El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga las actividades de una empresa de Florida que ofrece servicios de asistencia a mujeres extranjeras interesadas en dar a luz en el país. La pesquisa se centra en Miami Medical Concierge Services, conocida comercialmente como Have My Baby in Miami, y busca determinar si su modelo de negocio pudo incluir prácticas como el fraude de visado o la utilización abusiva del sistema migratorio.
La investigación adquirió relevancia nacional después de la comparecencia del médico Wladimir Lorentz, fundador y principal responsable médico de la compañía. Citado formalmente para declarar el 1 de septiembre, Lorentz invocó la Quinta Enmienda de la Constitución y se negó a responder las preguntas de los legisladores. Su abogado sostuvo que una respuesta veraz podía incriminarlo debido a una investigación federal pendiente en el sur de Florida.
Una citación marcada por el silencio del testigo
Según informaron Fox News y The Center Square, Lorentz había rechazado inicialmente comparecer de manera voluntaria a través de su abogado. El presidente del comité, James Comer, decidió entonces emitir una citación formal. Durante la audiencia, el médico leyó una breve declaración y repitió ante cada pregunta que, por recomendación de su defensa, se negaba respetuosamente a contestar.
Brandon Gill, legislador republicano que dirige un grupo de trabajo del comité dedicado a investigar posibles abusos institucionales, le preguntó por los materiales promocionales de la empresa, el contenido de las guías dirigidas a embarazadas extranjeras y el número de partos en los que había participado en Estados Unidos. La negativa se mantuvo en todos los casos. Ante la imposibilidad de avanzar, Gill excusó a Lorentz de continuar como testigo.
La invocación de la Quinta Enmienda no equivale por sí misma a una admisión de culpabilidad. Sin embargo, el hecho de que el médico la utilizara en el contexto de una investigación federal pendiente elevó el interés del Congreso por conocer la estructura y el alcance de la actividad comercial. La negativa también dejó sin respuesta pública varias preguntas sobre la relación entre los servicios médicos, la logística del viaje y la eventual orientación migratoria ofrecida a las clientas.
Qué ofrecía Have My Baby in Miami
La empresa, con operaciones en North Miami Beach, promocionaba un servicio de conserjería para mujeres extranjeras embarazadas que planeaban permanecer temporalmente en Estados Unidos. De acuerdo con Local 10 News, sus materiales incluían recomendaciones sobre alojamiento, telefonía, seguros médicos, documentación, transporte y otros aspectos prácticos de la estancia antes y después del parto.
Los perfiles comerciales de la firma afirmaban que sus servicios habían estado relacionados con el nacimiento de unos 2.000 bebés. La compañía difundía información en español y portugués y presentaba a Lorentz como su pediatra principal. La cobertura del canal local señaló que la propuesta comercial vinculaba el nacimiento en territorio estadounidense con una posible ventaja futura para los hijos de las clientas.
Local 10 News intentó obtener una respuesta de la compañía durante varias semanas mediante llamadas telefónicas, mensajes y correos electrónicos, pero no recibió contestación. Esa falta de respuesta impidió conocer la versión de la empresa sobre el alcance de sus servicios, sus protocolos para verificar la finalidad de los viajes y la forma en que explicaba a las clientas las normas de inmigración y ciudadanía.
El punto central: viajar, dar a luz y declarar el propósito del viaje
La investigación del Congreso no cuestiona que una mujer extranjera pueda viajar legalmente a Estados Unidos para recibir atención médica o dar a luz. Expertos citados por medios locales señalaron que ayudar a una extranjera durante el embarazo y el parto no es ilegal por sí mismo. El posible problema jurídico aparecería si una persona obtiene un visado temporal alegando un propósito distinto del real o si una empresa induce a presentar información falsa a las autoridades.
La carta de citación citada por The Center Square distingue entre la prestación de servicios a una embarazada y una eventual tergiversación deliberada del motivo del viaje. Esa diferencia será determinante para la pesquisa: el Congreso intenta establecer si existían estrategias de promoción que alentaran a las clientas a ocultar sus planes, si se facilitaban documentos engañosos o si se estructuraban paquetes comerciales destinados a eludir los controles migratorios.
Comer afirmó que el conocimiento de Lorentz sobre las prácticas de promoción y el funcionamiento de esta industria era relevante para la investigación. Gill, por su parte, describió el fenómeno como una industria en expansión que comercializa abiertamente el acceso potencial a la ciudadanía estadounidense y mencionó la llegada de mujeres procedentes, entre otros países, de China y Rusia. Esas declaraciones reflejan la preocupación republicana por los posibles efectos del fenómeno en la seguridad nacional, aunque las afirmaciones sobre conductas concretas deberán sustentarse con pruebas.
Investigación federal y límites constitucionales
El Departamento de Seguridad Nacional comunicó a Local 10 News que su división de Investigaciones de Seguridad Nacional examina redes o planes que promuevan el traslado de mujeres embarazadas con el objetivo de que sus hijos nazcan como ciudadanos estadounidenses. El organismo advirtió que no permitirá la explotación del sistema migratorio. La existencia de una pesquisa, no obstante, no significa que la empresa o sus responsables hayan sido declarados culpables de un delito.
El debate se desarrolla además mientras permanece abierta la disputa sobre el alcance de la ciudadanía por nacimiento. El profesor de Derecho Constitucional Ediberto Román, de Florida International University, afirmó que el servicio ofrecido por la compañía no es ilegal y que, en el marco jurídico vigente, la ciudadanía por nacimiento continúa siendo constitucional. También cuestionó que el presidente pueda modificar unilateralmente ese principio mediante un decreto, al considerar que la cuestión está vinculada con la Constitución y la Decimocuarta Enmienda.
Yahoo News informó que la jueza federal Deborah Boardman bloqueó en Baltimore la aplicación del decreto promulgado en 2026 por Donald Trump para los integrantes de una clase certificada de demandantes. En una resolución de 35 páginas, la magistrada concluyó que la medida era casi con certeza inconstitucional respecto de ese grupo y sostuvo que los menores protegidos por el litigio son ciudadanos desde el nacimiento. El fallo no resolvió todas las hipótesis planteadas por el Gobierno y quedó limitado a los demandantes de la acción colectiva.
El caso de Florida, por tanto, combina dos debates distintos: la posible comisión de fraude migratorio por parte de empresas o clientes y la validez constitucional de la ciudadanía por nacimiento. La primera cuestión depende de hechos, documentos y eventuales investigaciones penales; la segunda permanece condicionada por los tribunales. Mientras el Congreso busca ampliar la información sobre el negocio, ninguna de las dos controversias permite concluir, por sí sola, que la asistencia a mujeres extranjeras embarazadas sea ilegal.
