La discusión sobre un posible aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a alimentos no básicos con alto contenido de sodio y a bebidas alcohólicas ha abierto un frente que va más allá de la salud pública y de la recaudación fiscal. Para las tiendas de abarrotes, misceláneas y minisúpers, el riesgo no se limita a vender menos sopas instantáneas, botanas, cervezas o refrescos: está en perder visitas, reducir el ticket promedio y ceder una parte mayor de las compras cotidianas a cadenas con capacidad de absorber costos, financiar promociones y negociar mejores condiciones con proveedores.
El Paquete Económico 2027 todavía no define la tasa que se aplicaría a estos productos. Hoy, los alimentos no básicos con alta densidad calórica, como frituras, chocolates, botanas y sopas instantáneas, ya pagan un IEPS de 8%. Organizaciones civiles como El Poder del Consumidor y Fundar han propuesto llevarlo a 20%. La diferencia entre ambas tasas parece técnica, pero para el comercio de barrio representa una modificación relevante en una categoría cuyo valor no reside únicamente en el margen unitario, sino en su capacidad para atraer compras recurrentes.
El impuesto modifica el canal de compra, no sólo el producto elegido
El supuesto habitual detrás de los impuestos saludables es que un precio más alto reducirá el consumo de bienes asociados con riesgos sanitarios. Esa relación existe, especialmente cuando se trata de consumidores sensibles al precio. Sin embargo, en mercados altamente fragmentados como el mexicano, la respuesta no ocurre sólo en el anaquel. También cambia el lugar donde se compra, el tamaño de la presentación, la frecuencia de abastecimiento y la disposición a buscar promociones.
Una familia que antes adquiría una bebida o varias sopas instantáneas en la tienda de la esquina puede optar por concentrar esa compra en una Bodega Aurrerá, una tienda 3B, un Oxxo o algún formato de descuento. No necesariamente abandonará por completo el consumo gravado; puede sustituir la compra de una unidad por un paquete promocional o adquirirlo durante una compra semanal mayor. El resultado fiscal puede ser una menor venta por impulso en el pequeño comercio, aun cuando la demanda total del producto caiga menos de lo esperado.
Éste es un punto decisivo porque las tienditas operan bajo una lógica diferente a la de las grandes cadenas. Compran en volúmenes reducidos, enfrentan costos logísticos relativamente altos y tienen poco margen para negociar descuentos, plazos de pago o exhibiciones bonificadas. Una cadena con cientos o miles de puntos de venta puede compensar parte de un aumento de precios con promociones cruzadas, descuentos temporales o paquetes de varias unidades. El comercio independiente, en cambio, suele trasladar el ajuste con mayor rapidez al precio final, porque retenerlo erosiona un margen ya estrecho.
La escala se convierte en una ventaja fiscal indirecta
La desigualdad competitiva no nace del IEPS, pero un alza puede profundizarla. El impuesto se aplica formalmente al producto, no al formato comercial. Sin embargo, sus efectos no son neutros cuando los distribuidores tienen capacidades muy distintas. La gran cadena puede utilizar su escala para negociar con proveedores, optimizar la rotación del inventario y distribuir costos fijos entre muchas sucursales. La tienda de barrio depende, con frecuencia, de un mayorista, de repartidores con rutas limitadas o de compras directas que no alcanzan los umbrales comerciales de los autoservicios.
La primera consecuencia es una brecha de precios. La segunda, menos visible, es una brecha de percepción. Para el consumidor, un descuento por llevar seis unidades puede parecer una respuesta comercial a la inflación; para la tiendita, es una oferta difícil de replicar sin perder rentabilidad. Cuando esa diferencia se repite en refrescos, cerveza, botanas, cigarrillos y artículos de conveniencia, el cambio no es marginal: transforma la rutina de compra y reduce el papel de la tienda cercana como punto de abastecimiento diario.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, ha advertido que los consumidores migran hacia “bodeguitas” y formatos de proximidad que ofrecen incentivos para comprar más piezas. Su argumento merece atención no porque las tiendas pequeñas deban quedar exentas de toda política sanitaria, sino porque expone una omisión frecuente en el diseño tributario: un impuesto puede reducir determinadas ventas y, al mismo tiempo, redistribuir poder de mercado hacia los operadores con mayor capacidad financiera.
El verdadero golpe está en el ticket completo
La fragilidad de las tienditas se explica por la composición de cada visita. Botanas, dulces, galletas, bebidas y sopas instantáneas son productos de alta rotación y bajo desembolso. A menudo funcionan como artículos ancla: motivan la entrada al establecimiento y abren la puerta a compras complementarias de pan, leche, tortillas, huevos, productos de limpieza o artículos de uso inmediato. Su relevancia, por tanto, supera la utilidad que deja una sola pieza.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, resume el problema al señalar que no puede evaluarse cada IEPS de forma aislada. Si un cliente deja de entrar por un refresco, la tienda no pierde únicamente el margen de esa bebida. También pierde la posibilidad de vender otros bienes no gravados. En términos comerciales, el impuesto puede afectar una canasta completa, aunque sólo recaiga directamente sobre unas cuantas categorías.
Este mecanismo ayuda a entender por qué el sector reporta ya una disminución de entre 8% y 12% en ventas tras los cambios fiscales aplicados a cigarros y bebidas azucaradas a principios de año. La cifra procede de representantes del comercio pequeño y debe leerse como una señal sectorial, no como una medición oficial homogénea para cada establecimiento. Aun así, ilustra el tamaño de la preocupación: para una tienda con ventas diarias cercanas a 8,000 pesos, una baja de 600 a 800 pesos afecta la reposición de inventario, el pago a proveedores y la liquidez con la que se cubren gastos diarios.
Una red de 1.3 millones de negocios con poca capacidad de amortiguamiento
ConComercio en Pequeño estima que el país cuenta con alrededor de 1.3 millones de abarrotes, misceláneas y minisúpers. No se trata de un bloque empresarial homogéneo. Hay comercios familiares con uno o dos trabajadores, puntos de venta en zonas populares, locales que combinan alimentos con recargas telefónicas y negocios que cubren áreas donde no existe un supermercado cercano. Pero comparten una característica: su operación depende de flujo constante más que de grandes márgenes por producto.
En este universo, una reducción moderada en la frecuencia de visitas puede tener efectos desproporcionados. Las grandes cadenas pueden sostener campañas promocionales durante semanas para defender tráfico; una tienda independiente rara vez dispone de capital para hacerlo. También enfrenta un problema de inventario: si el incremento del IEPS vuelve más lento el desplazamiento de ciertos productos, el dinero queda inmovilizado en anaqueles mientras otros artículos básicos deben reponerse. La presión es particularmente elevada para comercios que financian compras cortas y pagan proveedores con el efectivo generado día a día.
La tercera consecuencia posible es territorial. En colonias y comunidades donde la tiendita funciona como un servicio de cercanía, una pérdida sostenida de ventas puede reducir horarios, variedad de inventario o permanencia del negocio. La sustitución por cadenas no siempre es inmediata ni completa, especialmente fuera de corredores comerciales rentables. De ahí que la política pública deba considerar no sólo el precio final de un producto, sino la infraestructura comercial que permite a millones de personas resolver compras urgentes sin trasladarse largas distancias.
Salud pública y supervivencia comercial: una discusión mal planteada si se vuelve binaria
El objetivo sanitario del IEPS no es menor. México enfrenta una elevada carga de enfermedades asociadas con obesidad, diabetes, hipertensión y consumo excesivo de productos ultraprocesados. En ese contexto, encarecer productos con alto contenido de azúcar, sodio o calorías puede ser una herramienta legítima, sobre todo si se acompaña de información clara, acceso a alimentos saludables y políticas preventivas. El problema aparece cuando la discusión se reduce a escoger entre recaudar más o proteger a los comerciantes.
Los defensores de un incremento pueden argumentar que el precio debe reflejar costos sociales que hoy recaen sobre el sistema de salud. También sostienen que una tasa de 20% tendría un efecto más visible sobre decisiones de consumo que el gravamen actual de 8%. Su posición tiene una base razonable: un impuesto demasiado bajo puede convertirse en una señal débil, incapaz de modificar hábitos y de generar recursos suficientes para prevención y atención médica.
Los pequeños comerciantes responden con otra pregunta igualmente pertinente: ¿a dónde va el dinero recaudado? López Becerra demanda transparencia sobre cuánto se obtiene mediante estos gravámenes y qué proporción se dirige efectivamente a hospitales, medicamentos, atención de pacientes y campañas de prevención. La exigencia no es accesoria. Si los recursos ingresan a una bolsa general sin trazabilidad, el vínculo entre el sacrificio económico impuesto al consumo y el beneficio sanitario prometido se debilita políticamente.
Una tasa uniforme puede producir efectos desiguales
La principal debilidad de una eventual reforma sería asumir que todos los participantes absorben el impuesto de la misma manera. La tasa puede ser uniforme, pero las condiciones de mercado no lo son. Un fabricante grande puede rediseñar presentaciones, un autoservicio puede financiar descuentos y un consumidor con vehículo puede desplazarse a buscar paquetes. El tendero independiente no controla ninguna de esas variables. Por ello, un incremento sin medidas complementarias puede elevar la concentración del gasto en cadenas de descuento y conveniencia, aun si el consumo agregado disminuye.
Una alternativa de política más completa no requeriría renunciar al objetivo de salud. Podría incluir reglas de transparencia presupuestaria para etiquetar una parte verificable de la recaudación; campañas de información que no dependan exclusivamente del precio; y programas de transición para el pequeño comercio, como capacitación para ampliar su oferta de alimentos de mejor perfil nutricional, acceso a mejores esquemas de abasto o incentivos para incorporar productos frescos y básicos de alta rotación.
La lógica es económica y sanitaria. Si el Estado busca que el consumidor sustituya productos gravados por opciones más saludables, esas opciones deben estar disponibles en el punto de compra más cercano. De poco sirve desalentar una sopa instantánea si la tiendita no tiene condiciones de suministro, refrigeración o capital de trabajo para ofrecer alternativas competitivas. De lo contrario, el consumo puede migrar a otro canal sin una mejora proporcional en la dieta.
El Paquete Económico 2027 definirá más que una tasa
La negociación legislativa tendrá que responder a tres preguntas que hoy permanecen abiertas: cuál será la tasa final, qué productos estarán incluidos y cómo se utilizará la recaudación. También deberá medir efectos distributivos. Una alza puede afectar relativamente más a hogares de bajos ingresos, para quienes estos productos representan compras frecuentes y de bajo monto, aunque no necesariamente una gran parte de su gasto total. Si no hay opciones accesibles, el impuesto corre el riesgo de ser regresivo en el corto plazo.
Para los comercios pequeños, el escenario más complejo no es simplemente un aumento de precio. Es una combinación de menor tráfico, competencia promocional más agresiva, caída en ventas complementarias y presión de flujo de efectivo. Para las grandes cadenas, la reforma puede abrir una oportunidad para capturar compras periódicas mediante paquetes y descuentos. Para el gobierno, el desafío consiste en demostrar que el impuesto corrige un problema de salud sin reforzar, por diseño, una ventaja estructural de los actores con mayor escala.
La calidad de la política dependerá de si reconoce esa interacción. Un IEPS bien diseñado puede contribuir a reducir consumos dañinos y financiar atención médica. Uno aplicado sin transparencia, sin seguimiento del cambio de canales y sin mecanismos para que el comercio de barrio participe en la transición puede terminar recaudando más mientras acelera la pérdida de relevancia de una red comercial que sigue siendo esencial en la vida cotidiana de millones de hogares.
