La crisis política y social de México no puede explicarse sólo por la debilidad institucional, la polarización electoral o la desigualdad. Hay un deterioro menos visible que atraviesa todos esos problemas: el desgaste del lenguaje público. Cuando conceptos decisivos como democracia, justicia, libertad, corrupción o pueblo se emplean sin precisión, dejan de servir para describir la realidad y pasan a funcionar como armas de combate. La discusión ya no busca entender un problema común, sino imponer una versión útil para cada bando.
Ese proceso tiene consecuencias concretas. Una sociedad necesita palabras compartidas para reconocer hechos, exigir responsabilidades y debatir prioridades. Si una misma expresión significa cosas opuestas según quien la pronuncie, se debilita la posibilidad de verificar, deliberar y corregir. No se trata de pedir una uniformidad artificial de opiniones, sino de preservar un terreno mínimo de significados desde el cual el desacuerdo pueda ser racional y democrático.
El lenguaje convertido en instrumento de adhesión
Buena parte de la comunicación política contemporánea está diseñada para producir adhesiones rápidas. Las conferencias, los mensajes partidistas y las redes sociales privilegian la repetición, la simplificación y la confrontación porque generan atención inmediata. En ese entorno, las palabras dejan de ser vehículos para nombrar con cuidado los hechos y se convierten en señales de pertenencia: quien repite una fórmula demuestra lealtad; quien la cuestiona es presentado como adversario moral.
La palabra “populismo” ilustra esa degradación. Se aplica a gobiernos, liderazgos, programas económicos y movimientos ideológicamente incompatibles entre sí. Su uso indiscriminado permite descalificar, pero rara vez aclara. Algo similar ocurre con “democracia”, invocada tanto para defender controles institucionales como para justificar la concentración de poder en nombre de una mayoría. Cuando las categorías pierden límites, también pierden capacidad para orientar el juicio ciudadano.
El problema no reside únicamente en que los políticos hablen con imprecisión. La comunicación digital recompensa los mensajes breves, emocionales y fácilmente replicables, mientras castiga los matices. Una rectificación compleja circula menos que una acusación contundente; una explicación institucional difícilmente compite con una frase que divide entre buenos y malos. La velocidad no crea por sí misma la mentira, pero reduce los incentivos para distinguir entre información, interpretación y propaganda.
La herencia de una visión utilitaria
Este empobrecimiento no nació con las plataformas digitales. Desde el avance del racionalismo técnico y de la industrialización, una parte central de la cultura moderna comenzó a medir el valor de las cosas por su utilidad, su rendimiento o su capacidad de ser administradas. El lenguaje acompañó esa transformación: fue tratado cada vez más como una herramienta para clasificar, calcular y persuadir, antes que como el espacio en el que las personas construyen significados sobre su experiencia colectiva.
La crítica filosófica a esa reducción, asociada entre otros a Martin Heidegger, sostiene que el lenguaje no es una posesión neutral del individuo. Es la condición que permite que el mundo aparezca como mundo inteligible: mediante las palabras se distinguen los hechos, se nombran los daños, se formula la justicia y se imagina la convivencia. Por eso, reducirlo a un mecanismo de transmisión de datos implica olvidar que también sostiene los criterios morales y culturales con los que una comunidad decide qué merece defender.
Max Weber describió el “desencantamiento” como una creciente racionalización de la vida social. En el presente, el riesgo ha avanzado un paso más: no sólo se busca hacer calculable la realidad, sino hacerla comunicable en formatos que favorecen el consumo inmediato. La política entonces se organiza alrededor de consignas eficaces, indicadores aislados y relatos que prometen bienestar, aunque no siempre expliquen los costos, límites o contradicciones de las decisiones públicas.
El costo democrático de hablar sin escuchar
La exposición cotidiana de la presidenta Claudia Sheinbaum, como antes la de Andrés Manuel López Obrador, muestra la importancia de este problema. Las conferencias matutinas son un espacio central para fijar agenda, responder críticas y definir el tono del gobierno. Su alcance obliga a evaluar no sólo los anuncios que contienen, sino el tipo de lenguaje que normalizan. Las descalificaciones, las generalizaciones y los mensajes contradictorios pueden fortalecer la disciplina de una base política, pero erosionan la conversación necesaria entre gobierno, oposición, prensa y ciudadanía.
La responsabilidad, sin embargo, no corresponde de manera exclusiva al Poder Ejecutivo. Partidos, medios, empresas tecnológicas, comentaristas y usuarios participan en una economía de la atención que premia la estridencia. La oposición también pierde capacidad de persuasión cuando sustituye el argumento por etiquetas, y el periodismo se debilita cuando replica conflictos sin precisar datos, contexto y consecuencias. La degradación del lenguaje es colectiva porque su reproducción es cotidiana.
Cuidar las palabras como asunto público
Recuperar densidad en el lenguaje no significa volver a una retórica solemne ni negar que la política requiere mensajes claros. Significa exigir que las palabras correspondan con hechos comprobables, que los conceptos mantengan definiciones discutibles pero reconocibles y que la crítica no renuncie a la evidencia. Una democracia saludable admite controversias intensas; lo que no puede admitir sin daño es que toda diferencia sea traducida en enemistad y que toda información incómoda sea reducida a una conspiración.
La disputa por el lenguaje es, en última instancia, una disputa por la realidad común. Sin un vocabulario que permita nombrar la violencia, evaluar políticas públicas, distinguir responsabilidades y reconocer la dignidad de quienes piensan distinto, las instituciones quedan expuestas a la manipulación. Cuidar el sentido de las palabras no es una tarea ornamental de escritores o académicos: es una condición práctica para que México pueda discutir sus conflictos sin convertir cada conversación en una nueva forma de ruptura.
