La balacera ocurrida el domingo por la tarde en la Ruta Nacional 168, en Colastiné Sur, no fue un episodio aislado de violencia callejera ni una discusión espontánea entre vendedores. El enfrentamiento nació de una disputa por el control de un espacio de comercialización de frutillas y terminó con un hombre de 40 años internado en terapia intensiva, una mujer de 28 años herida en una mano y otras personas involucradas en una secuencia que todavía intenta reconstruir la Fiscalía. El hecho dejó, además, una señal de alarma para quienes trabajan en los márgenes de las rutas: cuando una actividad informal crece sin reglas claras, la competencia por el territorio puede sustituir a cualquier mecanismo institucional de ordenamiento.
El conflicto se desarrolló a la altura del kilómetro 480, cerca del exatracadero de la balsa. Según el relato de una de las víctimas, de 28 años, su familia había instalado pocos días antes un puesto para vender frutillas. Dos hombres llegaron y reclamaron el lugar como propio. La mujer sostuvo que los recién llegados afirmaron ser quienes comercializaban frutillas “sobre toda la ruta”. Ante esa presión, el grupo trasladó la estructura hacia el sentido de Santa Fe, pero el cambio no desactivó la disputa. Horas después se produjo una nueva discusión, seguida por una pelea entre varias personas y, alrededor de las 17:15, por los disparos.
El hombre de 40 años recibió dos impactos. Uno atravesó la zona de la rodilla izquierda y el otro quedó alojado en la cadera derecha. Fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde debió ser operado y permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva. La mujer de 28 años recibió un disparo en la mano izquierda, con una lesión en uno de sus dedos, aunque los médicos determinaron que estaba fuera de peligro. Una mujer de 42 años también denunció haber sido agredida y aportó un dato relevante: después de la pelea, uno de los participantes habría cruzado la ruta y disparado “al montón”, hacia el grupo.
El dato decisivo no es sólo cuántos disparos hubo, sino por qué el espacio era disputado
La investigación provisoriamente fue caratulada como lesiones graves y leves calificadas por el uso de arma de fuego y abuso de arma. Un hombre de 44 años fue detenido después del episodio. Antes de la llegada de la Policía, habría sido retenido y golpeado por personas que permanecían en la zona. Otro hombre señalado como posible participante era buscado por los investigadores. La Fiscalía deberá establecer quién disparó, desde qué posición, con qué arma y cuál fue el grado de responsabilidad de cada persona, una tarea especialmente compleja cuando la escena estuvo atravesada por una pelea colectiva y por testimonios contrapuestos.
La primera lectura permite identificar tres momentos: la instalación de un puesto nuevo, la exigencia de abandonar el lugar y el regreso de la confrontación bajo una forma más violenta. Esa secuencia sugiere que el punto en la ruta no era percibido como un espacio abierto para cualquier vendedor, sino como un territorio con reglas informales y, posiblemente, con actores que se atribuían derechos exclusivos sobre la venta. La expresión “los que vendían frutillas sobre toda la ruta” no prueba por sí misma la existencia de una organización, pero sí revela una pretensión de control territorial que excede la simple discusión por unos metros de banquina.
El primer punto de fondo es que la informalidad comercial no debe confundirse con ausencia de economía. Para muchas familias, la venta de frutillas en accesos y rutas representa una fuente estacional de ingresos, con bajos costos de instalación y acceso directo a consumidores que circulan hacia Santa Fe o Paraná. Pero precisamente porque el negocio depende de ubicaciones visibles y de alto tránsito, el lugar físico se convierte en un activo económico. Si no hay permisos transparentes, rotación de espacios, inspecciones y canales para resolver conflictos, la prioridad puede quedar determinada por la antigüedad autoatribuida, la presión física o la capacidad de intimidación.
Una ruta de alto tránsito convertida en escenario de vulnerabilidad
El segundo aspecto crítico es la combinación entre venta informal, circulación vehicular y presencia de armas. Un puesto improvisado en una ruta no sólo compite por clientes: también ocupa una zona donde la detención de vehículos, el estacionamiento y el desplazamiento de peatones deben estar regulados. La discusión del domingo ocurrió en un entorno abierto, con personas agrupadas a ambos lados de la calzada y menores dentro de un automóvil. La mujer de 42 años contó que sus sobrinas estaban en el vehículo y que una niña debió cubrirle el rostro a otra con una almohada para evitar que viera la escena.
Ese testimonio coloca el impacto más allá de las personas alcanzadas por las balas. La presencia de niños multiplica el riesgo de lesiones accidentales, trauma psicológico y exposición a futuras represalias. También muestra que la actividad comercial y la vida familiar se encuentran mezcladas: quienes atienden el puesto pueden estar acompañados por hijos, sobrinos u otros allegados porque no cuentan con alternativas de cuidado durante la jornada. La seguridad, por tanto, no puede reducirse a enviar patrulleros después de un tiroteo; requiere considerar la forma concreta en que esas familias trabajan, se trasladan y ocupan el espacio público.
La declaración de la mujer de 42 años agrega una dimensión de riesgo persistente. Dijo tener miedo y afirmó que ya habían intentado tirotear su casa en dos ocasiones. Esa acusación deberá ser investigada y no puede darse por probada sin evidencia judicial, pero su sola existencia modifica el diagnóstico: si se confirma una cadena de intimidaciones, el episodio de la ruta podría ser un capítulo de una disputa previa y no el origen del conflicto. En esos casos, la respuesta estatal debe incluir protección de víctimas y testigos, identificación de posibles represalias y seguimiento de las armas utilizadas, no sólo la detención de un sospechoso circunstancial.
Entre el derecho a trabajar y la obligación de ordenar el espacio público
Los vendedores enfrentan un problema que suele quedar oculto detrás de la etiqueta “informalidad”. La venta directa permite obtener ingresos sin intermediarios y puede responder a una demanda real de los automovilistas. Sin embargo, la ausencia de un marco visible deja a cada familia expuesta a decomisos, accidentes, extorsiones o conflictos con otros grupos. Desde la perspectiva de los comerciantes, una regulación mal diseñada podría expulsarlos de los puntos donde efectivamente venden; desde la perspectiva de quienes circulan, la falta de control puede convertir la banquina en un foco de frenadas imprevistas, aglomeraciones y violencia.
Para los productores de frutillas, el conflicto también plantea un problema de reputación y comercialización. Un hecho armado asociado a puestos de venta puede desalentar a consumidores, atraer controles indiscriminados y perjudicar a trabajadores que no participaron de la pelea. Si las autoridades responden únicamente con clausuras generales, los operadores pacíficos podrían perder una salida comercial sin que desaparezca la demanda. Si, en cambio, permiten que el mercado continúe sin identificación de responsables, el incentivo para imponer un “derecho” sobre los espacios seguirá intacto.
La solución no pasa por legitimar a quien llegó primero ni por reconocer automáticamente a quien afirma controlar la ruta. Un sistema razonable debería definir zonas permitidas, condiciones mínimas de seguridad, documentación de los responsables y mecanismos de asignación que puedan ser consultados por todos. La rotación estacional de los espacios, la señalización vial, la prohibición de estacionar en sectores peligrosos y una línea de denuncias para amenazas serían herramientas más eficaces que los acuerdos informales. Ninguna de ellas reemplaza la investigación penal, pero pueden reducir las oportunidades de que una disputa comercial se transforme en una confrontación territorial.
También existe una controversia sobre el límite de la intervención policial. El Estado debe impedir que una actividad económica derive en violencia, pero una presencia basada exclusivamente en operativos represivos puede empujar a los vendedores hacia lugares más ocultos y hacer más difícil detectar amenazas. El desafío consiste en diferenciar a quienes necesitan protección de quienes utilizan el mercado como cobertura para imponer condiciones. Esa distinción exige registros, inspecciones coordinadas y diálogo con los trabajadores, no decisiones basadas sólo en la escena posterior al tiroteo.
La investigación tendrá que reconstruir una escena colectiva
La causa presenta dificultades probatorias concretas. En una pelea con varias personas, los testigos pueden recordar fragmentos distintos, confundir posiciones o declarar bajo temor. La afirmación de que se disparó desde el otro lado de la ruta deberá contrastarse con peritajes balísticos, vainas servidas, trayectorias, cámaras de vehículos y registros de llamadas. También será necesario establecer si hubo un único tirador o más de uno, quién inició la agresión física y si la retención y golpiza del hombre de 44 años constituyeron una reacción espontánea o una forma de justicia por mano propia.
La identificación del arma resulta central. Si se encuentra una pistola, deberá determinarse si fue utilizada en el ataque mediante cotejos balísticos y si está vinculada con otros hechos. La rapidez con que se preserve la escena puede definir la calidad de la prueba: una ruta transitada, con vehículos que continúan circulando y personas que se llevan objetos del lugar, ofrece pocas garantías para una reconstrucción tardía. La investigación también debería considerar los teléfonos celulares y las redes sociales, donde pueden existir amenazas previas, convocatorias o imágenes tomadas durante la disputa.
El episodio revela un patrón de escalamiento que puede repetirse en otros corredores comerciales. Primero aparece la apropiación informal de un punto; después, la presión para desplazar a un competidor; más tarde, la confrontación física y, finalmente, el arma como instrumento de control. La lógica es peligrosa porque cada etapa normaliza la siguiente. Si la respuesta llega sólo cuando hay heridos, los actores aprenden que las amenazas previas, los golpes o los disparos intimidatorios tienen un bajo costo institucional.
Lo que puede ocurrir después de la balacera
En el corto plazo, es probable que aumenten los controles en el tramo de Colastiné Sur y que se revise la presencia de puestos en las inmediaciones del kilómetro 480. Esa intervención puede ser necesaria, pero su efecto dependerá de si se limita a retirar estructuras o si construye un esquema estable. Un operativo temporal puede desplazar el problema a otro punto de la ruta; la ausencia de reglas de reemplazo puede producir una nueva disputa por el espacio liberado.
El riesgo más inmediato es la represalia. La mujer que denunció ataques previos expresó que solicitará medidas de protección, y la detención de un sospechoso podría generar nuevas amenazas contra denunciantes, familiares o testigos. La protección debe contemplar vigilancia, canales de contacto, resguardo de domicilios y evaluación de los menores expuestos. También debe evitarse que las víctimas queden obligadas a regresar al mismo punto de venta sin garantías, porque esa presión económica puede colocarlas nuevamente frente a quienes las amenazaron.
Un segundo riesgo es la criminalización indiscriminada de toda la actividad. Asociar automáticamente la venta de frutillas con violencia perjudicaría a familias que trabajan sin participar en delitos y dificultaría obtener información de la comunidad. El enfoque más eficaz debería perseguir conductas específicas —amenazas, portación y uso de armas, lesiones, coacciones y ocupación peligrosa de la calzada— mientras ofrece una vía de regularización para quienes sólo buscan vender productos.
A mediano plazo, el caso puede impulsar una discusión más amplia sobre los mercados estacionales en rutas santafesinas: quién autoriza los puestos, cómo se controla la seguridad vial, qué autoridad recibe las denuncias y qué alternativas tienen los pequeños productores. Si esas preguntas quedan sin respuesta, la próxima disputa no necesitará reproducir exactamente el mismo escenario para generar otro episodio grave. La balacera de Colastiné Sur mostró que un puesto de frutillas puede ser, al mismo tiempo, una fuente legítima de ingresos, un punto de conflicto económico y un espacio de exposición para familias enteras. La investigación penal deberá establecer responsabilidades individuales; la prevención, en cambio, exigirá reconocer el problema colectivo que hizo posible que la discusión terminara a los tiros.
