La encuesta de la OCDE publicada en junio de 2026 revela que el 75 % de los mexicanos y peruanos considera la criminalidad uno de los tres principales desafíos nacionales. Esta cifra casi triplica el promedio del 28 % registrado entre los países miembros de la organización. El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa que México forma parte de la OCDE desde 1994, mientras Perú figura entre los candidatos a adhesión. La diferencia no solo refleja realidades delictivas distintas, sino también el grado de erosión de la confianza institucional acumulada durante décadas.
El origen de esta brecha se remonta a finales de los años noventa. En México, la desarticulación del cartel de Guadalajara y la posterior fragmentación de organizaciones criminales generaron una espiral de violencia que se intensificó tras la estrategia de “limpieza” iniciada en 2006. Estados como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas experimentaron tasas de homicidio superiores a 40 por cada 100 000 habitantes durante varios años consecutivos. Perú, por su parte, enfrentó la expansión de cultivos de coca en el VRAEM y el fortalecimiento de redes de narcotráfico que conectan la selva con puertos del Pacífico. Ambos procesos coincidieron con una debilidad estructural de los sistemas de justicia y policía, lo que explica por qué la percepción ciudadana supera con creces la media de países europeos donde las tasas de homicidio rondan los 1 o 2 por 100 000 habitantes.
Efectos sobre la inversión y el crecimiento económico
Cuando el 75 % de la población identifica la criminalidad como prioridad, las decisiones de inversión se ven directamente afectadas. En México, empresas manufactureras ubicadas en el norte del país reportaron incrementos superiores al 30 % en gastos de seguridad privada entre 2020 y 2025. Un caso concreto es el sector automotriz en Coahuila: varias plantas trasladaron líneas de producción a Texas o Nuevo León ante el incremento de extorsiones a transportistas. En Perú, el proyecto minero Las Bambas en Apurímac sufrió paralizaciones reiteradas por conflictos vinculados a grupos armados vinculados al narcotráfico, generando pérdidas estimadas en más de 400 millones de dólares anuales. Estos ejemplos ilustran cómo la percepción elevada de inseguridad se traduce en costos operativos adicionales que reducen la competitividad regional frente a países de la OCDE con menor preocupación ciudadana, como Austria o Estonia, donde el mismo indicador apenas alcanza el 17 % y el 5 % respectivamente.
Reconfiguración de las políticas públicas y cooperación internacional
El dato de la OCDE presiona a los gobiernos a modificar prioridades presupuestarias. En México, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana creció un 18 % entre 2024 y 2026, mientras que programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro sufrieron recortes. En paralelo, se observa un mayor acercamiento a mecanismos de cooperación regional: la participación mexicana en la Conferencia Regional sobre Migración y el fortalecimiento de la cooperación policial con Colombia y Ecuador responden, en parte, a la necesidad de mostrar resultados tangibles ante la ciudadanía. Perú, como candidato a la OCDE, ha debido presentar planes de reforma judicial que incluyen la creación de fiscalías especializadas en crimen organizado. Estas reformas, sin embargo, enfrentan el riesgo de ser percibidas como insuficientes si no logran reducir la tasa de victimización en los próximos tres años, lo que podría retrasar el proceso de adhesión.
A nivel social, la alta preocupación por la criminalidad modifica patrones de movilidad y cohesión comunitaria. En zonas urbanas de Lima y Ciudad de México, encuestas locales muestran que el 42 % de los jóvenes entre 18 y 29 años considera emigrar por motivos de seguridad, cifra que duplica los niveles de 2018. Este flujo migratorio selectivo reduce el capital humano disponible para sectores de alta productividad. Además, el temor generalizado debilita la participación ciudadana: juntas vecinales y comités de vigilancia en barrios periféricos de ambas capitales reportan menor asistencia a reuniones, lo que a su vez limita la capacidad de las autoridades locales para obtener información oportuna sobre actividades ilícitas.
Consecuencias a largo plazo para la gobernanza y la confianza institucional
La brecha entre la media de la OCDE y los niveles de México y Perú no es solo cuantitativa; representa una divergencia estructural en la relación entre Estado y sociedad. Cuando tres de cada cuatro ciudadanos priorizan la criminalidad por encima de la corrupción o el desempleo, la legitimidad de las instituciones democráticas queda erosionada de forma persistente. Estudios longitudinales del Latinobarómetro muestran que la confianza en la policía cayó del 31 % al 19 % en Perú entre 2017 y 2025, mientras que en México se mantuvo por debajo del 25 % durante el mismo período. Esta desconfianza dificulta la implementación de reformas que requieren cooperación ciudadana, como programas de denuncia anónima o patrullajes comunitarios. A diez años vista, si la percepción no mejora, ambos países podrían enfrentar un círculo vicioso donde la baja confianza reduce la efectividad de las políticas de seguridad, lo que a su vez alimenta mayor preocupación ciudadana.
En conclusión, el informe de la OCDE no solo documenta una diferencia estadística, sino que evidencia un desafío sistémico con ramificaciones económicas, migratorias y políticas que trascienden las fronteras nacionales. La capacidad de México y Perú para revertir esta tendencia dependerá de reformas que logren resultados medibles en reducción de violencia, no solo en incremento presupuestal.
