A casi diez años del asesinato de Paola Buenrostro, un juez de control reclasificó el delito de transfeminicidio a feminicidio y vinculó a proceso a Arturo “N”, señalado como presunto responsable. La resolución abre una nueva etapa judicial en un caso que se convirtió en símbolo de la lucha de las mujeres trans por el reconocimiento de la violencia que enfrentan y por el acceso efectivo a la justicia.
Un avance con impacto nacional
Arturo “N” fue detenido a finales de agosto en Nicolás Romero, Estado de México, después de permanecer prófugo durante años. Con la vinculación a proceso, continuará sujeto al procedimiento penal por el asesinato de Buenrostro, ocurrido el 30 de septiembre de 2016 en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La decisión no equivale a una sentencia, pero impide que el expediente vuelva a quedar paralizado y permite que la acusación avance formalmente ante los tribunales.
La reclasificación se produce tras años de exigencias de colectivos y activistas trans, que reclamaron una investigación con perspectiva de género. Kenya Cuevas, activista y amiga de Paola, calificó el fallo como un día histórico para las personas trans en México y en la capital, al considerar que representa un reconocimiento judicial de su derecho a obtener justicia.
El caso también tiene una dimensión legislativa. En 2024 impulsó la llamada Ley Paola Buenrostro, que incorporó el transfeminicidio al Código Penal de la Ciudad de México. Por ello, el cambio de clasificación deberá analizarse dentro de un contexto más amplio: mientras el proceso busca determinar responsabilidades por un crimen ocurrido en 2016, la sociedad exige que las instituciones reconozcan de forma consistente la violencia específica contra las personas trans. El reto inmediato será que el juicio avance con perspectiva de género y concluya con una resolución fundada, evitando una nueva impunidad.
