La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) restringió por diez años el acceso a la información y documentación de expedientes administrativos tramitados por su Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares. La medida, vigente hasta 2036 salvo que desaparezcan las razones que la motivaron, alcanza los procesos de concesión de áreas, las licencias operativas para servicios auxiliares marítimos y las investigaciones por infracciones administrativas. El presidente José Raúl Mulino afirmó que desconoce los motivos de la decisión y pidió a la entidad reconsiderarla.
La resolución fue firmada por Virna C. Luque, viceministra de la Presidencia y presidenta de la junta directiva de la AMP, y por Luis A. Roquebert, administrador de la entidad. Según el documento, solo las partes acreditadas dentro de cada procedimiento o las autoridades competentes podrán consultar los expedientes. La divulgación indebida de su contenido puede derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El antecedente judicial de 2025
La resolución cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 28 de agosto de 2025. En esa decisión, la Corte estableció que la información restringida debe haber sido declarada previamente y de manera específica por el funcionario custodio antes de que se presente una solicitud de acceso. Esa condición es la que permite sustentar una negativa de entrega de documentos.
El criterio judicial es relevante porque la AMP invocó la Ley de Transparencia para clasificar los expedientes. La norma obliga a las instituciones públicas a divulgar información sobre su funcionamiento y actividades, con excepciones para datos confidenciales o restringidos. A su vez, reconoce el derecho de cualquier persona a solicitar documentación y recurrir a los tribunales mediante una acción de habeas data cuando el acceso sea negado.
Marzo de 2026: la junta aprueba la restricción
Medios locales reportaron que la junta directiva de la AMP aprobó la medida el 5 de marzo de 2026. La decisión ocurrió poco después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la Ley 5 de 1997, que había permitido la prórroga automática de la concesión de Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
Tras la anulación de esa prórroga, la AMP otorgó contratos temporales de hasta 18 meses a APM Terminals Panamá, filial de Maersk, y a TIL Panamá, brazo portuario de MSC, para administrar ambos puertos mientras se prepara una licitación pública, de acuerdo con La Prensa. Esos contratos finalizan el 23 de julio de 2027. El Gobierno ha anunciado que la adjudicación formal de nuevas concesiones, con plazos de entre 25 y 30 años, se realizará antes de mediados de ese mismo año.
Contratación de asesoría y reacción presidencial
También en marzo de 2026, la AMP solicitó un presupuesto de 1,27 millones de dólares para contratar a la firma Icaza, González Ruiz y Alemán (IGRA). El encargo previsto era analizar alternativas de prórroga y brindar asesoría sobre la futura concesión portuaria. Por otro lado, APM Terminals cuenta con representación legal de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, firma fundada por Aníbal Galindo, quien tiene vínculos de asesoría con el presidente Mulino.
Ante la restricción, Mulino expresó su posición mediante su cuenta de X. “Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, escribió el mandatario. La resolución mantiene, sin embargo, la clasificación de acceso restringido para los tres tipos de expedientes señalados, por lo que las solicitudes de ciudadanos u organizaciones sobre concesiones, licencias o investigaciones portuarias podrían ser rechazadas con base en esa decisión mientras siga vigente.
La aplicación de la medida ocurre mientras se preparan los procesos para las nuevas concesiones de Balboa y Cristóbal. El artículo 10 de la Ley de Transparencia establece la obligación de publicidad en los actos públicos vinculados con contrataciones estatales. Por ello, la restricción sobre documentos relacionados con los futuros concesionarios portuarios podría entrar en contradicción con esa disposición, según la información publicada.
