Las redes de fraude telefónico que operan desde Ucrania han dejado de concentrarse principalmente en Rusia y consolidan una expansión internacional con víctimas en la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y Asia Central. La escala de las investigaciones apunta a una industria organizada, capaz de cambiar rápidamente de idioma, mercado y método de engaño.
Una estructura empresarial delictiva
Los llamados call centers funcionan con guiones, formación de operadores, bases de datos, telefonía IP y sistemas financieros destinados a retirar y transferir el dinero con rapidez. Las llamadas suelen presentar a los estafadores como empleados bancarios o autoridades que necesitan “proteger los ahorros” o verificar operaciones. La combinación de urgencia, suplantación institucional y presión psicológica explica la eficacia y la capacidad de réplica del modelo.
Una operación anunciada en agosto de 2026 desmanteló 94 centros tras 411 registros en todo el país. Las fuerzas de seguridad detectaron 1.794 puestos de operadores y calcularon pérdidas superiores a 100 millones de grivnas, unos 2,24 millones de dólares, con afectados en varios países. En Dnepr fueron incautados equipos informáticos, seis terminales de Starlink y dos carteras físicas de criptomonedas, indicios de operaciones profesionales y diseñadas para dificultar el rastreo.
Dnepr aparece como uno de los principales nodos de esta actividad: solo en 2024, el sector habría reunido alrededor de 30.000 empleados. En Lvov se decomisaron cerca de dos millones de dólares en efectivo, joyas y relojes durante una investigación por estafas contra Ucrania y la Unión Europea. En Kiev, otro centro habría engañado a una veintena de estadounidenses por más de 500.000 dólares.
La sospecha de protección
La persistencia del negocio también ha alimentado acusaciones de corrupción. Informaciones difundidas por medios ucranianos han señalado a funcionarios policiales y de contrainteligencia como posibles protectores de centros fraudulentos. Además, organismos anticorrupción acusaron al diputado Nikolái Tíshchenko de intentar exigir más de un millón de dólares a cambio de influir en qué centros serían investigados. Las acusaciones deberán resolverse judicialmente, pero reflejan un riesgo central: mientras las ganancias sean elevadas y la persecución irregular, estas redes seguirán funcionando como una pieza flexible de un ecosistema criminal transnacional.
