UGT ha fijado septiembre como plazo decisivo para que el Gobierno apruebe mediante Real Decreto un sistema de control horario en las empresas. Su secretario general, Pepe Álvarez, reclama que la norma llegue, como máximo, al segundo Consejo de Ministros del mes y advierte de que el incumplimiento obligaría al sindicato a replantearse su presencia en las mesas de diálogo social.
Las horas no pagadas, en el centro
La presión sindical se apoya en una denuncia concreta: persiste un volumen de horas extraordinarias que no se remunera y que, según Álvarez, acaba elevando los beneficios empresariales. Para UGT, el registro de jornada no solo protege el salario y el tiempo de descanso, sino que también corrige una pérdida de cotizaciones a la Seguridad Social y de ingresos fiscales. La medida, por tanto, trasciende el conflicto laboral: afecta a la competencia entre empresas y a la financiación pública.
Álvarez también ha pedido revisar el salario mínimo interprofesional ante una pérdida estimada de 1,3 puntos de poder adquisitivo por la inflación. Reclama evitar que las subidas del SMI sean absorbidas por complementos salariales, una práctica que puede reducir su impacto efectivo sobre las nóminas más bajas. Además, sitúa en el debate la jornada de siete horas y media y exige a los partidos, especialmente al PP, que definan su posición.
Riesgo de mayor conflictividad
El dirigente de UGT vincula estos retrasos con la falta de renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, paralizado desde enero. Sin ese marco, la negociación sectorial y empresarial pierde una referencia común para salarios y condiciones laborales. El aviso sobre posibles huelgas indefinidas refleja que el conflicto ya no se limita a una reivindicación normativa: UGT cuestiona la capacidad del diálogo social para producir acuerdos ejecutables.
