El expresidente boliviano Luis Arce ha rechazado cualquier vínculo entre sus conversaciones con José Luis Rodríguez Zapatero y los litigios que enfrenta el Grupo Gloria en Bolivia. El caso, originado en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal española, revela pagos de 200.000 euros al exlíder socialista por supuesta intermediación entre 2024 y 2025. Arce, actualmente en prisión preventiva por presunto desvío de fondos, insiste en que sus encuentros con Zapatero se limitaron a la mediación política dentro del Grupo de Puebla durante la crisis interna del MAS en las elecciones de 2025.
Orígenes del conflicto cementero
El litigio entre SOBOCE y FANCESA tiene raíces que preceden al gobierno de Arce. En 2010, durante la administración de Evo Morales, el Estado boliviano expropió acciones de FANCESA que pertenecían al Grupo Gloria. La medida generó una demanda arbitral por 269,4 millones de dólares que la Corte Permanente de Arbitraje rechazó en noviembre de 2023 al considerar que SOBOCE es una empresa local y no un inversionista extranjero protegido por el tratado Perú-Bolivia. Esta decisión cerró una vía específica, pero dejó pendiente la compensación por la expropiación, un asunto que sigue en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional desde julio de 2025 sin sentencia firme.
El caso ilustra cómo las nacionalizaciones de la década pasada continúan generando fricciones jurídicas una década después. La demanda de competencia desleal presentada por FANCESA contra SOBOCE en 2025 derivó en una acción de amparo que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvió a favor de la empresa peruana. El entonces procurador Ricardo Condori Tola impugnó esa resolución públicamente, demostrando que el Ejecutivo de Arce mantuvo una postura de defensa de los intereses estatales en lugar de favorecer a la compañía demandada.
Mediación fallida y pagos cuestionados
El informe policial español sitúa a Carmen Almendras, embajadora boliviana en Madrid entre 2007 y 2015, como posible intermediaria entre Zapatero y directivos del Grupo Gloria. Arce ha aclarado que Almendras no ocupó cargo alguno en su gobierno y que sus funciones posteriores se limitaron a la gobernación de Chuquisaca. Esta distinción resulta relevante porque separa la trayectoria diplomática de la etapa de Arce en la presidencia, reduciendo el margen para acusaciones de tráfico de influencias directas.
El pago de 200.000 euros, justificado mediante un contrato simulado con Focus Social Research, plantea interrogantes sobre cómo se financian las gestiones de exmandatarios en el extranjero. El caso Plus Ultra, del que forma parte esta investigación, ya había revelado patrones similares de facturación opaca. Cuando un expresidente recibe fondos de una empresa que mantiene litigios pendientes con otro Estado, la línea entre asesoría legítima y gestión de influencias se vuelve difusa, especialmente si esas gestiones buscan reuniones con autoridades en ejercicio.
Repercusiones en la justicia boliviana
La exigencia de Arce de que cualquier investigación respete la presunción de inocencia y los parámetros del derecho internacional adquiere particular peso en un país donde el sistema judicial enfrenta acusaciones recurrentes de politización. El hecho de que el Tribunal Constitucional aún no haya resuelto el caso SOBOCE-FANCESA después de más de un año refleja tanto la complejidad técnica como las presiones políticas que rodean estos expedientes. Una resolución favorable a la empresa peruana podría interpretarse como resultado de influencias externas, mientras que una decisión contraria podría avivar tensiones diplomáticas con Perú.
El precedente afecta también a otros procesos arbitrales y de expropiación pendientes en Bolivia. Si se demuestra que intermediarios externos lograron modificar el curso de litigios mediante pagos a figuras políticas, los tribunales bolivianos enfrentarán mayor escrutinio internacional sobre su independencia. Esto podría complicar futuros acuerdos de inversión y aumentar las primas de riesgo que exigen las empresas extranjeras para operar en el país.
Efectos regionales y en el Grupo de Puebla
Zapatero ha participado activamente en intentos de mediación entre las facciones del MAS lideradas por Arce y Evo Morales. El informe policial menciona conversaciones en las que el español sugería contactar al presidente boliviano para resolver asuntos del Grupo Gloria. Esta superposición entre mediación política y gestiones empresariales erosiona la credibilidad de los mecanismos de diálogo regional impulsados por el Grupo de Puebla. Otros expresidentes que participan en iniciativas similares podrían ver cuestionada su actuación cuando mantengan vínculos económicos con empresas que operan en los mismos países donde intervienen políticamente.
Para Perú, el caso representa un recordatorio de los riesgos que enfrentan sus conglomerados regionales cuando las decisiones judiciales bolivianas se perciben como influenciables. El Grupo Gloria mantiene inversiones en varios países sudamericanos; cualquier percepción de que sus intereses se defienden mediante pagos a exdirigentes extranjeros podría generar reacciones regulatorias en otros mercados.
Perspectivas a largo plazo
El episodio revela las dificultades para establecer límites claros entre la actividad política posterior al mandato y los intereses económicos privados. En América Latina, donde numerosos expresidentes mantienen perfiles internacionales de consultoría, la ausencia de regulaciones estrictas sobre conflictos de interés facilita situaciones como la investigada en España. Bolivia, por su parte, deberá demostrar que sus tribunales pueden resolver el caso SOBOCE sin dejarse condicionar por presiones externas ni por la narrativa de tráfico de influencias que ahora circula.
La resolución final del Tribunal Constitucional y el desenlace de la investigación española determinarán si este episodio queda como un caso aislado de presunta intermediación fallida o si marca un punto de inflexión en la forma en que se fiscaliza la actividad de exmandatarios en la región.
