El juez Marcelo Nieto Di Biase ordenó al Gobierno de Chubut comprar carne roja para las viandas del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew en un plazo inferior a 72 horas. La decisión se produjo mientras los internos mantienen una protesta pacífica por la calidad de los alimentos, con especial reclamo por quienes cumplen tratamientos médicos y necesitan una dieta acorde con sus condiciones.
Una medida judicial en medio del reclamo alimentario
El planteo fue presentado por el Ministerio de la Defensa Pública, que representa a los presos. El fallo dispone la adquisición de carne roja para los establecimientos penitenciarios, pero el texto difundido en la noticia no establece que deba servirse asado todos los días. Esa interpretación fue planteada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres al cuestionar públicamente la resolución.
“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura”, afirmó Torres en una entrevista con Radio Rivadavia. El mandatario sostuvo que la orden judicial no puede traducirse en una obligación de ofrecer ese menú con esa frecuencia y anticipó una posición de rechazo frente a lo que considera una exigencia desproporcionada.
Torres vinculó el fallo con otros cruces judiciales
Durante sus declaraciones, el gobernador relacionó la intervención de Nieto Di Biase con otros episodios que, según su descripción, generaron dificultades para la política de seguridad provincial. Mencionó la demora de un allanamiento por un robo de ganado en Dolavon y una resolución que obligó a trasladar presencialmente a un preso considerado peligroso para realizar terapia; ese traslado terminó en un intento de fuga.
Torres también recordó que, después de que el Ejecutivo dispusiera retirar los teléfonos celulares a los internos para impedir estafas desde las cárceles, el mismo juez presentó un hábeas corpus para revertir la sanción. Además, cuestionó otros pedidos vinculados con la atención de los detenidos, entre ellos el caso de un interno que solicitó comunicarse con su familia por un dolor abdominal y la necesidad de recibir medicamentos.
El gobernador atribuyó estas decisiones a una corriente garantista dentro del Poder Judicial y acusó a algunos magistrados de actuar más como representantes de los presos que como jueces. En ese marco, mencionó otro antecedente que adjudicó a Nieto Di Biase: la liberación de un condenado por homicidio luego de que el magistrado lo considerara “mejorado” al verlo en la vía pública. Torres afirmó que esa persona reincidió posteriormente y sostuvo que el episodio puso en riesgo a la ciudadanía.
El Gobierno analiza medidas institucionales
Consultado sobre los pasos que podría tomar la provincia, Torres confirmó que el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Justicia evalúan medidas concretas frente al accionar del juez. “Definitivamente tenemos que ponerle un punto final a estos jueces que ponen en riesgo a todos los chubutenses”, declaró.
En sus redes sociales, el gobernador volvió a cuestionar al sector de la Justicia al que atribuye una mirada ideologizada y afirmó que en Chubut “los delincuentes ya no tienen coronita”. La provincia, según indicó, estudia ahora cómo avanzar institucionalmente mientras permanece vigente la orden de comprar carne roja para los establecimientos penitenciarios.
