Japón redujo de 60 a 30 km/h la velocidad máxima en calles residenciales estrechas, una reforma que entró en vigor esta semana y que alcanza a cerca del 70% de las vías generales del país. La norma se aplica automáticamente a los tramos urbanos de menos de 5,5 metros de ancho que no tienen línea central ni señales específicas de velocidad.
El objetivo es reducir los accidentes graves y mortales en barrios densamente poblados, donde peatones, ciclistas y automóviles comparten una calzada estrecha. Niños y adultos mayores concentran buena parte de las víctimas, un problema que no ha evolucionado al mismo ritmo que la seguridad en rutas y avenidas principales.
La velocidad, en el centro del riesgo
La decisión responde al aumento registrado en 2025 en las muertes ocurridas en calles residenciales. Aunque el total de fallecidos por accidentes de tránsito cayó a un mínimo histórico de 2.457, los decesos y las lesiones graves de niños y personas mayores en este tipo de vías se mantienen desde 2021 en torno a 300 casos anuales y volvieron a crecer el año pasado.
La relación entre velocidad y supervivencia explica el cambio regulatorio. En colisiones con vehículos que circulan a 30 km/h o menos, la mortalidad peatonal es inferior al 1%. El índice sube al 2,7% entre 30 y 40 km/h y llega al 17,4% cuando el impacto ocurre entre 50 y 60 km/h. La diferencia convierte una reducción aparentemente limitada en una medida con efectos potencialmente decisivos.
Japón ya había probado las llamadas “zonas 30” desde 2011 en áreas residenciales y recorridos escolares. Allí, los muertos y heridos graves disminuyeron un 30%, resultado que respaldó la ampliación nacional. La reforma no exige obras ni nueva señalización en la mayoría de los casos, pero desplaza al conductor una parte importante de la responsabilidad: reconocer qué calles están alcanzadas y adaptar la conducción a un espacio compartido.
El desafío inmediato será el cumplimiento. La extensión de la norma a unos 870.000 kilómetros de caminos simplifica su aplicación, pero complica la fiscalización. Su impacto dependerá de que los automovilistas conozcan la regla y de que las autoridades logren controlar una red vial extensa y sin cambios físicos visibles.
