El precio de algunas cervezas podría aumentar entre 60 centavos y un peso por unidad si prospera una propuesta que analiza la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados como parte de los trabajos rumbo al Paquete Económico 2027. El planteamiento también contempla aplicar un impuesto de carácter extrafiscal a determinados alimentos procesados que rebasen los niveles de sodio establecidos en las disposiciones sanitarias.
La medida todavía no constituye una decisión aprobada ni implica un cambio inmediato para consumidores o empresas. Se trata de una propuesta surgida de las conclusiones de un grupo de trabajo sobre el tratamiento fiscal de las bebidas alcohólicas y otros productos procesados. Su eventual aplicación dependerá del debate legislativo, de la evaluación de sus efectos económicos y de la aprobación de las modificaciones correspondientes.
Un aumento pequeño por unidad, pero amplio en su alcance
El ajuste a la cerveza tendría un impacto relativamente limitado en cada compra individual, pero podría generar una recaudación significativa debido al volumen de ventas del producto. Los escenarios revisados estiman ingresos adicionales cercanos a 6 mil 500 millones de pesos. Bajo el escenario recomendado, la recaudación conjunta del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pasaría de 140 mil 586 millones a aproximadamente 147 mil 37 millones de pesos, lo que representa un incremento estimado de 4.6 por ciento.
El efecto final sobre el consumidor dependería de la forma en que las empresas y los comercios trasladen el impuesto. Aunque la estimación oficial se ubica entre 60 centavos y un peso por cerveza, el precio en el punto de venta también puede variar por la presentación, la marca, el canal de distribución y los márgenes comerciales. Por esa razón, el impacto no necesariamente sería idéntico para todos los productos ni para todas las regiones.
¿Por qué la cerveza aparece como el objetivo principal?
La justificación de concentrar el incremento en la cerveza se relaciona con el peso que tiene dentro del mercado nacional de bebidas alcohólicas. De acuerdo con las cifras presentadas durante la exposición de las conclusiones del grupo de trabajo, la cerveza representa 93.1 por ciento del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México y aporta 63.3 por ciento de la recaudación del IEPS correspondiente al sector.
Los destilados, en contraste, representan 6.3 por ciento del volumen y contribuyen con 33.3 por ciento del IEPS, mientras que el vino concentra 0.6 por ciento del volumen y aporta 3.5 por ciento de la recaudación. Estas diferencias explican la lógica fiscal de la propuesta: gravar el segmento de mayor tamaño permitiría obtener más recursos con una modificación relativamente acotada en la tasa o en la carga aplicada.
La diputada Vanessa López Carrillo sostuvo que la capacidad económica y la participación de mercado de la cerveza justifican que el ajuste se concentre principalmente en este producto. Sin embargo, esa misma dimensión comercial hace que cualquier cambio tenga efectos extendidos sobre fabricantes, distribuidores, establecimientos y consumidores frecuentes.
El segundo frente: productos con exceso de sodio
La propuesta incorpora un componente distinto al aumento de la cerveza. En este caso, el objetivo declarado no sería únicamente recaudar, sino utilizar el sistema tributario para modificar los incentivos de la industria y desalentar el consumo de productos con concentraciones elevadas de sodio.
Entre los alimentos que podrían quedar bajo análisis se encuentran algunas sopas instantáneas o ramen, aderezos y otros productos procesados que portan el sello de advertencia “exceso de sodio”. El posible gravamen se aplicaría a los artículos que superen los parámetros establecidos por las disposiciones sanitarias, aunque la propuesta aún debe precisar el alcance del impuesto, los productos incluidos y la metodología para determinar su aplicación.
La lógica de esta medida parte de un problema de salud pública: un consumo elevado de sodio se asocia con distintos riesgos para la salud. Desde esa perspectiva, el encarecimiento de los productos con mayor contenido podría reducir su demanda o impulsar a los fabricantes a reformular sus ingredientes para evitar el impuesto y retirar, eventualmente, la advertencia sanitaria.
El debate no termina en la recaudación
El diseño de un impuesto extrafiscal plantea una discusión más compleja que la de una medida orientada exclusivamente a incrementar los ingresos públicos. Si la carga se traslada completamente al precio, el consumidor enfrentaría un aumento; si las empresas absorben una parte, podrían reducir sus márgenes o modificar sus estrategias comerciales. También existe la posibilidad de que algunas compañías reformulen sus productos, aunque eso dependerá del costo de sustituir ingredientes, de la aceptación del consumidor y de los límites tecnológicos de cada categoría.
La diputada López Carrillo señaló que la finalidad del gravamen no debe ser exclusivamente recaudatoria. El propósito, de acuerdo con la propuesta, sería promover cambios en la composición de los alimentos, disminuir el consumo de productos con altos niveles de sodio y prevenir daños asociados con su ingesta excesiva. El resultado dependerá de que el impuesto tenga una magnitud suficiente para cambiar conductas, pero también de que existan alternativas accesibles y claras para los consumidores.
En el caso de la cerveza, el debate se orienta principalmente a la capacidad recaudatoria y a la distribución del costo entre productores, comercios y compradores. En el caso de los alimentos con exceso de sodio, la discusión añade una dimensión de política sanitaria. Ambas medidas comparten, sin embargo, un mismo riesgo: que el impacto económico sea inmediato, mientras que los beneficios esperados sobre las finanzas públicas o los hábitos de consumo tarden más en materializarse.
La decisión todavía está pendiente
Las propuestas serán consideradas dentro del proceso de análisis fiscal del Paquete Económico 2027. Antes de convertirse en norma, deberán superar la discusión legislativa sobre su viabilidad, sus efectos en los precios, la competitividad de la industria y la posible carga para los hogares.
Por ahora, no existe una obligación vigente de pagar un peso adicional por cada cerveza ni un impuesto aprobado para todas las sopas instantáneas o productos con sello de exceso de sodio. Lo que sí está abierto es una definición de política pública: aumentar la recaudación mediante productos de consumo masivo y, al mismo tiempo, intentar que los impuestos funcionen como instrumentos para modificar hábitos. La manera en que se establezcan las tasas, las excepciones y los mecanismos de evaluación determinará si el resultado será una fuente adicional de ingresos, un incentivo efectivo para reformular productos o simplemente un aumento trasladado al bolsillo de los consumidores.
