Especialistas consultados por EL UNIVERSAL sostienen que las grandes obras iniciadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador mantienen como saldo cuestionamientos por sobrecostos comprobados, limitada utilidad social y falta de rendición de cuentas. También advierten que el gasto destinado a esos proyectos ha presionado recursos que podrían dirigirse a salud y educación.
El debate parte de obras que comenzaron en el primer gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, afirma que México necesita crecimiento económico e infraestructura estratégica, pero con planeación financiera, integridad y transparencia. A su juicio, los proyectos emblemáticos sólo podrán ser sostenibles si se desarrollan abiertamente y con cuentas claras ante la población.
Bohórquez recuerda que la percepción de opacidad y corrupción frenó proyectos de infraestructura del pasado, entre ellos el aeropuerto de Texcoco. Por ello, plantea que no debe repetirse ese antecedente en las obras actuales, especialmente cuando los recursos públicos se asignan sin estudios que, según los especialistas, avalen suficientemente su eficiencia.
Marco A. Fernández, profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, ubica en ese proceso problemas de planeación, costos y controles. Señala que ya se han documentado sobrecostos, limitaciones en la utilidad social, impactos ambientales y un contexto de impunidad en el manejo de los recursos. También cuestiona la actuación de las instituciones encargadas de fiscalizar y orientar las cuentas públicas.
En esa revisión, Fernández menciona casos que, sostiene, no han podido quedar ocultos por las reservas de información justificadas bajo el argumento de seguridad nacional: la falta de pasajeros de Mexicana, inundaciones y problemas ambientales en Dos Bocas, así como fallas de planeación en el Corredor Interoceánico que han costado vidas. Reclama además que el Congreso, en particular la oposición, no haya impulsado discusiones de fondo para revisar el gasto de las megaobras.
El ministro en retiro José Ramón Cossío ha cuestionado de forma reiterada los decretos que declararon estas obras como asuntos de seguridad nacional. Ha sostenido que son inconstitucionales y que buscan evadir la transparencia judicial. En intervenciones públicas, también ha criticado la asignación de funciones de construcción y operación a las Fuerzas Armadas.
Para Bohórquez, esa transferencia de responsabilidades debe evaluarse por sus efectos y por su relación costo-eficiencia. Advierte que los señalamientos de falta de comprobación del gasto pueden afectar la confianza social en el Ejército. Fernández añade que, mientras persistan los problemas presupuestales y la opacidad, la exigencia ciudadana y los mecanismos administrativos y electorales seguirán siendo parte central de la discusión sobre estas obras.
