El Gobierno de México pidió formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. La solicitud está relacionada con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes la existencia de la petición y señaló que forma parte de un expediente que la Fiscalía mantiene abierto desde hace tiempo. Pereyra Gálvez permanece en Estados Unidos, por lo que su eventual traslado dependerá primero de la decisión de las autoridades estadounidenses sobre la captura provisional y, posteriormente, del desarrollo del procedimiento de extradición.
La ruta financiera del caso
La acusación mexicana apunta a una posible participación de Pereyra Gálvez en operaciones financieras vinculadas con la presunta red de corrupción y lavado de dinero asociada con su esposo. García Luna, quien fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, cumple una condena de prisión en ese país.
La petición ocurre pocos días después de que México anunciara la recuperación de 5,805,693.50 dólares vinculados con el mismo entramado. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que los recursos procedían del cobro de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades en Florida relacionadas con la familia Weinberg, señalada en las investigaciones junto con García Luna.
El dinero ya ingresó a la Tesorería de la Federación y será destinado a proyectos educativos, especialmente en la Montaña de Guerrero. La coincidencia temporal entre la recuperación de activos y la solicitud de extradición refleja una estrategia paralela: avanzar contra los presuntos responsables y, al mismo tiempo, recuperar recursos que México considera ligados al desvío de fondos públicos. Hasta ahora, la petición contra Pereyra Gálvez no implica una detención ni una extradición concedida; ambas medidas siguen bajo revisión en Estados Unidos.
