Cerca de 70 organizaciones civiles exigieron al Congreso de la Unión abrir un Parlamento Abierto antes de dictaminar la iniciativa ambiental enviada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. El reclamo no busca frenar la reforma, sino impedir que una legislación con efectos sobre ecosistemas, contaminación, territorio y derechos comunitarios sea aprobada bajo tiempos legislativos acelerados.
La propuesta presidencial, firmada el 26 de agosto y turnada a la Cámara de Diputados, plantea sustituir y actualizar el marco vigente desde 1988. Para el Ejecutivo, la nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental fortalecería la capacidad estatal para conservar, restaurar y prevenir daños ambientales, además de integrar conocimiento científico, saberes ancestrales y participación ciudadana.
El tiempo como garantía de calidad
Los firmantes, entre ellos el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Fracking, advierten que la urgencia política no debe sustituir la deliberación técnica. Recuerdan que la reforma de 1996 requirió cerca de 18 meses de discusión, un antecedente que, a su juicio, permitió incorporar perspectivas diversas y fortalecer el marco jurídico.
Las organizaciones piden plazos suficientes, publicación anticipada de diagnósticos y propuestas, mesas temáticas con intercambio real de argumentos y transparencia sobre qué aportaciones serán incorporadas o descartadas. También demandan participación de comunidades indígenas y afromexicanas, academia, sectores productivos y autoridades de los tres niveles de gobierno.
El punto de fondo es el principio de no regresión ambiental. Una ley renovada puede dar mayor certeza a comunidades e inversiones, pero su legitimidad dependerá de que no reduzca salvaguardas existentes ni concentre decisiones sin escrutinio público. La discusión legislativa definirá si la actualización responde a los nuevos riesgos climáticos y ecológicos con reglas más sólidas o si queda condicionada por la premura de su aprobación.
