El 84% de los mexicanos considera que internet y las redes sociales son poco o nada seguros para niñas, niños y adolescentes, según una encuesta de Enkoll realizada para EL PAÍS y W Radio. El resultado refleja una preocupación ampliamente extendida por los riesgos digitales, aunque también muestra que la sociedad aún no tiene una posición única sobre quién debe asumir la responsabilidad principal de proteger a los menores.
La encuesta fue levantada por vía telefónica, con la intervención de un operador humano, a 1.205 personas durante la última semana de agosto. El estudio se incorporó al seguimiento de la opinión pública realizado en el contexto del segundo informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México e incluyó, por primera vez, un bloque específico sobre el uso de internet y redes sociales entre menores de edad.
Desconocidos, acoso y adicción, entre los principales temores
La percepción de inseguridad está vinculada, principalmente, con la posibilidad de que los menores entren en contacto con desconocidos, sufran ciberacoso o maltrato, accedan a contenidos violentos o desarrollen problemas de adicción. La respuesta no distingue entre plataformas concretas: apunta, de manera general, a un entorno digital que las familias consideran difícil de supervisar y cuyos riesgos pueden extenderse más allá del horario escolar.
El dato coincide con el argumento que la presidenta Sheinbaum ha colocado en el centro del debate durante julio y agosto. A principios de ese último mes, la mandataria citó en una de sus conferencias matutinas el Estudio Nacional de Opinión Pública, Protección de Audiencias y Regulación de Redes para Menores. De acuerdo con ese estudio, el 86% de los consultados consideró muy importante o algo importante que se elaborara una propuesta para regular el acceso de los menores a las redes sociales.
Sin embargo, el conocimiento concreto de la iniciativa oficial es menor que el respaldo general a regular. Enkoll preguntó si los participantes habían escuchado que el Gobierno analizaba una propuesta para normar el uso de las redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes. Solo la mitad respondió que conocía esa iniciativa. La diferencia sugiere que existe una demanda social de protección más amplia que la información disponible sobre el contenido, el alcance y los plazos de la política pública.
Gobierno y empresas, casi empatados como responsables
Al preguntar quién debería regular la protección de los menores, la opinión se dividió en tres posiciones principales. El 35% señaló al Gobierno como responsable, mientras que el 33% atribuyó esa tarea a las empresas tecnológicas. Otro 23% consideró que ambas partes deberían actuar de manera conjunta; el resto no supo o no respondió.
La distribución revela que no hay un mandato social nítido para que la regulación recaiga exclusivamente en el Estado. Aunque el Gobierno aparece ligeramente por delante, la suma de quienes reclaman una intervención empresarial exclusiva o compartida muestra que las plataformas son percibidas como actores centrales. La lógica detrás de esa expectativa es que las compañías controlan el diseño de los servicios, los sistemas de recomendación, los mecanismos de denuncia y parte de las herramientas de verificación de edad.
Al mismo tiempo, el resultado deja abierta una cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar la intervención gubernamental sin afectar el acceso a la información, la privacidad o la libertad de expresión. La encuesta registra una preocupación elevada por la seguridad, pero no resuelve por sí sola cómo equilibrar la protección de los menores con el uso educativo y social de las tecnologías.
Amplio respaldo a limitar contenidos, horarios y cuentas
El cuestionario planteó varias medidas concretas y encontró una opinión general favorable en todos los casos. Entre ellas estuvieron exigir a las plataformas que protejan a los menores de contenidos inapropiados para su edad, limitar el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en primarias y secundarias, restringir el tiempo dedicado a las redes sociales y pedir autorización de madres o padres para que los menores abran cuentas.
El respaldo a estas propuestas encaja con la inquietud expresada en las respuestas iniciales: si el principal temor es la exposición a daños difíciles de controlar, las medidas preferidas apuntan a aumentar la supervisión y reducir el tiempo o las condiciones de acceso. No obstante, el apoyo genérico a una restricción no permite conocer qué mecanismos serían aceptables para las familias ni cómo se aplicaría la norma en hogares con distintos niveles de acceso digital.
Las reglas para las escuelas siguen sin presentarse
El calendario del Gobierno contemplaba presentar a finales de agosto los lineamientos para el uso de celulares y redes sociales en las escuelas. Esa presentación no se produjo. El ciclo escolar comenzó el 31 de agosto y ese mismo día el secretario de Educación, Mario Delgado, acudió a la conferencia de prensa presidencial, aunque se limitó a informar sobre los resultados de una consulta realizada a medio millón de docentes.
La gran mayoría de los profesores consultados consideró necesario contar con lineamientos para regular el uso de dispositivos digitales durante las clases. Ese respaldo docente aporta una dimensión distinta a la opinión de las familias: el debate no se limita a los riesgos de las redes, sino que también involucra la disciplina en el aula, la atención de los estudiantes y el posible uso pedagógico de los teléfonos.
Por ahora, no está definido públicamente cuál será el modelo que el Gobierno mexicano pretende aplicar en las escuelas ni cómo se coordinará con una eventual regulación general de las plataformas. Sheinbaum ha insistido en varias ocasiones en que no existe una intención oculta de censurar ni de eliminar las tecnologías de la educación. La falta de reglas anunciadas, sin embargo, mantiene abiertas las preguntas sobre los límites, las responsabilidades y la forma de hacer cumplir cualquier medida.
Protección común o decisión familiar
La encuesta también preguntó si debería priorizarse la regulación del acceso y el uso de internet o si correspondería a cada familia decidir. El 35% defendió que se trata de una prerrogativa de madres y padres, mientras que el resto se inclinó por proteger a niñas, niños y adolescentes mediante reglas más estrictas para el uso de internet y las redes sociales.
El resultado apunta a una mayoría favorable a establecer estándares comunes, pero no elimina el papel de las familias. La discusión que enfrenta México combina así tres niveles: la responsabilidad de los hogares, la obligación de las escuelas y el poder regulatorio del Estado frente a empresas tecnológicas. La tarea pendiente será convertir la preocupación social registrada por las encuestas en normas claras, proporcionales y aplicables, sin dejar sin respuesta los riesgos que motivaron el debate.
