El Gobierno de Costa Rica propuso crear 533 nuevas plazas en 13 instituciones públicas como parte del presupuesto nacional de 2027, un plan que combina refuerzos para la seguridad penitenciaria y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con una reducción general del gasto frente al presupuesto aprobado para 2026. La iniciativa, entregada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, prevé además eliminar 276 puestos en distintas entidades estatales.
La distribución de los nuevos cargos revela las dos prioridades más visibles del proyecto: la puesta en funcionamiento de infraestructura destinada a combatir el crimen organizado y la preparación anticipada de los comicios municipales de 2028. Más de la mitad de las plazas se concentraría en el Ministerio de Justicia y Paz y en el TSE, dos instituciones con responsabilidades operativas específicas y con necesidades de personal vinculadas a calendarios ya definidos.
El nuevo centro penitenciario marca la principal expansión
El Ministerio de Justicia y Paz recibiría 271 plazas. El diputado Nogui Acosta, presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, confirmó a CR Hoy que esos puestos estarían destinados a la operación del Centro de Alta Contención para Crimen Organizado (CACCO), cuya apertura está prevista para finales de septiembre de 2026 en San Rafael de Alajuela.
La asignación supone que el presupuesto de 2027 no solo financiaría la continuidad de las funciones ordinarias del ministerio, sino también la incorporación de personal para una instalación concebida para atender a personas vinculadas con estructuras criminales de alta complejidad. La magnitud del refuerzo indica que el Gobierno considera la puesta en marcha del centro una operación institucional de gran escala, con efectos sobre la seguridad, la administración penitenciaria y la gestión de riesgos dentro de las cárceles.
El desafío no se limita a habilitar las plazas. La eficacia del CACCO dependerá de que los nuevos funcionarios cuenten con capacitación especializada, protocolos claros y coordinación con las autoridades judiciales y policiales. Sin esos elementos, el aumento de personal podría traducirse principalmente en mayores costos laborales sin garantizar una mejora equivalente en el control de las redes criminales.
El TSE se prepara con anticipación para 2028
El Tribunal Supremo de Elecciones tendría 76 plazas temporales bajo la modalidad de servicios especiales. El objetivo sería absorber el incremento de trabajo asociado con la organización de las elecciones municipales de 2028, incluidas la inscripción de candidaturas y diversas tareas administrativas y operativas.
La previsión presupuestaria refleja que la preparación electoral comienza mucho antes de la jornada de votación. La inscripción de candidaturas, la actualización de procedimientos, la logística territorial y la atención de consultas requieren capacidad institucional durante varios meses. Al tratarse de plazas temporales, el diseño busca ajustar el gasto a una demanda extraordinaria y evitar que una necesidad vinculada a un proceso electoral se convierta automáticamente en un aumento permanente de la nómina pública.
Sin embargo, la temporalidad también plantea exigencias de planificación. La contratación tardía o la rotación excesiva podrían afectar la memoria operativa del organismo encargado de organizar los comicios. El equilibrio entre flexibilidad presupuestaria y continuidad técnica será determinante para que los recursos aprobados tengan un efecto real en la calidad del proceso electoral.
Recortes selectivos en medio de una presión fiscal persistente
El proyecto contempla suprimir 276 puestos. La mayor reducción correspondería al Poder Judicial, que perdería 229 cargos fijos, mientras que la Asamblea Legislativa eliminaría 30. También se plantea retirar 12 puestos de servicios especiales del Consejo Nacional de Vialidad.
La combinación de nuevas plazas en áreas prioritarias y recortes en otras instituciones muestra que el Gobierno intenta reordenar la estructura del empleo público, más que aplicar una expansión generalizada. No obstante, la reducción de cargos fijos en el Poder Judicial puede abrir un debate sobre la capacidad de respuesta de los tribunales, especialmente en un contexto en el que la política de seguridad exige investigaciones, acusaciones y resoluciones judiciales oportunas.
El proyecto prevé un gasto total de ₡12,4 billones, unos 27.400 millones de dólares según la cotización de referencia de ₡452,67 por dólar correspondiente al 1 de septiembre de 2026. Esa cifra representa una disminución del 3,1% frente al presupuesto aprobado para 2026. La reducción responde a la necesidad de contener el gasto en un país cuya deuda pública continúa por encima del 60% del producto interno bruto (PIB).
La deuda absorbe cuatro de cada diez colones presupuestados
El financiamiento combinaría ingresos tributarios y endeudamiento. El 62,3% del presupuesto provendría de impuestos, entre ellos el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, mientras que el 37,7% restante se cubriría mediante deuda.
La estructura del gasto evidencia el margen limitado de las autoridades para reasignar recursos. El servicio de la deuda representaría el 40% del total, las transferencias corrientes y de capital alcanzarían el 28,2% y las remuneraciones supondrían el 24,7%. En términos prácticos, una parte sustancial del presupuesto queda comprometida antes de que el Estado pueda decidir cuánto destinar a seguridad, justicia, infraestructura o servicios sociales.
Hacienda estima que la deuda seguirá por encima del 60% del PIB durante 2027. El indicador permanece sobre ese umbral desde 2020, con la excepción de 2024, cuando se ubicó en 58,9%. Al cierre del primer semestre de 2026 había alcanzado el 61,1%, una evolución que mantiene la disciplina fiscal como una restricción central para cualquier política de expansión pública.
El trámite legislativo definirá el alcance final
El expediente 25.754 deberá ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios a más tardar el 20 de octubre. Posteriormente pasará al plenario, donde será discutido y votado en dos debates antes del 30 de noviembre.
Durante ese proceso, las plazas asignadas al CACCO, al TSE y las reducciones previstas para el Poder Judicial probablemente estarán entre los puntos de mayor escrutinio. La discusión no se limitará al monto total: también examinará si la distribución propuesta coincide con las urgencias operativas del país y si el ahorro derivado de los recortes compensa los compromisos asociados con las nuevas contrataciones y el servicio de la deuda.
