Querétaro impulsa un esquema de descarbonización empresarial basado en incentivos económicos, compensación de emisiones y vinculación con propietarios forestales de la Sierra Gorda. De acuerdo con Marco del Prete, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal, 59 industrias participan actualmente en el mecanismo, con una reducción acumulada cercana a 114 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente y más de 1.2 millones de toneladas compensadas.
El modelo busca modificar el enfoque tradicional de la regulación ambiental, centrado principalmente en obligaciones, límites y sanciones. La propuesta estatal parte de que la protección ambiental puede ganar alcance cuando la reducción de emisiones se relaciona con ahorros operativos, mejoras tecnológicas y oportunidades económicas para empresas y comunidades que conservan ecosistemas. La información fue difundida por el funcionario estatal tras presentar el esquema ante la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Un mecanismo que combina reducción directa y compensación
La estrategia distingue entre dos vías para disminuir la huella climática de las compañías. La primera consiste en reducir emisiones dentro de sus propias operaciones, mediante procesos más eficientes, menor consumo energético, sustitución de combustibles, aprovechamiento de materiales o incorporación de tecnologías con menor intensidad de carbono. La segunda permite compensar una parte de las emisiones que, en el corto plazo, las empresas no pueden eliminar.
Esta separación es relevante porque la reducción y la compensación no tienen el mismo efecto ni deben contabilizarse como si fueran equivalentes. Reducir emisiones en una planta, un vehículo o una cadena de suministro evita que esos gases lleguen a la atmósfera. Compensar, en cambio, supone financiar o reconocer acciones externas que preserven o capturen carbono, por ejemplo mediante la conservación forestal. La efectividad climática de esta segunda vía depende de que los proyectos sean medibles, verificables, adicionales y permanentes.
Las cifras divulgadas por el gobierno estatal muestran que el componente de compensación supera ampliamente al de reducción directa. Las cerca de 114 mil toneladas de CO2 equivalente reducidas representan los cambios realizados por las empresas participantes, mientras que las más de 1.2 millones de toneladas compensadas reflejan el volumen asociado a mecanismos externos. La diferencia subraya que el programa tiene un potencial importante de financiamiento ambiental, pero también plantea el desafío de mantener como prioridad la disminución efectiva de emisiones en las actividades industriales.
La Sierra Gorda como destino de parte de las compensaciones
Una parte de los recursos vinculados con las compensaciones llega a propietarios forestales de la Sierra Gorda, una región de alta relevancia ecológica para Querétaro. El planteamiento es que conservar bosques deje de ser únicamente una obligación ambiental y se convierta también en una actividad con beneficios económicos para las personas y comunidades responsables de protegerlos.
El incentivo puede contribuir a sostener la cobertura forestal frente a presiones como el cambio de uso de suelo, los incendios, la extracción ilegal o actividades productivas incompatibles con la conservación. Los bosques almacenan carbono, regulan el ciclo del agua, ayudan a prevenir erosión y albergan biodiversidad; por ello, su protección puede generar beneficios que trascienden a los propietarios y alcanzan a zonas urbanas, agrícolas e industriales del estado.
Sin embargo, los pagos por servicios ambientales requieren reglas claras para acreditar resultados. Para que una compensación tenga valor climático, debe demostrarse que la conservación financiada no habría ocurrido en las mismas condiciones sin el incentivo, que el carbono almacenado puede cuantificarse con metodologías consistentes y que existen medidas para atender riesgos como incendios, plagas o cambios futuros en la tenencia y manejo de la tierra. La transparencia sobre esos criterios será determinante para evaluar el alcance real del esquema.
Presentación ante Semarnat y posible ampliación
Según Del Prete, la semana pasada el modelo fue presentado a la titular de Semarnat, quien conoció sus resultados y reconoció el carácter innovador de la iniciativa. Hasta ahora, la información difundida no precisa si la dependencia federal asumirá compromisos de adopción, homologación o respaldo institucional para el mecanismo queretano. La presentación, no obstante, coloca la experiencia estatal dentro de la discusión nacional sobre instrumentos de mercado, responsabilidad empresarial y financiamiento de la conservación.
El siguiente paso anunciado por el gobierno de Querétaro es ampliar los mecanismos de descarbonización y desarrollar esquemas de economía circular. Esta última línea busca que materiales, agua y energía permanezcan en uso durante más tiempo, disminuyendo residuos y la demanda de recursos vírgenes. En el ámbito industrial, puede traducirse en reciclaje de insumos, valorización de subproductos, reparación, rediseño de procesos y recuperación de energía.
La articulación entre descarbonización y economía circular responde a una realidad económica del estado: la industria manufacturera, automotriz, aeroespacial, logística y de servicios tiene un peso relevante en su actividad productiva. La transición climática en ese contexto no depende sólo de metas gubernamentales, sino de decisiones de inversión, disponibilidad de energía limpia, capacidad tecnológica y condiciones para que proveedores de distintos tamaños participen en los cambios.
El reto de medir resultados y evitar sustituciones
El enfoque de incentivos puede favorecer una mayor participación empresarial, especialmente cuando la eficiencia energética y la reducción de desperdicios generan ahorros además de beneficios ambientales. No obstante, especialistas en política climática suelen advertir que los programas de compensación deben evitar convertirse en una alternativa para posponer transformaciones internas, como la electrificación de procesos, la sustitución de combustibles fósiles o la reducción de emisiones en la cadena de valor.
Para consolidar el modelo, será necesario mantener registros públicos y comparables sobre las empresas participantes, las metodologías de cálculo, el origen de las compensaciones, los periodos de vigencia y los mecanismos de verificación. También será importante diferenciar entre emisiones evitadas, reducidas y compensadas, a fin de que las metas climáticas puedan ser evaluadas sin duplicidades ni interpretaciones ambiguas.
La experiencia de Querétaro propone que el desarrollo económico y la protección ambiental pueden avanzar de manera conjunta cuando existen incentivos adecuados. Su resultado de largo plazo dependerá de que los beneficios financieros para industrias y propietarios forestales estén acompañados por controles sólidos, reducciones verificables en las fuentes de emisión y una conservación duradera de los ecosistemas que sustentan las compensaciones.
