El PP y Vox han reclamado este viernes la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al acusarle de ignorar avisos previos sobre la presión en la frontera de Ceuta y de no reforzarla antes de la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio. Las críticas se han producido durante la comparecencia extraordinaria del ministro en la Comisión de Interior del Congreso, donde la oposición ha cuestionado también la actuación del Gobierno y su coordinación con Marruecos.
La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha resumido su acusación con una disyuntiva: “Si el Gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente”. Según ha afirmado, durante julio hubo más de siete alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de informes de la Policía y la Guardia Civil. Vázquez sostiene que los servicios de información cumplieron con su deber, pero que Marlaska no adoptó las medidas necesarias.

Los avisos previos y la respuesta del 30 de julio
Vázquez ha denunciado que el 30 de julio el ministro no reforzó el perímetro fronterizo pese a las advertencias y que los refuerzos tardaron 48 horas en llegar. Ha calificado la respuesta del Ejecutivo de “bochornosa” y ha descrito al Gobierno como “descontrolado, desbordado y totalmente enfrentado entre sí”. También ha reprochado a Marlaska sus discrepancias con la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el contenido de los avisos del CNI.
La diputada del PP ha cuestionado que Interior se ampare en que los servicios de información no cuantificaron exactamente la magnitud de la entrada. A su juicio, un aviso sobre una llegada masiva no pierde relevancia por no precisar si podían ser 70.000 u 80.000 personas. Además, ha preguntado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue informado de esas alertas y ha asegurado que la frontera no fue reforzada ni en los días previos ni en los posteriores, salvo la incorporación de 20 agentes a Extranjería.
En la misma sesión, el diputado del PP por Ceuta Javier Celaya ha llamado a la calma después de los episodios de violencia registrados la noche anterior. Ha advertido de que acosar a periodistas y medios de comunicación o bloquear a la Cruz Roja no ayuda a la ciudad. Celaya ha sostenido que la “pasividad e inacción” del Ejecutivo ha dejado a Ceuta “invadida y sin soluciones” un mes después de los hechos.
La oposición sitúa a Marruecos en el centro
Celaya ha planteado dos posibles explicaciones sobre la actuación del Gobierno: que confiara de forma “ingenua e irresponsable” en que Marruecos controlaría su lado de la frontera o que consintiera la entrada masiva. En el primer caso, ha considerado al Ejecutivo incompetente para seguir gobernando; en el segundo, ha hablado de una traición a Ceuta.
El portavoz de Vox en la Comisión de Interior, Ignacio Gil Lázaro, ha acusado directamente a Marlaska de haber mentido al negar que el CNI advirtiera a su departamento de lo que estaba a punto de ocurrir. Ha contrapuesto esa versión con la expuesta por Robles el martes en el Congreso. También ha reprochado a Interior que no adoptara medidas especiales a principios de julio, cuando, según datos que atribuye al propio Ministerio, las entradas ilegales en Ceuta habían aumentado un 120% entre enero y junio respecto al mismo periodo del año anterior.
Gil Lázaro ha añadido que tampoco se actuó después de que, a finales de junio, se conociera una sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas por la frontera marítima. Según sus datos, el día de la entrada masiva solo había 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil destinados a cubrir el servicio fronterizo, con cinco agentes por turno en la valla. Vox acusa al Gobierno de no proteger por sí mismo la frontera española y de haber delegado esa función en Marruecos.
PP y Vox han rechazado asimismo que la resolución de la crisis pueda atribuirse a una “cooperación leal” con Rabat. Vázquez ha preguntado por qué las autoridades marroquíes no contuvieron las entradas el 30 de julio si, de acuerdo con las cifras ofrecidas por Marlaska, habían impedido el paso de más de 2.500 personas durante ese mes. Gil Lázaro ha calificado lo ocurrido de “invasión” y “acto de guerra híbrida orquestado por Marruecos”, y ha reclamado expulsiones inmediatas, la militarización permanente de la frontera, el cierre del paso fronterizo y la suspensión del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos.
