Recurso contra el acuerdo municipal
La asociación para la defensa del patrimonio de Carboneras, presidida por el exalcalde socialista Cristóbal Fernández, ha advertido al actual alcalde, Salvador Hernández (CS), de que presentará una querella por prevaricación si no anula el acuerdo plenario que revisó la licencia del hotel del Algarrobico y no retoma la tramitación desde el punto en que se incorporen los informes reclamados por varios concejales.
La advertencia figura en un recurso de reposición contra el acuerdo aprobado el 7 de julio para cumplir una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El tribunal ordenó revisar la licencia concedida en enero de 2003 a Azata del Sol, durante la etapa de Fernández como alcalde, al considerar que contenía vicios de nulidad.
El conflicto se centra en la sesión del 17 de junio, cuando cinco ediles del PSOE y dos concejales no adscritos votaron aplazar la decisión hasta disponer de nuevos informes económicos, jurídicos y técnicos. La asociación sostiene que el pleno posterior ejecutó directamente la revisión de la licencia sin acreditar que esos documentos hubieran sido solicitados, incorporados o descartados mediante una justificación concreta.
El Ayuntamiento declaró de facto la ilegalidad de la licencia, pero dejó para un procedimiento posterior el cálculo de una posible indemnización a la promotora. Defiende que carece de medios suficientes para evaluar ahora el impacto económico, una posición respaldada por el Consejo Consultivo de Andalucía. La asociación, en cambio, reclama que esa evaluación se realice antes de cerrar la decisión, sin que ello impida cumplir el mandato judicial dentro del plazo fijado.
La disputa añade presión política y penal a un expediente ya judicializado. La Fiscalía de Almería investiga además si los siete concejales que promovieron el aplazamiento de junio incurrieron en prevaricación administrativa. El recurso plantea así una cuestión central: si el Ayuntamiento actuó con la diligencia exigible para compatibilizar la ejecución de la sentencia con las garantías técnicas y económicas exigidas por sus propios concejales.
