Madrid, 4 sep (EFE).- La declaración conjunta del IRPF continúa en el centro del debate fiscal español por un doble efecto: mientras diversos organismos advierten de que puede desincentivar la incorporación de las mujeres al empleo, la reducción asociada a esta modalidad sigue siendo un respaldo relevante para hogares con un solo perceptor, pensionistas y familias con personas dependientes. La discusión no gira ya solo en torno a mantener o suprimir una ventaja tributaria, sino sobre cómo reformarla sin trasladar el coste a contribuyentes con escasa capacidad para cambiar su situación económica.
Esta opción permite integrar en una única declaración los ingresos de los miembros de una unidad familiar, ya sea un matrimonio o un progenitor con hijos. A cambio, el IRPF contempla una reducción de 3.400 euros para los matrimonios y de 2.150 euros para las unidades monoparentales. El mecanismo resulta especialmente ventajoso cuando uno de los cónyuges no obtiene rentas o percibe ingresos inferiores al importe de la reducción, una circunstancia que se ha ido reduciendo con el aumento de la participación laboral femenina.
Una modalidad cada vez menos utilizada por los matrimonios
Los datos de la Agencia Tributaria reflejan ese cambio social y laboral. Las declaraciones conjuntas de matrimonios descendieron de 4,5 millones en 2004 a 3,5 millones en 2014 y a 2,3 millones en 2024. En dos décadas, por tanto, la cifra se ha reducido prácticamente a la mitad. En cambio, las declaraciones conjuntas de unidades monoparentales aumentaron desde alrededor de medio millón hasta 0,8 millones en el mismo periodo.
El secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno, señala que la declaración conjunta de los matrimonios solo compensa cuando las rentas de uno de los miembros no superan los 3.400 euros de reducción. Esa situación suele coincidir con la ausencia de empleo remunerado y es “cada vez más residual”, por lo que el beneficio alcanza a un número progresivamente menor de familias. La caída de las declaraciones conjuntas también evidencia que la tributación individual se ha consolidado como la alternativa habitual en hogares con dos salarios.
Sin embargo, la reducción no afecta a todos los contribuyentes de la misma manera. De las 2,3 millones de declaraciones conjuntas de matrimonios registradas en 2024, 1,99 millones tenían a un hombre como declarante principal. Cerca de un millón correspondían a familias con hijos, con una media de 1,8 menores por declaración, y 448.841 aplicaron deducciones por ascendientes, descendientes o cónyuges con discapacidad. Estas cifras muestran que una parte sustancial de los beneficiarios combina ingresos limitados con responsabilidades familiares o de cuidados.
El efecto sobre el empleo femenino
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el comité de expertos para la reforma fiscal y el propio Gobierno han coincidido en que el diseño actual puede introducir un desincentivo para el segundo perceptor de renta del hogar, una posición ocupada con frecuencia por la mujer. La medida no establece una discriminación formal por sexo, pero sus consecuencias pueden reforzar una distribución desigual del trabajo remunerado y de los cuidados.
La profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León Marta González explica que concentrar los ingresos de ambos cónyuges en una sola declaración puede aumentar la dependencia económica de quien percibe menos renta. En un hogar que acaba de tener un hijo, por ejemplo, la comparación entre el salario que obtendría la madre, el ahorro fiscal derivado de mantener la declaración conjunta y el coste de la escuela infantil puede llevar a concluir que la reincorporación laboral no compensa. Según la experta, ese cálculo puede ser engañoso, porque deja fuera las consecuencias futuras de abandonar o interrumpir la carrera profesional: menores cotizaciones, peores oportunidades salariales y una pensión potencialmente más baja.
La cuestión adquiere relevancia en un contexto en el que las políticas de igualdad y empleo buscan elevar la participación laboral femenina. Una deducción diseñada para aliviar la carga tributaria de hogares con un solo ingreso puede, al mismo tiempo, hacer más atractiva desde el punto de vista inmediato la permanencia fuera del mercado laboral. El reto para el sistema tributario consiste en distinguir entre los casos en que existe una elección condicionada por la falta de servicios de cuidados y aquellos en los que no hay una alternativa real de incorporación laboral.
Intentos de reforma sin aplicación efectiva
El Gobierno planteó en 2021 una eliminación gradual de la reducción, después de que la AIReF estimara un año antes que el coste de la medida rondaba los 2.400 millones de euros. La propuesta figuró en un anexo del Plan de Recuperación, pero generó una fuerte reacción política. El PP sostuvo que la modificación perjudicaría a familias de rentas medias y bajas, y el Ejecutivo aclaró posteriormente que se trataba de una referencia incluida en el informe de impacto de género y no de un compromiso cerrado.
La reforma no llegó a materializarse. En 2022, el comité de expertos para la reforma fiscal volvió a proponer la supresión de la reducción en su libro blanco, acompañada de un mínimo personal y familiar que ajustara mejor el impuesto a las circunstancias de cada contribuyente. Tampoco esa alternativa prosperó. La secuencia revela la dificultad de modificar un beneficio fiscal cuyo impacto es heterogéneo: puede actuar como freno al empleo del segundo perceptor, pero también como apoyo directo para hogares cuya estructura de ingresos no puede cambiarse a corto plazo.
La protección de los hogares con menor margen de ajuste
El Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos sostiene que presentar la declaración conjunta como un privilegio de rentas altas simplifica en exceso su alcance. A su juicio, beneficia principalmente a familias que viven de una nómina o una pensión, incluidos matrimonios de edad avanzada en los que uno de los cónyuges nunca cotizó. También alcanza a hogares con una persona dependiente o con discapacidad que previsiblemente no accederá al mercado laboral.
González comparte que una eventual supresión afectaría a personas sin capacidad real para modificar su situación. Por ello, considera necesaria una transición gradual y acompañada de compensaciones claras, como un refuerzo de las políticas de cuidados y dependencia. El IEE plantea que una mayor recaudación solo sería equilibrada si retornara a las familias mediante tipos inferiores en los primeros tramos del impuesto, mínimos familiares más altos o una deducción específica para el segundo perceptor.
La reducción por declaración conjunta, por tanto, conserva una función protectora aunque su uso entre matrimonios disminuya. Cualquier modificación deberá ponderar el incentivo laboral, la equidad entre modelos familiares y la realidad de quienes dependen de un solo ingreso por edad, discapacidad o tareas de cuidado. Sin medidas compensatorias, la reforma podría corregir una distorsión de género a costa de aumentar la carga fiscal de hogares con menos opciones para adaptarse.
