Nicaragua avanza hacia un sistema sin competencia electoral

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La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que veta la participación de partidos opositores en elecciones y amplía de seis a siete años los mandatos de los copresidentes y otros cargos electos. La iniciativa, promovida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, aún requiere una segunda aprobación parlamentaria, prevista a partir del 18 de enero.

Concentración institucional

La enmienda no se limita al calendario electoral: también prolonga los periodos de las jefaturas del Ejército y la Policía. Esa extensión sincroniza instituciones clave de seguridad con el ciclo político del Ejecutivo y reduce los mecanismos periódicos de renovación de poder. En julio, Ortega había afirmado que no volvería a haber elecciones para impedir que la oposición retomara el Gobierno, una declaración que anticipó el sentido de la reforma.

El cambio profundiza una secuencia iniciada en 2024, cuando el oficialismo elevó a Murillo de vicepresidenta a copresidenta, aumentó el mandato presidencial de cinco a seis años y aplazó hasta finales de 2027 los comicios que debían celebrarse este año. La nueva modificación llevaría ese periodo a siete años y convertiría la exclusión de adversarios políticos en una norma constitucional.

Presión exterior y crisis interna

Gobiernos de Centroamérica, Bolivia, Brasil y Chile cuestionaron las declaraciones de Ortega por considerarlas un retroceso democrático. Estados Unidos pidió aislar internacionalmente a Managua y Panamá retiró a su embajador. Sin embargo, las críticas externas no han alterado el control legislativo e institucional del oficialismo, condición que facilita la ratificación de la reforma.

Nicaragua arrastra desde 2018 una crisis política marcada por la represión de protestas, más de 300 muertes, miles de heridos, el cierre del espacio cívico y un amplio exilio. Con casi dos décadas acumuladas en el poder, Ortega consolida un modelo en el que la continuidad gubernamental deja de depender de una competencia electoral abierta.

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