La propuesta presentada por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, para promover la salida de palestinos de Gaza hacia terceros países introduce un nuevo factor de inestabilidad en una guerra que ya ha devastado el enclave, debilitado sus estructuras civiles y tensado las relaciones de Israel con buena parte de sus aliados. El planteamiento, divulgado el 3 de septiembre, prevé que 250.000 gazatíes abandonen el territorio durante el primer año y que el resto de una población aproximada de dos millones lo haga a lo largo de los seis años posteriores. Aunque Ben Gvir lo describe como “emigración” y niega que implique coerción, la propuesta debe leerse dentro de un contexto material muy distinto al de una migración ordinaria: Gaza ha sufrido destrucción masiva, desplazamientos internos, restricciones de movilidad y una emergencia humanitaria prolongada.
La dimensión política doméstica es inseparable del anuncio. Ben Gvir, líder de Poder Judío y figura central de la extrema derecha israelí, ha lanzado esta iniciativa semanas antes de las elecciones generales del 27 de octubre. Su mensaje conecta con un electorado que reclama una respuesta más dura después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y que desconfía de cualquier fórmula que preserve una presencia palestina significativa en Gaza. Sin embargo, convertir esa aspiración ideológica en política aplicable exigiría resolver obstáculos diplomáticos, jurídicos, logísticos y financieros de enorme escala. El anuncio revela, sobre todo, cómo el futuro demográfico de Gaza se ha convertido en un instrumento de competencia electoral dentro de Israel.
Una cifra electoral frente a una realidad de desplazamiento
El objetivo de trasladar a 250.000 personas en doce meses equivale a movilizar, de media, más de 20.000 personas al mes desde un territorio sin aeropuerto operativo, con cruces fronterizos sujetos a controles israelíes y egipcios, y con acceso marítimo fuertemente restringido. La escala importa: no se trata de facilitar visados para individuos que cuentan con empleo, vivienda y redes familiares en el exterior, sino de crear una ruta de salida para una población que en gran parte ha perdido hogares, ingresos, documentación y acceso estable a servicios esenciales. Cada traslado requeriría identificación, autorización de salida, transporte, recepción, alojamiento, escolarización, atención sanitaria y un estatus legal claro en el país de destino.
Ben Gvir afirmó que varios países estarían dispuestos a recibir gazatíes, sin identificar cuáles ni en qué condiciones. Esa ausencia no es un detalle secundario. Ningún programa de reasentamiento de esta magnitud puede sostenerse sin acuerdos públicos con Estados receptores, mecanismos de financiación y garantías sobre residencia, derechos laborales, reunificación familiar y retorno. Los países árabes vecinos, especialmente Egipto y Jordania, han rechazado repetidamente fórmulas que puedan consolidar la expulsión de palestinos o trasladar a sus territorios un conflicto sin resolver. Para El Cairo, una llegada masiva a la península del Sinaí también plantea problemas de seguridad interna y el riesgo de que una medida presentada como temporal se vuelva irreversible.
El primer punto de fricción, por tanto, no es técnico sino político: llamar voluntaria a una salida ocurre en un entorno donde la alternativa para muchas personas puede ser permanecer entre ruinas, desplazamiento, escasez y operaciones militares. En derecho internacional, el consentimiento no se evalúa únicamente por la ausencia de una orden explícita de expulsión. También importa el contexto de presión, las condiciones de vida y la posibilidad real de rechazar la partida. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe los traslados forzosos y las deportaciones de personas protegidas desde territorio ocupado, con excepciones estrechas para evacuaciones temporales vinculadas a la seguridad de civiles o a razones militares imperativas. Presentar un movimiento permanente de población como una solución de gestión humanitaria no elimina ese escrutinio.
La palabra “voluntaria” concentra la disputa jurídica
La defensa de Ben Gvir se apoya en una distinción formal: incentivar la emigración no sería obligar a nadie a abandonar su tierra. Pero esa tesis enfrenta un problema sustantivo. Una decisión individual de buscar refugio fuera de una zona de guerra puede ser comprensible e incluso inevitable; otra cuestión es que una autoridad con control determinante sobre fronteras, seguridad y condiciones materiales diseñe un programa cuyo resultado esperado sea vaciar el territorio de su población. La diferencia entre asistencia de emergencia y cambio demográfico deliberado se convierte aquí en el núcleo de la controversia.
La memoria palestina amplifica esa sensibilidad. La Nakba de 1948, término con el que los palestinos describen la huida y expulsión de cientos de miles de personas durante la creación de Israel, no opera sólo como referencia histórica: estructura la percepción de riesgo colectivo ante cualquier iniciativa que plantee salidas masivas sin una garantía efectiva de retorno. En Gaza, donde una proporción elevada de la población procede de familias refugiadas de otras zonas de la Palestina histórica, la promesa de una reubicación externa difícilmente puede separarse de esa experiencia. Por ello, incluso un programa respaldado por incentivos económicos sería visto por muchos palestinos como una forma de desposesión si no preserva de manera verificable el derecho a regresar.
Este es el segundo elemento que puede estar siendo subestimado por quienes promueven el plan: el problema no termina al cruzar una frontera. La creación de una diáspora gazatí más amplia trasladaría a otros países las necesidades de asistencia, integración y seguridad, pero no resolvería las reivindicaciones políticas que alimentan el conflicto. La experiencia regional muestra que los desplazamientos prolongados tienden a convertirse en asuntos de varias generaciones. Líbano, Jordania y Siria han convivido durante décadas con poblaciones palestinas refugiadas cuyas condiciones jurídicas y sociales difieren, pero que comparten la falta de una solución política definitiva. Repetir ese patrón con Gaza podría internacionalizar aún más una crisis que Israel busca contener.
La coalición de Netanyahu y el valor de una propuesta difícil de ejecutar
Ben Gvir no necesita demostrar de inmediato que su proyecto puede realizarse para obtener rendimiento político. En una campaña ajustada, una propuesta maximalista puede cumplir tres funciones: fijar el debate en términos de seguridad y soberanía, presionar al Likud de Benjamin Netanyahu para que adopte posiciones más duras y diferenciar a Poder Judío de competidores de derecha que defienden objetivos similares con un lenguaje más cauteloso. La viabilidad práctica puede ser limitada, pero su utilidad como señal ideológica es inmediata.
La declaración del ministro de Defensa, Israel Katz, añade complejidad. Katz sostuvo que el Gobierno tiene planes para desplazar a palestinos de Gaza, aunque espera que Estados Unidos determine adónde podrían ser llevados. Esa formulación sugiere que la cuestión no se reduce a una iniciativa aislada de Ben Gvir, sino que existe una disputa dentro del oficialismo sobre ritmo, lenguaje y respaldo internacional. Para Netanyahu, mantener unida una coalición frágil exige atender a socios de extrema derecha que pueden amenazar la estabilidad parlamentaria. Al mismo tiempo, el primer ministro debe preservar la cooperación militar, financiera y diplomática con Washington, que no puede ignorar el coste regional de un desplazamiento masivo.
La dependencia de Estados Unidos limita la autonomía de cualquier plan de reubicación. Washington puede influir sobre corredores humanitarios, financiación de reconstrucción y conversaciones con gobiernos árabes, pero difícilmente podrá imponer a terceros países la acogida de cientos de miles de personas sin desencadenar resistencia interna y regional. Además, la administración estadounidense tendría que valorar el efecto de respaldar, incluso indirectamente, una medida que numerosos actores interpretarían como limpieza étnica o traslado forzoso. El coste no sería sólo reputacional: podría dificultar la cooperación con socios árabes en seguridad, energía, rutas comerciales y contención de Irán.
La economía de Gaza no admite una reconstrucción basada en la salida
La tercera conclusión es económica y territorial. Una Gaza vaciada parcial o mayoritariamente no sería un espacio “resuelto”, sino una zona con responsabilidades de ocupación, seguridad y reconstrucción aún más inciertas. Las guerras destruyen capital físico, pero también redes familiares, empresas, escuelas, hospitales y capacidades profesionales. Si una parte sustancial de la población abandona el enclave, se reduce el tejido humano indispensable para reactivar servicios públicos, reparar infraestructura y sostener actividad privada. El desplazamiento puede parecer a corto plazo una forma de reducir la presión sobre recursos escasos; a medio plazo puede profundizar la dependencia de ayuda externa y dificultar la recuperación.
La población palestina tampoco es un bloque homogéneo. Algunas familias podrían considerar la salida como una vía de supervivencia, en especial si tienen parientes en el extranjero, posibilidades de trabajo o acceso a visados. Otras rechazarían partir por temor a no regresar, por apego a su comunidad o porque carecen de redes fuera. Las organizaciones humanitarias enfrentarían un dilema delicado: asistir a personas que deciden salir es una obligación humanitaria, pero participar en un esquema que pudiera normalizar la expulsión permanente dañaría los principios de protección civil. Esta tensión explica por qué la gobernanza del proceso, sus garantías y su supervisión internacional importarían tanto como las cifras anunciadas.
Para Israel, el cálculo tampoco es lineal. Sectores de la derecha ven una reducción de la población palestina en Gaza como un avance de seguridad y una oportunidad para redefinir el control territorial. Sin embargo, una salida masiva podría intensificar la radicalización, aumentar el aislamiento diplomático y abrir nuevas vías de presión judicial internacional. Las condenas ya expresadas por Naciones Unidas, Francia y Alemania tras anteriores declaraciones de Ben Gvir indican que el margen de tolerancia de socios occidentales es limitado. La percepción de que Israel impulsa una ingeniería demográfica tendría efectos sobre relaciones bilaterales, acuerdos comerciales, cooperación académica y debate público en países aliados.
Los próximos meses medirán la distancia entre discurso y capacidad estatal
El escenario más probable en el corto plazo no es una evacuación de dos millones de personas, sino una combinación de presión política, negociaciones opacas sobre salidas limitadas y uso electoral de la propuesta. La ausencia de países receptores identificados, la oposición esperable de los vecinos y los obstáculos legales hacen improbable una ejecución rápida a la escala anunciada. Pero descartar el plan por inviable sería un error: las políticas de desplazamiento pueden avanzar de manera gradual mediante restricciones de acceso, incentivos económicos, permisos selectivos o acuerdos temporales que luego se prolongan.
Tras las elecciones del 27 de octubre, la correlación de fuerzas en Israel será decisiva. Una coalición dependiente de partidos de extrema derecha podría convertir el desplazamiento en una exigencia de gobierno; un Ejecutivo con mayor margen centrista podría moderar el lenguaje sin resolver la cuestión de fondo sobre quién administrará Gaza y bajo qué arreglo político. También influirán un eventual alto el fuego, la posición de Egipto, la presión de los países árabes y la disposición estadounidense a condicionar apoyo a garantías concretas para la población civil.
El mayor riesgo es que el debate sobre la “emigración” desplace la discusión esencial: cómo proteger a civiles, asegurar el acceso humanitario, reconstruir Gaza y establecer una arquitectura política que evite la repetición de la guerra. Sin una respuesta creíble a esas cuestiones, cualquier salida masiva será percibida como una transferencia del problema, no como una solución. La propuesta de Ben Gvir puede reforzar su perfil electoral, pero también eleva el coste de alcanzar un acuerdo regional y estrecha el espacio para una reconstrucción que reconozca a los gazatíes como sujetos con derechos, no como una población que debe ser administrada fuera de su territorio.
