La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha remitido más de 20.000 comunicaciones a empresas de todo el país durante junio de 2026 para señalar posibles irregularidades en contratos temporales y de fijos discontinuos. Las compañías afectadas disponen de un plazo de treinta días para corregir las situaciones detectadas de forma voluntaria antes de que se inicien expedientes sancionadores.
Esta actuación forma parte del I Plan de Choque contra el Fraude en la Contratación, la primera operación de este tipo que pone en marcha la Inspección en 2026. El objetivo es identificar aquellos contratos que, por su naturaleza, deberían transformarse en indefinidos ordinarios o en relaciones laborales estables que no se ajusten al modelo de fijos discontinuos.
Criterios de detección y alcance
El plan se centra en dos modalidades principales. Por un lado, detecta contratos temporales utilizados para cubrir puestos que, por su carácter permanente, requieren una relación indefinida. Por otro, examina los contratos de fijos discontinuos que, en la práctica, encubren empleos fijos ordinarios. Para este segundo grupo, el criterio utilizado es que el trabajador haya permanecido al menos diez meses y medio en alta en la misma empresa durante los últimos doce meses.
Las cifras del operativo reflejan la magnitud del esfuerzo: se cursaron 20.149 comunicaciones que afectan a 31.545 contratos. De ellas, 9.076 avisos corresponden a contratos temporales irregulares, con 14.071 relaciones laborales implicadas. Las 10.973 restantes se dirigen a empresas con contratos de fijos discontinuos bajo sospecha, involucrando 17.474 contratos.
Contexto de la reforma laboral
Esta iniciativa se produce en un momento en que la reforma laboral de 2022 sigue desplegando sus efectos sobre la estructura de contratación en España. La reducción del uso de contratos temporales ha sido uno de los indicadores más seguidos, aunque persisten prácticas que la Inspección considera que vulneran el espíritu de la norma. El plan actual busca cerrar esos resquicios mediante una primera fase de aviso voluntario antes de pasar a la vía inspectora y sancionadora.
Las empresas que reciban la comunicación tienen la oportunidad de regularizar sin sanción inmediata. Si no acreditan la corrección en el plazo de un mes, la Inspección iniciará las actuaciones correspondientes, que pueden derivar en multas administrativas cuya cuantía varía según la gravedad y la reincidencia.
Implicaciones para empresas y trabajadores
Para las compañías, el mensaje es claro: la Inspección dispone de herramientas de cruce de datos que permiten identificar patrones de contratación anómalos a gran escala. Esto obliga a revisar internamente los contratos vigentes y a anticipar posibles transformaciones de fijos discontinuos en indefinidos ordinarios cuando las condiciones así lo exijan.
Desde la perspectiva de los trabajadores, la regularización puede suponer un cambio significativo en estabilidad y derechos, especialmente en sectores donde el uso de fijos discontinuos ha sido extensivo. No obstante, las empresas conservan la capacidad de argumentar la naturaleza estacional o intermitente de la actividad cuando corresponda, lo que abre un espacio de diálogo antes de cualquier sanción.
El plan se enmarca en una estrategia más amplia de la Inspección de Trabajo para reforzar el cumplimiento normativo sin recurrir de inmediato a procedimientos sancionadores. Su desarrollo futuro dependerá de la respuesta de las empresas en este primer mes y de la capacidad de la Administración para gestionar los expedientes que puedan derivarse.
