La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) advirtió que los nuevos Lineamientos de Derechos de las Audiencias, aunque corrigieron parte de las disposiciones que habían generado preocupación durante la consulta pública, conservan atribuciones con una amplitud suficiente para producir incertidumbre jurídica e incidir en las decisiones editoriales de medios y plataformas. La observación coloca nuevamente en el centro del debate la necesidad de equilibrar la protección de las audiencias con la libertad de expresión y la independencia de los contenidos informativos.
De acuerdo con el posicionamiento de la asociación, el problema no se limita a la redacción de principios generales sobre veracidad, pluralidad o diferenciación entre información y opinión. La inquietud está en la forma en que podrían interpretarse y aplicarse determinadas facultades vinculadas con las defensorías de las audiencias y con la atención de inconformidades de usuarios. Para la AIMX, una norma con conceptos poco delimitados puede abrir espacio a criterios cambiantes y a decisiones administrativas que no ofrezcan certeza suficiente a quienes producen o distribuyen contenidos.
El alcance de las defensorías concentra la preocupación
Uno de los puntos señalados es el tratamiento de las reclamaciones presentadas ante las defensorías de las audiencias. Según la AIMX, si una defensoría recibe formalmente una inconformidad, pero la desestima de manera indebida, la audiencia no tendría una vía claramente definida para obtener una revisión de fondo. Esa ausencia puede afectar tanto a los usuarios que buscan una respuesta efectiva como a los medios, que requieren procedimientos previsibles para conocer el alcance de sus obligaciones y las consecuencias de una resolución.
Las defensorías fueron concebidas como mecanismos de interlocución entre medios y audiencias. Su función puede incluir recibir quejas, orientar a los usuarios, promover respuestas y dar seguimiento a posibles incumplimientos de los códigos de ética o de las reglas aplicables. Sin embargo, su eficacia depende de que estén claramente definidas sus competencias, los plazos de atención, los criterios para admitir o desechar asuntos y las instancias disponibles cuando alguna de las partes cuestiona una determinación.
La asociación sostiene que la falta de claridad en esa cadena procesal puede producir un doble efecto. Por una parte, una persona que considera vulnerado su derecho podría quedar sin un recurso identificable para cuestionar una decisión. Por otra, los responsables editoriales podrían enfrentar exigencias cuya interpretación no sea uniforme. En un sector donde las decisiones informativas suelen tomarse con rapidez, la incertidumbre normativa puede trasladarse directamente a los procesos de publicación.
Correcciones tras la consulta, pero persistencia de zonas abiertas
La AIMX reconoció que la versión reciente de los lineamientos modificó varias disposiciones que habían despertado objeciones durante la consulta pública. Ese ajuste es relevante porque muestra que el proceso regulatorio incorporó parte de las observaciones formuladas por participantes del sector. No obstante, la asociación considera que las correcciones no resolvieron por completo las áreas en las que la redacción permite interpretaciones amplias.
La consulta pública suele cumplir una función decisiva en normas que afectan la actividad periodística, las telecomunicaciones y los servicios digitales. Medios, organizaciones empresariales, especialistas y representantes de usuarios pueden identificar problemas operativos antes de que una disposición sea aplicada de manera obligatoria. El reto posterior consiste en transformar esas observaciones en reglas precisas, capaces de proteger derechos sin establecer controles ambiguos sobre la selección, jerarquización o presentación de los contenidos.
En este caso, la discusión se da además en un entorno mediático distinto al que existía cuando se diseñaron los primeros marcos de derechos de las audiencias. La información circula hoy por radio, televisión, sitios de noticias, redes sociales, servicios de video y plataformas que combinan contenido profesional, publicidad, recomendaciones automatizadas y publicaciones de usuarios. Esa diversidad hace más compleja la definición de responsabilidades, pues no todos los actores intervienen del mismo modo en la producción editorial ni tienen la misma capacidad para atender reclamaciones.
Protección al usuario y libertad editorial
Los derechos de las audiencias buscan que los usuarios reciban contenidos identificables, que puedan distinguir información de opinión o publicidad y que cuenten con mecanismos para plantear quejas. Estas garantías responden a una necesidad legítima de transparencia y rendición de cuentas, especialmente ante la rapidez con la que se difunden mensajes y la dificultad de verificar su origen o propósito. Su aplicación, sin embargo, requiere evitar que la defensa de esos derechos se convierta en una herramienta para intervenir de forma discrecional en el criterio editorial.
La advertencia de la AIMX se centra precisamente en ese riesgo. Una disposición vaga no implica por sí misma una restricción automática, pero puede generar incentivos para que medios y plataformas adopten posturas defensivas ante posibles controversias. En la práctica, ese fenómeno puede traducirse en revisiones internas más rígidas, en la demora de ciertos contenidos o en la reducción de cobertura sobre temas sensibles. El efecto no depende únicamente de una sanción, sino de la percepción de que las reglas y los procedimientos no permiten anticipar con claridad cómo se resolverá un caso.
Desde la perspectiva de las audiencias, la precisión también es indispensable. Un mecanismo de queja carece de utilidad si no explica qué asuntos puede revisar, qué evidencia debe aportar el reclamante, qué respuesta debe ofrecer el medio y qué ocurre cuando la defensoría rechaza el planteamiento. La protección efectiva exige accesibilidad, pero también reglas transparentes que impidan decisiones arbitrarias o contradictorias. La certeza jurídica, por tanto, no representa sólo una demanda de la industria; es una condición para que el usuario pueda ejercer sus derechos de manera real.
Un debate pendiente sobre aplicación y supervisión
El siguiente punto de atención será la manera en que las autoridades y las propias defensorías interpreten los lineamientos en casos concretos. La AIMX plantea que aún se requieren criterios más definidos para acotar facultades, establecer mecanismos de revisión y reducir los márgenes de discrecionalidad. Tales precisiones podrían incorporarse mediante reglas operativas, orientaciones públicas o procedimientos que detallen la atención de inconformidades sin alterar el propósito central de los derechos de las audiencias.
El desafío regulatorio consiste en construir un sistema que permita reclamar ante errores, falta de identificación publicitaria o posibles vulneraciones a los derechos del público, sin imponer un modelo de vigilancia que condicione indebidamente el trabajo periodístico. La discusión abierta por la AIMX refleja que el consenso no dependerá sólo de la declaración de principios, sino de la claridad con que se definan responsabilidades, recursos y límites de actuación. En esa precisión se juega tanto la confianza de las audiencias como la autonomía necesaria para informar.
