El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, declaró este viernes durante alrededor de media hora ante el Tribunal de Instancia de Pamplona, investigado por una presunta desobediencia tras no comparecer en dos ocasiones ante una comisión del Parlamento de Navarra. Según su abogado, Javier Asiáin, respondió a todas las preguntas de la juez, la Fiscalía y la representación de la Cámara foral, aunque evitó revelar el contenido de la declaración.
Una citación parlamentaria en el origen
La causa parte de la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal después de que el Parlamento remitiera el caso a los tribunales. Entrecanales había sido citado el 20 de enero y el 9 de febrero para informar sobre contratos, licitaciones y procedimientos administrativos vinculados a Acciona y a obras realizadas o financiadas por el Gobierno navarro durante las últimas cuatro legislaturas. En ambas sesiones acudieron otros directivos de la empresa, pero no su presidente.
La comisión investigaba, entre otros asuntos, la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Belate a una unión temporal de empresas integrada por Acciona, Osés Construcción y Servinabar. Esta última firma ha sido relacionada presuntamente con Santos Cerdán. La investigación judicial no resuelve ahora la legalidad de aquella adjudicación, sino si el máximo responsable de Acciona incumplió una obligación derivada de un requerimiento parlamentario.
El alcance del procedimiento
La comparecencia se celebró en fase de instrucción y, por tanto, sin carácter público. Entrecanales llegó al Palacio de Justicia una hora antes de la cita y confirmó a EFE que estaba dispuesto a declarar, pero abandonó el edificio por una salida trasera sin atender a los medios. La defensa no avanzó cuál será el siguiente paso procesal.
El caso sitúa el foco en los límites de la capacidad de control de una comisión parlamentaria sobre responsables empresariales. La clave jurídica será determinar si las ausencias tuvieron una justificación suficiente o si, como sostiene la denuncia, existió una desatención penalmente relevante al mandato de la Cámara. La declaración del empresario cierra una diligencia significativa, pero no anticipa todavía una decisión sobre su eventual responsabilidad.
