La aparición de tres hijos de Arturo López Obrador en la nómina del Gobierno de Veracruz provocó cuestionamientos públicos sobre los mecanismos de contratación, los niveles salariales y el peso de los vínculos familiares en la administración estatal. El caso tomó relevancia después de un reclamo dirigido al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador en un restaurante de Coatepec, episodio que derivó en la difusión de los puestos que ocupan sus hijos en áreas educativas, sanitarias y de gobierno.
De acuerdo con información publicada por El Universal, Erandi Isabel López Herrería, Tarheni Andrea López Herrería y Pedro Arturo López Herrería desempeñan funciones dentro de dependencias estatales. El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, sostuvo que los tres trabajan de forma cotidiana y rechazó que sus nombramientos respondan a esquemas de personal que cobra sin cumplir tareas asignadas.
Los puestos y las percepciones reportadas
Erandi Isabel López Herrería ocupa desde 2025 la rectoría del Colegio de Veracruz, una institución pública dedicada a la formación académica y al análisis de asuntos gubernamentales. Su percepción mensual neta reportada es de 106 mil 433 pesos con 37 centavos. La cifra generó especial atención porque, según los datos divulgados, rebasa en 21 mil 683 pesos el salario establecido por tabulador para la gobernadora Rocío Nahle García.
Tarheni Andrea López Herrería se desempeña como subdirectora de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, dentro de los Servicios de Salud de Veracruz. Su ingreso mensual neto es de 33 mil pesos. Por su parte, Pedro Arturo López Herrería figura como asesor en la Secretaría de Gobierno estatal, con una percepción mensual neta de 6 mil 500 pesos.
La diferencia entre las tres remuneraciones coloca el foco en responsabilidades distintas dentro de la estructura estatal. Mientras la rectoría del Colegio de Veracruz corresponde a una posición de dirección institucional, los otros dos puestos se ubican en áreas administrativas y de asesoría. Sin embargo, la comparación entre el salario de la rectora y el de la titular del Poder Ejecutivo estatal alimentó la discusión sobre los criterios con los que se determinan las percepciones de los altos cargos públicos.
La respuesta de la administración estatal
Ahued Bardahuil defendió públicamente la permanencia de los tres funcionarios y planteó que los parentescos no deberían invalidar por sí mismos una trayectoria profesional. El secretario afirmó que cuentan con preparación técnica y que acuden regularmente a sus centros de trabajo. También indicó que la relación política y personal entre Andrés Manuel López Obrador y Arturo López Obrador es ajena a las responsabilidades laborales de los hijos de este último.
“Estos muchachos no tienen la culpa de lo que hagan los papás. Mis hijos no tienen la culpa de lo que yo haga, ni de lo que haga el tío que fue presidente y que el papá se pelee con el hermano”, declaró el funcionario durante un acto público. La postura oficial busca separar la discusión sobre la familia López Obrador de la evaluación administrativa de cada plaza.
El secretario también rechazó que se trate de “aviadores”, término utilizado en México para referirse a empleados que reciben recursos públicos sin desempeñar efectivamente un trabajo. Ahued sostuvo que la administración actual no mantiene personal sin funciones y pidió que se revise directamente el desempeño de las personas señaladas. “Si fueran aviadoras o aviadores que estuvieran ganando, donde estuvieran robándose el erario, donde no tuvieran ética de estar cobrando sin hacer nada, pero vayan a verlas trabajar”, expresó.
Transparencia, tabuladores y escrutinio público
La defensa gubernamental no elimina las preguntas planteadas por el caso. En el servicio público, el parentesco con figuras de alto perfil político no acredita por sí mismo una irregularidad, pero sí eleva el estándar de transparencia que debe acompañar cada nombramiento. La publicación de cargos, salarios, perfiles profesionales, atribuciones y procedimientos de designación permite distinguir entre una contratación sustentada en requisitos institucionales y una posible práctica de favoritismo.
El punto más sensible es el salario asignado a la rectoría del Colegio de Veracruz. Que un puesto perciba más que la gubernatura puede ser compatible con tabuladores específicos, contratos o reglas de organismos públicos con estructuras propias. Aun así, para disipar cuestionamientos, resulta relevante conocer el fundamento normativo de esa remuneración, las responsabilidades asociadas al cargo y los mecanismos mediante los cuales se determinó el nombramiento.
El episodio ocurre en un contexto en el que los gobiernos estatales enfrentan una vigilancia mayor sobre el uso de recursos públicos y la asignación de plazas. La respuesta de Veracruz se ha concentrado en afirmar que los tres familiares cumplen sus labores. La discusión pública, sin embargo, también abarca si la información disponible permite evaluar de manera suficiente la proporcionalidad de los sueldos, los criterios de selección y la rendición de cuentas de las dependencias involucradas.
Hasta ahora, la administración estatal ha rechazado irregularidades y ha mantenido la defensa de los tres empleados. El caso deja como eje central la necesidad de que la evaluación de cualquier servidor público, tenga o no vínculos familiares con actores políticos, se base en evidencia verificable sobre sus funciones, resultados y apego a las normas que rigen el gasto público.
