El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha situado la acogida de menores migrantes no acompañados como una prueba concreta de la solidaridad que se reclama para Ceuta. Durante su participación en la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López “Lito”, el dirigente sindical calificó de “cínico” que se convoquen movilizaciones en defensa de la ciudad autónoma mientras se rechaza el reparto de esos menores entre comunidades de la península.
Su planteamiento parte de una idea directa: el respaldo a Ceuta no puede limitarse a declaraciones institucionales, consignas públicas o manifestaciones. Para Álvarez, debe traducirse en asumir una parte de la presión asistencial que soporta una ciudad pequeña, fronteriza y con recursos limitados. “Pensar en Ceuta y querer a Ceuta quiere decir fundamentalmente que esos 1.500, 2.000 niños no acompañados se les puede acoger en la península”, afirmó.
La solidaridad se mide en la capacidad de compartir responsabilidades
La crítica de Álvarez apunta a una contradicción recurrente en el debate migratorio español. Ceuta suele concentrar una atención política intensa cuando aumentan las llegadas o cuando se producen episodios de tensión en la frontera, pero el foco disminuye cuando llega el momento de distribuir las responsabilidades derivadas de esa situación. La ciudad autónoma se convierte entonces en símbolo de una frontera nacional y europea, aunque la respuesta práctica permanece concentrada en su propio territorio.
La cifra mencionada por el líder de UGT, entre 1.500 y 2.000 menores no acompañados, ilustra la dimensión de una carga que desborda los servicios disponibles en un enclave de extensión reducida. La acogida no consiste únicamente en ofrecer alojamiento: exige plazas educativas, atención sanitaria, acompañamiento psicológico, tutela administrativa, formación y mecanismos de integración. Cuando esos recursos se tensan, el problema deja de ser exclusivamente migratorio y pasa a afectar a la protección efectiva de la infancia.
Por ello, el reparto territorial no aparece en el discurso sindical como una concesión excepcional, sino como una consecuencia de la pertenencia de Ceuta al conjunto del Estado. Si la ciudad cumple una función fronteriza que trasciende sus posibilidades materiales, el resto de administraciones debe participar en la respuesta. Esa lógica cuestiona las posiciones que expresan cercanía con Ceuta pero rechazan medidas que aliviarían de forma verificable la presión sobre sus centros de acogida.
El menor migrante no es una cifra intercambiable
La discusión sobre los traslados suele desarrollarse en términos de cupos, competencias y costes políticos. Sin embargo, Álvarez desplaza el énfasis hacia las personas afectadas. Los menores no acompañados tienen una condición jurídica y social distinta de la de los adultos que llegan al país: son niños y adolescentes cuya protección no puede depender de la saturación de un territorio concreto ni de la disponibilidad política de cada comunidad autónoma.
Esta diferencia es relevante porque evita equiparar automáticamente la gestión de menores con la política general de control migratorio. La obligación de tutela se activa por la minoría de edad y por la ausencia de un adulto responsable, antes incluso de que se resuelva la situación administrativa futura. El debate sobre el traslado, por tanto, no trata solo de cómo se distribuyen recursos, sino de si España dispone de una respuesta coordinada para garantizar derechos básicos sin que el lugar de llegada determine la calidad de la atención.
Una posición matizada sobre inmigración y legalidad
Álvarez también se refirió a la situación de las personas que han entrado de forma irregular en España y a la posibilidad de su afiliación. Reconoció que se trata de “un proceso complejo para determinar legalmente cuál es la situación que van a tener”. La afirmación introduce una cautela necesaria: la integración laboral o sindical de una persona no elimina por sí misma las exigencias administrativas, ni la irregularidad puede resolverse mediante fórmulas simplificadas.
Al mismo tiempo, el secretario general de UGT defendió que quienes tengan derecho a asilo deben acceder a esa protección y que quienes no lo tengan deben retornar a su país. Su posición combina dos principios que a menudo se presentan como incompatibles: la garantía del derecho de asilo y la aplicación de normas de extranjería. El punto decisivo está en que esa distinción solo funciona si los procedimientos son individualizados, ágiles y garantistas; de lo contrario, el sistema corre el riesgo de prolongar la incertidumbre y alimentar la economía irregular.
El debate revela una tensión política más amplia
Las declaraciones del dirigente sindical exponen un problema que va más allá de Ceuta: la distancia entre la defensa simbólica de los territorios fronterizos y la disposición real a compartir sus consecuencias. Las ciudades que reciben primero las llegadas concentran una responsabilidad que no han elegido y que difícilmente pueden afrontar solas. Cuando otras administraciones rehúsan participar, la frontera se convierte en una cuestión local pese a ser una responsabilidad estatal.
La discusión sobre los menores no acompañados muestra, además, que la política migratoria se decide también en ámbitos cotidianos: una plaza escolar, un recurso residencial, una tutela efectiva o un procedimiento de asilo resuelto a tiempo. El desafío no consiste únicamente en fijar una posición ante la inmigración, sino en construir mecanismos que impidan que los derechos de los menores y la estabilidad de Ceuta dependan de respuestas improvisadas o de cálculos territoriales.
