La Junta de Andalucía ha endurecido su marco disciplinario ante el acoso escolar: cuando un expediente confirme un caso, el cambio de centro del alumno responsable será, con carácter general, la medida aplicable. El decreto convierte así una sanción antes reservada entre varias opciones para faltas graves en la referencia específica frente al maltrato reiterado psicológico, verbal o físico entre estudiantes.
Una prioridad, no un automatismo
La nueva redacción del Reglamento Orgánico de los institutos refuerza la protección de la víctima y evita que la continuidad del agresor en el mismo entorno sea la respuesta ordinaria. Sin embargo, el traslado no queda configurado como una sanción automática: el centro deberá valorar proporcionalidad, edad y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno.
La decisión exigirá expediente disciplinario, audiencia al estudiante, información a sus representantes legales si es menor, instructor y plazo de alegaciones. Esta garantía procedimental limita el margen para aplicar castigos indiscriminados, pero también obliga a los centros a acreditar con rigor la existencia de acoso antes de adoptar la medida más severa.
Protocolos y agresiones al personal
La modificación deberá incorporarse de forma inmediata al protocolo de acoso escolar, una demanda de UGT para que el profesorado disponga de criterios operativos más claros. El decreto también refuerza la respuesta ante agresiones a docentes o personal no docente: la dirección deberá avisar de inmediato a Inspección Educativa, cuyo inspector de referencia tendrá que acudir al centro y atender al profesional afectado. Todas las actuaciones deberán quedar registradas en Séneca, elevando la trazabilidad y la supervisión de cada caso.
