Seis aspirantes morenistas a la coordinación estatal de los comités de defensa de la Soberanía y la Cuarta Transformación en Nuevo León acusaron al gobernador Samuel García Sepúlveda de intervenir en decisiones internas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). En una carta pública, Waldo Fernández, Judith Díaz, Andrés Mijes, Tatiana Clouthier, Felipe de Jesús Cantú y Clara Luz Flores exigieron al mandatario emecista respetar la autonomía universitaria y evitar cualquier intento de influir en la designación de directivos.
El pronunciamiento coloca en el debate público una reunión celebrada el miércoles 2 de agosto entre García, el rector Santos Guzmán, funcionarios de la Universidad y directores de preparatorias. El gobernador reconoció públicamente el encuentro, aunque negó que su propósito fuera presionar al rector para abandonar el cargo antes de la renovación de la Rectoría, prevista para noviembre de 2027.
Una acusación con horizonte en 2027
La relevancia del reclamo no reside solamente en una reunión entre autoridades, sino en el momento en que ocurre. La sucesión rectoral aún se encuentra a más de un año de distancia, pero las fuentes internas consultadas por el medio señalaron que el tema central del encuentro privado habría sido la eventual salida de Santos Guzmán y la llegada del abogado Mario Alberto Garza Castillo. La versión no ha sido confirmada por la administración estatal ni por la Universidad.
Garza Castillo presidió en 2021 la entonces Comisión Estatal Electoral, hoy Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y fue quien entregó a Samuel García la constancia como gobernador electo. Esa relación institucional previa no demuestra por sí misma una operación política, pero explica por qué su nombre adquiere relevancia dentro de la denuncia: los firmantes sostienen que una eventual imposición de perfiles cercanos al Ejecutivo vulneraría el principio de independencia de la UANL.
La autonomía como eje de la disputa
Bajo el título “La autonomía de la UANL se respeta”, los aspirantes afirman estar preocupados por una “evidente intervención” del gobernador en las decisiones de la casa de estudios. Su argumento parte de un principio central: la autonomía no es una declaración simbólica, sino una condición para que una universidad pública defina sus órganos de gobierno, sus prioridades académicas y sus decisiones administrativas sin presiones partidistas ni condicionamientos presupuestales.
La carta advierte sobre una “cada vez más notoria intromisión” del Ejecutivo estatal para establecer reglas que beneficien a directivos afines. También convoca a estudiantes, docentes y personal universitario a defender sus derechos democráticos. El lenguaje utilizado revela que el documento busca ir más allá de un deslinde electoral: intenta convertir la defensa de la UANL en un tema de interés para una comunidad universitaria amplia, históricamente influyente en la vida pública de Nuevo León.
El reto de separar interlocución e injerencia
La relación entre un gobierno estatal y una universidad pública es inevitable. La UANL depende de coordinación institucional en materias como presupuesto, infraestructura, movilidad, seguridad y políticas de educación superior. Por ello, una reunión entre el gobernador y autoridades universitarias no constituye, por sí sola, una violación a la autonomía. El punto de quiebre aparece cuando la interlocución administrativa se transforma en presión sobre los mecanismos internos de elección o permanencia de sus autoridades.
En ese contexto, la falta de información detallada sobre el contenido de la reunión alimenta la controversia. García ha rechazado pretender la salida de Santos Guzmán, mientras que la acusación de los aspirantes se apoya en testimonios de fuentes internas. Para despejar el conflicto, las partes involucradas tendrían que ofrecer explicaciones verificables sobre los acuerdos abordados y, sobre todo, garantizar que cualquier proceso rumbo a 2027 se conduzca bajo las normas universitarias, sin tutelaje externo.
Una disputa que rebasa a la Rectoría
El posicionamiento también refleja la competencia política que atraviesa Nuevo León. Morena busca consolidar presencia frente a Movimiento Ciudadano, que gobierna el estado, y la UANL representa un espacio de alto valor público por su peso académico, territorial y social. Defender su autonomía permite a los aspirantes cuestionar al gobierno estatal desde un tema con resonancia institucional, sin limitar la discusión a una confrontación partidista convencional.
La respuesta de la comunidad universitaria será determinante. Si el debate se reduce a intercambios de acusaciones entre actores políticos, la discusión corre el riesgo de diluirse. Si, en cambio, estudiantes, docentes, órganos colegiados y autoridades universitarias exigen reglas transparentes, información pública y respeto a los procedimientos internos, el caso puede reforzar una conversación necesaria sobre los límites de la influencia gubernamental en las instituciones autónomas.
La UANL ha sido durante décadas una pieza clave en la formación profesional, la investigación y el desarrollo de Nuevo León. Por esa razón, cualquier sospecha de intervención merece escrutinio público, pero también evidencia suficiente. La exigencia central planteada por los seis aspirantes es que la Universidad conserve la capacidad de decidir su rumbo con libertad; el desafío inmediato para el gobierno estatal y la Rectoría es demostrar, con hechos y no sólo con declaraciones, que esa frontera será respetada.
