El 28 y 29 de junio de 2026, Pakistán ejecutó la operación Ghazb Lil Haq contra supuestos campamentos de Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al-Khwarij en las provincias afganas de Paktia, Paktika y Kunar. Islamabad sostiene que los ataques fueron precisos y dirigidos únicamente a objetivos terroristas, mientras que las autoridades de Kabul reportan 36 civiles fallecidos. Esta discrepancia revive tensiones fronterizas que se arrastran desde la retirada estadounidense de 2021 y revela la fragilidad del control estatal en la región del Hindu Kush.
Las relaciones entre Pakistán e Afganistán han estado marcadas por la desconfianza desde la partición de 1947. La Línea Durand, trazada por los británicos, nunca fue reconocida plenamente por Kabul y divide comunidades pastunes a ambos lados de la frontera. Tras la caída del régimen talibán en 2001, Islamabad acusó a Kabul de permitir que grupos como el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) operaran desde territorio afgano. La llegada al poder de los talibanes en 2021 no resolvió el problema: Islamabad esperaba un aliado cooperativo, pero los talibanes afganos han mostrado reticencia a actuar contra facciones que comparten vínculos ideológicos con insurgentes paquistaníes.
Orígenes de la operación Ghazb Lil Haq
La operación anunciada por el Ministerio del Interior pakistaní forma parte de una estrategia más amplia iniciada tras el atentado de Peshawar de 2022, que mató a más de 80 personas. Desde entonces, el número de ataques terroristas en Pakistán ha aumentado un 58 % según datos del Pakistan Institute for Peace Studies. Las autoridades sostienen que Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al-Khwarij utilizan santuarios en las provincias afganas fronterizas para planificar incursiones. El uso de drones y artillería de largo alcance en la noche del 28 al 29 de junio se presentó como una respuesta quirúrgica, aunque Kabul afirma que las coordenadas apuntaron a zonas habitadas.
El contexto regional añade complejidad. China ha invertido más de 60 000 millones de dólares en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), cuyos tramos más vulnerables discurren cerca de la frontera con Afganistán. Cualquier escalada que desestabilice la zona amenaza directamente esos proyectos. Al mismo tiempo, Irán observa con recelo el fortalecimiento de grupos suníes extremistas en su frontera oriental, mientras que India ha denunciado repetidamente la supuesta connivencia de Pakistán con facciones afganas hostiles a Nueva Delhi.
Impacto en la población civil y la legitimidad talibán
La cifra de 36 civiles muertos, si se confirma, representa un desafío directo para el gobierno talibán. Desde 2021, los talibanes han intentado proyectar una imagen de control efectivo sobre todo el territorio afgano. Los ataques transfronterizos exponen la incapacidad de Kabul para proteger a sus ciudadanos y erosionan el apoyo popular en las provincias orientales, donde el descontento ya crece por la falta de servicios básicos y el aislamiento internacional. Organizaciones humanitarias locales reportan que el desplazamiento interno ha aumentado un 22 % en Paktika desde enero de 2026, en parte por temor a represalias paquistaníes.
Además, la narrativa de “ataques selectivos” choca con la realidad demográfica de la zona. Muchas aldeas pastunes se extienden a ambos lados de la frontera sin infraestructura que permita distinguir claramente entre combatientes y civiles. Cuando se produce una baja civil, las redes de parentesco activan ciclos de venganza que alimentan el reclutamiento de nuevos insurgentes, un patrón documentado en estudios del Centro de Estudios Estratégicos de Islamabad entre 2018 y 2024.
Repercusiones diplomáticas y de seguridad regional
La respuesta de Kabul ha sido convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque es improbable que se apruebe una resolución vinculante, el debate internacional podría derivar en mayor presión sobre Pakistán para que acepte mecanismos de verificación independientes. Países como Turquía y Qatar, que mantienen canales abiertos con los talibanes, podrían ofrecerse como mediadores, pero cualquier acuerdo requeriría que Islamabad acepte limitar sus operaciones transfronterizas, algo que considera un riesgo existencial para su seguridad interna.
En el largo plazo, la escalada podría acelerar la fragmentación del espacio afgano. Si los talibanes no logran disuadir nuevos ataques, facciones locales podrían buscar alianzas con potencias externas o con grupos armados rivales. Esto complicaría aún más los esfuerzos de la comunidad internacional por canalizar ayuda humanitaria, ya que la desconfianza entre actores estatales y no estatales se incrementaría. El flujo de refugiados hacia Pakistán, que ya supera los 600 000 desde 2023, podría multiplicarse, ejerciendo presión adicional sobre la frágil economía pakistaní y generando tensiones étnicas en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán.
La experiencia de la operación Zarb-e-Azb de 2014 demuestra que las campañas militares puramente cinéticas rara vez eliminan el apoyo social a los grupos insurgentes. Sin un marco político que aborde las causas estructurales del conflicto —incluida la falta de desarrollo económico en las zonas fronterizas y la ausencia de mecanismos de resolución de disputas transfronterizas—, cada nuevo ciclo de violencia reproduce las condiciones que lo originaron.
