión diplomática constante sobre sus aliados. A ello se suma la posibilidad de que la percepción de una ocupación indefinida reactive frentes regionales o incentive acciones de grupos armados fuera de Gaza. El control territorial puede ofrecer seguridad táctica, pero se vuelve costoso cuando debe protegerse durante meses o años sin una arquitectura política que reduzca la hostilidad.
Una retirada condicionada necesita condiciones verificables
El escenario más probable en el corto plazo no es una retirada total ni una reanudación automática de una guerra de gran escala, sino una tregua armada y frágil: presencia israelí en áreas definidas, ataques selectivos, operaciones de inteligencia, disputa sobre la interpretación del acuerdo y reconstrucción parcial en zonas permitidas. Esta fórmula puede contener temporalmente la escalada, pero difícilmente resolverá el conflicto. Cada incidente puede alterar el equilibrio, sobre todo si causa numerosas víctimas civiles, afecta convoyes de ayuda o involucra a dirigentes de alto nivel.
Para que la tregua evolucione hacia una fase más estable, la Junta de Paz tendría que pasar de la tolerancia general a parámetros concretos: definición verificable de amenaza inmediata, canales de investigación de incidentes, calendario por etapas para el repliegue, supervisión del desarme y garantías de acceso humanitario. La ausencia de indicadores públicos alimenta sospechas de ambos lados y permite que los compromisos se conviertan en declaraciones adaptables a la coyuntura.
La visita de Netanyahu deja una imagen clara: Israel no considera cerrada su misión en Gaza y no está dispuesto a separar la retirada de la neutralización de Hamás. Pero la permanencia militar tampoco resuelve por sí sola qué orden reemplazará al actual. El futuro de la Franja dependerá menos de la línea amarilla que de la capacidad de transformar control armado en un acuerdo verificable, con autoridad civil, reconstrucción y seguridad para ambas poblaciones. Si esa transición no se define, la tregua corre el riesgo de convertirse en una pausa administrada dentro de un conflicto que sigue abierto.
