El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) estableció las fechas y condiciones que deberán observar los partidos políticos y sus aspirantes durante las precampañas vinculadas con el proceso electoral de 2027. El Reglamento de Precampañas Electorales aprobado por la autoridad local define periodos diferenciados para los 46 ayuntamientos y para las diputaciones locales, además de incorporar restricciones específicas sobre propaganda, uso de redes sociales y protección de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el documento, las precampañas para integrar los ayuntamientos de Guanajuato podrán realizarse del 4 de enero al 12 de febrero de 2026. En el caso de las candidaturas a diputaciones locales, el plazo previsto será del 14 de enero al 12 de febrero. La diferencia en las fechas busca ordenar las actividades internas de los partidos según el tipo de cargo en disputa y delimitar con claridad los periodos en los que podrán promover a sus precandidaturas.
El calendario difundido por el IEEG se refiere al ejercicio electoral de 2027, aunque las fechas consignadas en el reglamento corresponden a enero y febrero de 2026. Esta referencia temporal obliga a que partidos, aspirantes y autoridades revisen la instrumentación del acuerdo y sus actos posteriores, pues la certeza sobre las etapas del proceso es un elemento central para prevenir controversias relacionadas con actos anticipados de campaña o promoción fuera de los plazos autorizados.
Periodos internos con límites definidos
Las precampañas son etapas destinadas a que los partidos seleccionen internamente a quienes buscarán una candidatura. Aunque permiten actividades de difusión entre militantes, simpatizantes y órganos partidistas, no equivalen a una campaña constitucional abierta a todo el electorado. Por ello, el reglamento estatal delimita tanto la duración de las actividades como los mecanismos de propaganda que pueden emplearse durante ese lapso.
La regulación cobra relevancia en una entidad con 46 municipios, donde las definiciones internas de las fuerzas políticas pueden tener efectos directos en la competencia local. Un calendario homogéneo para los ayuntamientos facilita la supervisión electoral y reduce incentivos para que una precandidatura obtenga ventaja mediante actividades adelantadas. Para las diputaciones, el inicio posterior también permite separar formalmente procesos de selección que pueden involucrar estructuras territoriales y electorados distintos.
El cumplimiento de los plazos no depende únicamente de los partidos. El IEEG deberá vigilar que la promoción se mantenga dentro de los límites establecidos, mientras que las personas aspirantes deberán ajustar sus mensajes, eventos y materiales a la condición de precandidatas. En caso de denuncias, la autoridad electoral podrá analizar si una actividad rebasa el ámbito interno permitido o constituye una exposición indebida ante la ciudadanía en general.
Propaganda utilitaria bajo restricciones
Uno de los apartados centrales del reglamento limita la entrega de propaganda utilitaria. Durante las precampañas, los partidos sólo podrán distribuir artículos elaborados con textiles. La disposición excluye otros objetos que impliquen un beneficio para quienes los reciben, una medida orientada a evitar que los actos de promoción se conviertan en mecanismos de entrega de bienes o incentivos materiales.
La regla busca preservar condiciones de equidad entre contendientes y reducir prácticas que puedan afectar la libertad de decisión de militantes o simpatizantes. En procesos internos, la frontera entre propaganda permitida y la entrega de beneficios puede generar disputas, particularmente cuando los artículos distribuidos tienen un valor económico o una utilidad distinta a la función promocional. Al limitar los materiales a productos textiles, el instituto establece un criterio verificable para partidos y autoridades fiscalizadoras.
También se mantiene la prohibición de utilizar la imagen, voz o nombre de niñas, niños y adolescentes en la propaganda de precampaña. El lineamiento deriva de criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y responde a la obligación de proteger los derechos de las personas menores de edad. La norma exige una atención especial en actos públicos, videos, transmisiones en vivo y publicaciones digitales, donde una aparición no autorizada puede amplificarse rápidamente.
Redes sociales entran al marco de supervisión
El reglamento incorpora un apartado específico para las campañas digitales, en reconocimiento de que las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de comunicación política. Los precandidatos deberán definir, dentro de sus propios partidos, cuáles serán las cuentas oficiales destinadas a la difusión de propaganda y mensajes relacionados con su proceso interno.
La identificación de cuentas oficiales busca hacer más clara la atribución de los mensajes y facilitar la vigilancia sobre los contenidos difundidos. Si un medio digital registrado es cancelado, modificado o sustituido, el cambio deberá notificarse al partido político en un plazo no mayor a dos días. Esta obligación pretende evitar que se utilicen canales alternos sin control partidista o que la autoridad enfrente dificultades para identificar el origen de materiales promocionales.
Entre las conductas prohibidas figuran la publicidad presentada en forma de noticia, la difusión de información falsa, el contenido violento y las referencias a la vida privada de otros precandidatos cuando no exista un interés público justificable. Estas restricciones trasladan al entorno digital principios ya presentes en la regulación electoral: transparencia sobre quién emite el mensaje, respeto a la dignidad de las personas y responsabilidad sobre la información que circula durante la competencia.
El desafío será aplicar las reglas de forma consistente
La inclusión de disposiciones digitales responde a una realidad en la que la propaganda ya no depende sólo de espectaculares, reuniones o materiales impresos. Las plataformas permiten difundir mensajes de manera inmediata, segmentar audiencias y replicar contenido a través de cuentas personales, partidistas o de terceros. Esa dinámica puede dificultar la distinción entre expresiones espontáneas, comunicación institucional y propaganda financiada o coordinada.
La eficacia del reglamento dependerá de que los partidos informen oportunamente sus canales oficiales, capaciten a sus equipos y establezcan controles internos sobre los materiales que distribuyen. También requerirá criterios claros del IEEG para atender quejas y valorar casos en los que una publicación pueda afectar la equidad de la contienda. La aplicación uniforme de las reglas será determinante para que las restricciones no se conviertan en obligaciones formales sin capacidad de incidir en la competencia real.
Con el calendario y las nuevas disposiciones, Guanajuato adelanta la organización de una etapa que suele definir buena parte de las candidaturas locales. El marco aprobado no elimina por sí mismo los conflictos propios de la selección partidista, pero ofrece parámetros para encauzarlos. La revisión puntual de las fechas, la supervisión de la propaganda y la vigilancia de la actividad digital serán factores relevantes para sostener la certeza y la equidad en el proceso electoral.
