El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado la necesidad de que España movilice todos los recursos disponibles hacia Venezuela tras los terremotos del 25 de junio. Su declaración llega en un momento en que las cifras oficiales elevan a 235 los fallecidos y superan los 4.300 heridos, mientras equipos de la Unidad Militar de Emergencias ya operan sobre el terreno.
Más allá de la respuesta inmediata, el pronunciamiento abre un debate sobre el papel histórico de España en la cooperación con Venezuela y las consecuencias que una mayor implicación podría tener tanto en la política exterior española como en la estabilidad regional.

Antecedentes de una relación compleja
Venezuela y España mantienen vínculos que se remontan al periodo colonial y se han reconfigurado a lo largo de dos siglos de independencia. Durante las últimas dos décadas, la presencia de más de 200.000 ciudadanos venezolanos en territorio español ha convertido la relación en un asunto de política interna. Al mismo tiempo, la crisis económica y política que atraviesa Venezuela desde 2013 ha multiplicado las solicitudes de ayuda humanitaria. Los terremotos del pasado jueves se producen sobre un tejido social ya debilitado por la falta de mantenimiento de infraestructuras y la escasez de suministros médicos, factores que amplifican el impacto de cualquier catástrofe natural.
La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ha mantenido programas de asistencia médica y educativa en Venezuela incluso en periodos de tensión diplomática. Esta continuidad contrasta con la postura más variable de otros países europeos y explica por qué Feijóo ha subrayado que España está “obligada” a responder. La obligación no deriva solo de la cercanía geográfica o histórica, sino de una red de compromisos adquiridos en tratados de cooperación bilateral que siguen vigentes.
Repercusiones en la política española
El posicionamiento de Feijóo introduce un elemento de consenso temporal en un contexto de fuerte polarización interna. Al agradecer explícitamente el trabajo de la UME, el Ejército del Aire y los sanitarios, el líder popular sitúa la respuesta humanitaria por encima de las diferencias partidistas. Sin embargo, esta postura también plantea interrogantes sobre la futura orientación de la política exterior española hacia América Latina si el PP alcanzara el gobierno. Una mayor implicación podría traducirse en un incremento presupuestario para la AECID, pero también en presiones para que España actúe como puente entre la Unión Europea y Caracas en temas de reconstrucción.
En términos prácticos, el envío de personal militar especializado no es nuevo. España ya desplegó equipos de la UME tras el terremoto de Haití en 2010 y en distintas emergencias en Centroamérica. Cada operación ha servido para perfeccionar protocolos de coordinación con organismos internacionales, experiencia que ahora se aplica en Venezuela. No obstante, la duración de la estancia de estos efectivos dependerá de la evolución de las réplicas y de la capacidad de las autoridades locales para asumir la gestión de los campamentos de damnificados.
Efectos a medio y largo plazo
Desde el punto de vista humanitario, la llegada de ayuda española puede aliviar la presión sobre hospitales saturados, pero no resuelve el déficit estructural de camas y medicamentos que Venezuela arrastra desde antes de los sismos. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras han documentado en años anteriores cómo la falta de insumos básicos multiplica la mortalidad por causas secundarias a los desastres. Si la cooperación se limita a la fase de rescate y no se extiende a la rehabilitación de infraestructuras sanitarias, el riesgo de un repunte de enfermedades infecciosas en los próximos meses seguirá siendo elevado.
En el plano regional, la respuesta española podría servir de referencia para otros países de la Unión Europea que han mantenido una actitud más contenida hacia Venezuela. Una coordinación efectiva entre Madrid y Bruselas permitiría canalizar fondos del mecanismo de protección civil europeo y evitar la duplicación de esfuerzos. Al mismo tiempo, la presencia visible de personal español genera expectativas entre la población venezolana que, si no se cumplen en la fase de reconstrucción, podrían traducirse en frustración y tensiones diplomáticas futuras.
Finalmente, el episodio refuerza la discusión sobre la necesidad de contar con fondos de contingencia más robustos dentro del presupuesto español de defensa y cooperación. Las operaciones de emergencia han demostrado ser impredecibles tanto en frecuencia como en coste; sin una dotación específica y flexible, cada nuevo desastre obliga a reasignar recursos de otros programas, generando ineficiencias acumuladas.
La combinación de factores históricos, operativos y presupuestarios indica que la ayuda enviada tras los terremotos no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una relación que seguirá exigiendo decisiones estratégicas en los próximos años.
